Un Estado que se respete debe suponer una gestión eficiente y rápida de los recursos públicos en diálogo con la población. Y para afrontar y resolver los conflictos sociales propongo tres medidas. 

• El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe designar en cada región del Perú un delegado que se ocupe de conocer la realidad local, promueva buenos proyectos de inversión y vea cómo se mejora la formalidad y la recaudación fiscal. 

• Fortalecer la Carrera Pública Competitiva, con un servicio civil de calidad al que se ingrese por concurso público y que sea conocedora de la realidad nacional y sensible a los problemas de la gente. Cada nuevo funcionario debe pasar algunos años en provincias antes de volver a Lima o ser reubicado a otra ciudad.

• Repensar el sistema de distribución de la riqueza proveniente de la minería y el petróleo. Una parte del canon debería beneficiar directamente a la población, como ocurre en algunas partes del mundo, como Alaska y otros lugares. Si no hay inclusión económica no habrá inclusión social.

En forma complementaria y transversal a estas tres propuestas se debe considerar la necesidad de una adecuada política de comunicación hacia las regiones. El Estado y el gobierno deben escuchar a la gente que está genuinamente preocupada por temas ambientales. Es necesario explicar las cosas y poco a poco los conflictos sociales pueden ir menguando.

Otra labor complementaria es la necesidad de prevenir los conflictos. Durante el gobierno anterior se actuó dejando que estalle el conflicto, y recién intervenían como bomberos ante los incendios. No había una labor preventiva. También creo que la inteligencia policial y militar se ha deteriorado en la última década y hay que repotenciarla. Hay que disciplinar a quienes promueven los conflictos y violan la ley, especialmente quienes lo hacen usando fondos públicos. 

Hay que acabar con la mentira. Por ejemplo, en el caso de Espinar, las autoridades locales no ejecutaron el proyecto de agua potable que estaba listo y le hicieron creer a la gente que no se puede hacer el proyecto porque el agua se va hacia Arequipa.

Y esa ha sido la base del conflicto entre Cusco y Arequipa, por las aguas que en su mayor parte van al río Apurímac y que terminan en el Atlántico mientras solo una parte pequeña va al río Colca y al río Camaná. La protesta social generó incluso la detención del alcalde provincial, pero está claro que el conflicto no ha culminado y hay una larga historia aún por escribir. 

¿Qué otras medidas propondría usted para disminuir la conflictividad social en el Perú?