En los medios empresariales vinculados a proyectos de inversión relacionados con el Estado, se está conformando un consenso, la inversión pública se está desacelerando. Puede haber una o varias razones. No obstante, lo importante es que se observa que en los organismos de ejecución de los Ministerios y en las empresas del Estado se están deteniendo las inversiones.

Tal vez la explicación se encuentre en el análisis del escenario económico que enfrentó el ex Ministro Luis Valdivieso, la crisis internacional de 2008. En ese entonces se temía que la caída del mercado internacional causara problemas inflacionarios y de balanza de pagos, por lo que el ex ministro anunció restricciones a la inversión pública, buscando "enfriar" la economía y acumular recursos fiscales para que, cuando pase el peligro de la crisis internacional, se pueda realizar un shock de inversión pública y así reactivar la economía. 

En teoría esto parece lógico, pero los resultados fueron una significativa reducción de la inversión pública, incluso cuando desapareció el peligro; y es que el ex ministro no evaluó la capacidad de respuesta del sector público para reiniciar un proceso de inversión. Los controles y los engorrosos procesos no permitieron dar respuestas tempranas, lo que complicó el crecimiento económico.

Hoy nos encontramos en un escenario parecido: una nueva crisis internacional, ahora con Europa y China como las fuentes de una posible reducción de la demanda mundial; lo que traería nuevamente presión inflacionaria y potenciales problemas de la balanza de pagos. Bajo una óptica del FMI, es en estas circunstancias que se recomendaría "enfriar" la economía inicialmente, a través de la reducción de la inversión pública, al puro estilo del ex Ministro Valdivieso, mediante reducción de programas de inversión, se revisan compromisos de inversión ya pactados, algunos anulan contratos e incluso se paraliza a las agencias de promoción de inversión. ¿Efectos de un escenario similar a la del 2008? 

Sin embargo, la estrategia de respuesta parece ser la misma por lo que no se reduce el peligro de que nuevamente el arranque de la inversión pública post-crisis se prolongue, y es que echar a andar la pesada maquinaria pública es difícil. La única alternativa visible es dedicar gran parte del presupuesto a programas de conservación, pero por sus dimensiones solamente resulta importante el programa de conservación vial, los demás sectores no tienen alternativas similares. Por lo tanto, habrá problemas en el relanzamiento de la inversión pública.

Las crisis son una oportunidad para repensar las estrategias de desarrollo del país, por lo que compartir reflexiones puede ayudar en estos momentos.

Un ciclo de proyecto toma un tiempo prolongado, desde su estructuración hasta la suscripción del contrato e inicio de la obra. Tómese en cuenta que si no se inician las obras no hay desembolsos a pesar de firmarse los contratos, entonces se puede establecer que la activación de los contratos se realice de acuerdo a límites de gasto, que con frecuencias de tiempo cortas puede manejar el MEF por cada sector. 

Es sencillo incluir una cláusula que permita al Estado tener la potestad de iniciar los desembolsos cuando las condiciones económicas así lo establezcan, si los contratistas están protegidos mediante cláusulas de ajustes por cambio de precios no tendrán problemas ante este escenario. Esto podría aplicarse tanto para la inversión pública como para las APP's cofinanciadas.

En consecuencia, no hay porqué desincentivar el inicio o el desarrollo de los procesos de adjudicación, lo que se debe regular es el inicio de los desembolsos. Esto es administrar expectativas, otorgando un mensaje claro al empresariado: "se está cuidando la posición de caja y se ejecutarán las obras una vez que se tenga la liquidez suficiente, pero no nos detengamos".

En este escenario existe una ventaja significativa de las APP's cofinanciadas frente a la inversión pública típica, esta requiere menos recursos del Tesoro Público para la misma dimensión de inversión. Claro que desde el punto fiscal las APP's autofinanciadas no solamente tienen la ventaja diferencial -frente a las anteriores- de que su ejecución no utiliza recursos del Tesoro Público, sino que generan fuentes de recursos fiscales adicionales por IGV e impuesto a la renta.

Por eso es bueno recordarles a los hacedores de política -policy makers- que existen inversiones que se pueden realizar. Por ejemplo, las empresas eléctricas del Estado pueden pagar inversiones con las tarifas; incluso la electrificación rural tiene financiamiento a través de las tarifas eléctricas pagadas por los usuarios del servicio y no por el Tesoro Público. 

En el sector de saneamiento, por otro lado, se puede solucionar el probable déficit de suministro de agua para el siguiente quinquenio con nuevas inversiones de fuentes de agua, disminuyendo el costoso sistema de bombeo. Aunque menos urgente, pero importante, tenemos la necesidad de ampliar la red de banda ancha que permita a los pobladores de menos recursos insertarse en la modernidad, esto también puede financiarse a través de esquemas tarifarios, poniendo un cargo adicional a toda la facturación de telefonía, fija y móvil. 

En el caso de EsSalud, donde es el asegurado el que sostiene el servicio, justamente puede hacer inversiones hoy y repagarlas dentro de dos o tres años, cuando no tenga el problema que irresponsablemente generó el congresista Víctor Andrés Belaunde, desafectando del aporte las gratificaciones.

El tema del repago de las inversiones en sistemas viales merece una atención especial. Nos hemos acostumbrado a que el Estado invierta en caminos a través del gobierno central, regional o municipal. Sin embargo, nada impide que -al igual que la electricidad, el agua o las telecomunicaciones- se establezca un sistema tarifario por el uso de la red nacional, regional y municipal. 

Recuerden que un usuario eléctrico paga un monto mínimo así consuma o no electricidad, sea por la instalación o el consumo. Igual ocurre en saneamiento o telecomunicaciones, en diferente proporción. Entonces, los usuarios de las vías podrían pagar un monto por capacidad y otro por uso. Este esquema podría ayudar a financiar inversiones en las redes viales incluso sin la instalación de peajes.

Los párrafos anteriores muestran que se puede tener sistemas de repago de las inversiones independiente de las fuentes del Tesoro Público y que el Estado puede utilizar estos vehículos para fomentar las inversiones. Mientras sean repagados por las tarifas o sean autosostenibles no debe ser preocupación del MEF o del SNIP, se debe dar libertad a las empresas a realizar estas inversiones. 

Lo único que deben demostrar es que se repagan independientemente de las fuentes del Tesoro Público. Sin embargo, alguien acucioso diría que las inversiones utilizarán recursos que pueden ser utilizados por el Tesoro Público, la respuesta sería que si las nuevas inversiones son autosostenibles pueden incluso financiarse con recursos de inversionistas o acreedores privados, una buena oportunidad para obtener financiamiento privado. Aquí un breve resumen de la idea:

• Si es una buena inversión, y demuestra ser rentable, podría ser financiada en forma privada a través de la emisión de instrumentos de renta fija y renta variable, para lo cual se necesita organizar el financiamiento de modo que le dé seguridad a los inversionistas y financistas. Esto es posible dejando que las inversiones se validen en el mercado y así dejaría de ser necesario que sean controladas por el SNIP.

• Una de las herramientas podría ser el potenciar la vieja idea de que las empresas públicas emitan acciones para financiar inversiones al interior de la empresa, que si son rentables se puede establecer un esquema atractivo para los inversionistas, pero tomando en cuenta que no sería conveniente que ingrese a una caja única, así no habrá posibilidades de encontrarle potencial a este sistema de financiamiento.

Pero si de todas maneras, se toma la decisión de potenciar las inversiones de las empresas públicas como mecanismo para incrementar la inversión, sin que se presionen los recursos del Tesoro Público para evitar el temido déficit fiscal, esta podría resultar un peligro, debido al impacto en el calentamiento de la economía por sus efectos en la demanda. 

Entonces, también se puede ir regulando la ejecución de estas, así se estará listo para iniciar el proceso de recuperación. Sin embargo, cabe resaltar que somos de la opinión que, en este caso, se debe utilizar prioritariamente herramientas monetarias para frenar el exceso de inversiones que impliquen presiones inflacionarias.

Esquema como los mostrados podrían permitir a los actores mostrar la voluntad de promover las inversiones, sin perjudicar las expectativas de desarrollo y crecimiento que tanto ha costado formar. Así se puede salir del actual proceso de desorientación y evitar que el sector privado reduzca sus expectativas de desarrollo empresarial y empiece a paralizar sus inversiones.