En la actualidad, el desarrollo del proyecto Conga se ha convertido en el símbolo de lo que sucedería en el futuro, el resultado no solo afectaría a Cajamarca sino también el progreso de los proyectos mineros en general y consecuentemente la percepción que cada día emerge más en nuestro país, la inestabilidad social está afectando la estabilidad legal. Esto nos obliga a realizar propuestas que contribuyan a destrabar el actual enredo de percepciones: falta de credibilidad y diálogo.
Hoy se tienen dos posiciones marcadas y sin posibilidad de obtener acuerdos. La afectación del agua es lo más resaltante y es en este aspecto que radica la propuesta. Por un lado, la minera Yanacocha asegura que no afectará la disponibilidad ni la calidad del agua; y por el otro, el gobierno regional y los otros actores sociales afirman y señalan antecedentes reales en este sentido, que le dan sustento a su oposición, claro que sin señalar que los tiempos y los estándares son completamente distintos.
Si las negociaciones se sustentan en función a las posiciones de las partes será muy difícil encontrar una solución, menos si estas se fundamentan únicamente en percepciones cortoplacistas. El mensaje debería enfocarse en soluciones para las autoridades nacionales, regionales y locales.
Primero, si el problema es el agua y existe una falta de credibilidad respecto a que el nuevo proyecto pueda mantener el flujo hídrico actual en la zona de influencia, entonces una alternativa de solución sería el desarrollo de proyectos de represamiento y conducción de agua para no solamente compensar un daño potencial, sino que incluso la disponibilidad y calidad del agua mejore.
Por ejemplo, se podría desarrollar un proyecto largamente esperado por Cajamarca: la represa del río Chonta, importante fuente para solucionar el problema del agua potable en Cajamarca, mediante la construcción de obras hidráulicas para satisfacer las demandas de agua para uso doméstico, agrícola, industrial, hidro-energético, piscícola y turismo.
Y nos detenemos aquí para mencionar brevemente los beneficios de este gran proyecto en el río Chonta: agua potable para Cajamarca al año 2036, riego regulado para 6,530 ha (áreas mejoradas 4,151 has y nuevas áreas bajo riego 2,379 has) que benefician a los usuarios de varios distritos de Cajamarca, energía eléctrica para abastecimiento del sector urbano y rural de la provincia de Cajamarca, incremento de la producción piscícola, fomento del turismo y recreación, aumento de la producción agropecuaria, entre otros beneficios1.
Tal vez aquí se forma el punto de encuentro de los actores, el llevar adelante el proyecto Conga o Michiquillay pueden ayudar a financiar las obras de represamiento y conducción de las aguas del río Chonta, complementado, por cierto, con otras obras que tengan como propósito incrementar la disponibilidad actual del recurso hídrico en Cajamarca.
Si se realiza el proyecto Conga o Michiquillay -claro está con los estándares sociales y ambientales acordes con la legislación local e internacional- se generaría un flujo de recursos de impuestos donde se obtienen varios beneficiados. Las primeras directamente beneficiadas serían las poblaciones, las municipalidades de Cajamarca y el gobierno regional gracias al canon.
En segundo lugar, la empresa obtendría utilidades derivadas del proyecto y también el Tesoro Público tendría un importante flujo de impuestos derivados de la ejecución de estos proyectos mineros. Entonces, si existen tantos beneficios y beneficiarios, ¿por qué las autoridades de la región en general y parte de la población no apoyan dichos proyectos?
Tal vez la respuesta menos atrevida sería porque perciben el peligro ambiental y responsablemente defienden el interés común, pero quizás otra razón mucho más acertada es que en el momento las autoridades de turno no sienten que el proyecto les vaya a dejar ningún beneficio económico durante su gestión, por el contrario, serán los del siguiente gobierno.
Debemos tomar en cuenta que sólo autoridades con visión de desarrollo se comprometerían a solucionar el conflicto, buscando que se realice el proyecto con los requisitos ambientales, aún a costa de un desgaste político. Lamentablemente, esas personalidades son muy escasas en el Perú. Entonces deberíamos traer los beneficios sociales futuros de los proyectos mineros al presente. Si se utilizan los flujos futuros del canon de los proyecto Conga y Michiquillay es posible hacer realidad la represa del río Chonta, entre otros proyectos.
Si se tiene el beneficio de contar con tan importante proyecto para Cajamarca en el mismo tiempo que se desarrollan los proyectos mineros, podemos generar intereses comunes que confluyan, así las autoridades y la población verán un importante beneficio hoy con los recursos del proyecto. Noten que las autoridades y la población no se oponen a las minas en operación, sino a las que están en desarrollo, y es que entienden que si se cierran se quedarán sin importantes recursos.
Este esfuerzo debe ser producto de la colaboración del Estado, la región, las municipalidades y las empresas mineras. La región y municipalidades comprometiendo su canon futuro -o parte de este-, las empresas mineras estableciendo un aporte adicional a lo legalmente establecido; y el Estado garantizando que el esquema de usos futuros del canon sea posible, para lo cual debe legislar y comprometer al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para lograr este objetivo.
Este esquema podría comprometer a todos los actores políticos, empresariales y la población en la ejecución del proyecto, por cierto, dentro de los parámetros de equilibrio socio ambiental. Finalmente, la pregunta sería, ¿por qué no conciliar sobre proyectos que pueden generar tanto bienestar humano, económico y de contribución al medio ambiente?
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1 Proyecto de regulación de las aguas de la cuenca del río cajamarquino mediante la presa chonta - Ing. Pablo Sánchez Zevallos, Presidente de Aspaderuc - Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Ph. D. en Ciencias de la Administración por ESADE. Ha sido Viceministro de Transportes, Presidente de los Comités Especiales de Promoción de la Inversión Privada de Infraestructura y Servicios Públicos (CEPRIS).
El Balance General, o estado de situación financiera, muestra, a una fecha determinada, el nivel de inversiones realizadas por una empresa y la forma en que estas han sido financiadas.
La tasa interna de retorno (TIR) es un indicador fundamental para evaluar la rentabilidad de las inversiones realizadas por empresas o accionistas, ya que proporciona el porcentaje de ganancias o pérdidas que genera la inversión en relación con la cantidad invertida.
El valor actual neto permite evaluar las inversiones actuales o potenciales, ya que proporciona una estimación del valor agregado que una inversión puede generar.