Las cifras oficiales del Gobierno indican que en Lima se han perdido 2 300 000 empleos, como consecuencia de la pandemia por la COVID-19. Para revertir esta situación, el Gobierno ha tomado la decisión de inyectar dinero a la economía y generar empleo mediante el desarrollo de obras públicas. Sin embargo, cabe preguntarse si las medidas para lograr este objetivo tendrán los resultados proyectados.  

Sectores clave

El desarrollo de obras públicas es un generador importante de puestos de trabajo. En ese sentido, el Gobierno inyectará alrededor de 5500 millones de soles, de julio a diciembre, entre los ministerios de Transporte (4000 millones de soles), Vivienda (535 millones de soles), Agricultura (373 millones de soles) y Trabajo (700 millones de soles). 

En Transporte, se dará mantenimiento a 50 000 kilómetros de vías locales, mediante la transferencia de recursos a las municipalidades. En Vivienda, se busca construir un total de 80 000 viviendas de interés social por año, es decir, 20 000 más que lo habitual. En Agricultura, se dará mantenimiento a canales y pequeñas obras locales de irrigación. En Trabajo, se destinará a determinados programas manejados por el ministerio. 

Problemática nacional

Los problemas de corrupción en el desarrollo de obras públicas fueron recurrentes durante los últimos años. Cabe recordar que, durante el último fenómeno de El Niño, el Gobierno nacional creó la Autoridad Nacional para la Reconstrucción (ANR) y se rehusó a transferir recursos a los Gobiernos locales, indicando que además de no tener capacidad de generar expedientes técnicos, ni elaborar buenas bases para la licitación de los proyectos, el dinero se perdería en corrupción.

Hoy, parece que el Gobierno da un paso atrás y ha decidido entregar el dinero a los Gobiernos locales, al menos en el caso del sector transporte. Se estima que transferirá recursos con un valor de 3800 millones de dólares. No se tiene muy claro si tomó esta decisión porque considera que, esta vez, los Gobiernos locales están capacitados para sacar adelante un proyecto o porque ha mejorado la capacidad de fiscalización de los diferentes entes de control. 

Lo cierto es que, en medio de la cuarentena, tenemos grandes razones para desconfiar de los Gobiernos locales. Solo nos basta observar cómo la Contraloría y la Fiscalía los allanan todos los días por un mal uso de fondos para las canastas. En este escenario, ¿qué solución puede existir? 

Distribución eficiente

Una alternativa eficaz para la distribución del dinero en obras públicas puede ser la adaptación del modelo colombiano, donde el dinero del Estado es administrado mediante fideicomisos. El funcionario público realiza una licitación para la entidad que realizará la obra y otra para seleccionar al fiduciario que recibirá los recursos directamente desde el Gobierno. 

El fiduciario, con ayuda de un supervisor, verifica que el dinero se destine solo a la obra. No se entregan recursos a funcionarios públicos, porque se es consciente de la corrupción en su gestión, la cual deriva en obras inconclusas o mal ejecutadas. Bajo nuestro sistema actual, en muchos casos la obra es construida por la institución que ofreció la coima más grande al funcionario, aunque no tenga los recursos suficientes para su desarrollo. 

Retos pendientes

La adaptación del modelo colombiano nos enfrentará a dos problemas muy graves. El primero, y el más conocido, es la corrupción imperante en el sector público. El segundo es que las empresas locales consigan todas las garantías para que se les otorgue la obra pública y sus desembolsos respectivos. 

Si una empresa gana una licitación pública, debe entregar, al menos, una carta fianza de fiel cumplimiento de la obra. También puede entregar una fianza de adelanto directo y otra de adelanto de materiales. Así, recibirá el dinero del sector público para hacer la obra reduciendo significativamente la necesidad de recursos propios. Sin embargo, ¿quién sería capaz de otorgar fianza a una empresa local en medio de la situación crítica que atraviesa el país? 

Una buena medida consistiría en transferir recursos a fideicomisos y que los fiduciarios verifiquen su uso en la obra. Así, se evita la coima al funcionario público porque él ya no tendría el dinero con el que se pagará a la empresa. Eso mismo ocurre en Colombia, donde existe mucho fideicomiso público. 

La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado permite transferir recursos a fiduciarios, pero solo para sustituir la carta fianza de adelanto directo. En ese sentido, aún tenemos el problema de que las constructoras pequeñas realmente sean capaces de acceder a cartas fianza de fiel cumplimiento. 

Para que las municipalidades pequeñas contraten sin corrupción, debemos encontrar empresas que califiquen a la emisión de cartas fianzas. El siguiente paso es asegurar que la asignación de recursos se mantenga alejada de un esquema corrupto. Para acceder a cartas fianzas, se necesitarán fideicomisos. 

En 2019, el 38 % de la demanda de fideicomisos en el Perú fue para acceder a fianzas para obras públicas, fideicomisos solicitados por entes privados (normalmente el emisor de la carta fianza). El problema de la corrupción podría disminuir si las empresas que accedieron a una fianza constituyen fideicomisos y evitan más coimas de funcionarios públicos. ¿Qué otras medidas hacen falta? Déjanos tu opinión.