Al no entrar en operaciones de fideicomiso, el sector público pierde muchas oportunidades y ventajas. Porque si usara este mecanismo podría acceder a menores tasas de financiamiento y mayores plazos, adicionalmente, contaría con el respaldo adecuado para la construcción de grandes obras cuya ejecución requiere períodos largos.

Sobre esto último debemos decir que los gobiernos regionales y locales actualmente no cuentan con financiamiento de las entidades del sector financiero privado para proyectos cuya ejecución vaya más allá de los períodos políticos de gobernadores y alcaldes. Es decir, si a una gestión le quedan tres años de gobierno la financian por ese período, no más.

Pero hay obras de tales dimensiones que si entran a un financiamiento por tres años resultan inviables. Se necesitan financiar a mayor tiempo. Y probablemente para obtener este financiamiento a mayor tiempo, de mediano y largo plazo, el sector privado está dispuesto a financiarlo siempre que se utilice el fideicomiso como herramienta que mejore los riegos de financiar al sector público.

Los gobiernos locales pueden tener fideicomisos con recaudación del impuesto predial o recaudación de los por arbitrios. Y en el caso de los gobiernos regionales podríamos hablar de otras asignaciones que vienen del gobierno central como el Canon Minero. Pero esto no ocurre y en consecuencia no se están haciendo muchas obras de mediano y largo plazo que muy bien podrían acceder al financiamiento recurriendo al fideicomiso.

Y esto sucede porque los funcionarios del sector público suelen hacer lo que les está expresamente permitido, mientras que el sector privado hace aquello que no le es prohibido. Y en ninguna parte el fideicomiso es una herramienta que esté expresamente permitida al sector público. Ante este vacío legal, cuando un banco o un fiduciario le dice al funcionario público que la mejor opción es el fideicomiso la respuesta es que no está autorizado para operar con esa herramienta.

Los gobiernos regionales y locales actualmente no cuentan con financiamiento de las entidades del sector financiero privado para proyectos cuya ejecución vaya más allá de los períodos políticos de gobernadores y alcaldes.

Hay que hacer un ajuste a algunas normas para que el fideicomiso pueda ser utilizado como una herramienta de mediano y largo plazo que mejore las condiciones de financiamiento del sector público y que les permita a los funcionarios que puedan utilizar un fideicomiso.

El hecho que, a manera de excepciones que confirman la regla, algunas entidades públicas puedan realizar fideicomisos vía autorizaciones legales expresas hace precisamente que el resto no lo haga porque sus funcionarios perciben que deberán hacer trámites adicionales a los ya engorrosos procedimientos para la ejecución de las obras públicas.

La consecuencia de esto es que los organismos de gobierno subnacionales pierden la oportunidad de realizar obras de mayor envergadura cuya ejecución toma varios años y trascienda los mandatos legales. Esto debe cambiar, para así contribuir al desarrollo del país y que miles de millones de soles no se queden paralizados ni sean devueltos al Tesoro Público por la no ejecución de obras públicas.

¿Considera usted que el Estado debe tomar medidas para hacer que el fidecomiso sea expresamente un tipo de operación financiera de mayor uso en sus contratos?