El problema minero requiere un tratamiento más profundo para encontrar una solución que beneficie a todos. Además del diálogo, se necesita formar ciudadanía e informar sobre las funciones que deben cumplir cada uno de los actores involucrado. El proceso de diálogo debe ser encaminado por los tres actores principales que participan en el conflicto: el Estado, la empresa privada y los pobladores que viven en los alrededores de la operación minera. 

¿Cómo se origina este problema?

El sector minero se desarrolla, con frecuencia, en zonas por encima de los 4000 msnm que carecen de educación, salud, alimentación e infraestructura básica. Las instituciones estatales, principales responsables de remediar estas necesidades y velar por la calidad de vida de las poblaciones, tienen poca o nula presencia en estos lugares. Ante la falta de apoyo, las comunidades acuden a las empresas que tienen al lado para exigirles todo aquello que el Estado es incapaz de proveerles. 

Esta interpretación equivocada de roles y obligaciones es el germen de muchos conflictos que apreciamos a diario. La comunidad asume que el principal responsable de velar por su bienestar es la empresa privada, ya que suele llevarse los recursos que le pertenecen. La visión paternalista también es compartida por muchas empresas que caen en este juego de roles equivocados y se creen con derecho a determinar qué es lo mejor para las comunidades. Lo hacen obligadas por las circunstancias de cercanía, por presión o por mantener relaciones armoniosas.

La comunidad asume que el principal responsable de velar por su bienestar es la empresa privada, ya que suele llevarse los recursos que le pertenecen.

La realidad es que muchos conflictos se originan porque la empresa no procura lo que la población le solicita. Esas exigencias pueden ir desde la construcción de los clásicos coliseos de toros o las canchitas de fútbol hasta los locales comunales de tres pisos. Todas son obras de cemento que aportan poco al real desarrollo humano. En este análisis hay que añadir la incapacidad de los Gobiernos regionales, provinciales y distritales por invertir, de manera adecuada, los recursos que reciben por el canon minero. 

¿Cuál es la solución?

Todo lo anterior es producto de la ausencia de ciudadanía. Las poblaciones desconocen sus deberes y derechos reales frente al Estado y a la empresa privada, porque se han trastocado en el camino. Sin duda, tienen derecho a una calidad de vida, al bienestar y al apoyo del Estado. Del mismo modo, deben conocer cuáles son sus deberes y responsabilidades frente al Estado y a la empresa privada que llega a sus tierras. Ellos, previamente, han recibido la concesión para explorar y explotar los recursos. 

El responsable de crear ciudadanía es el Estado, no la empresa privada. Es obligación de sus representantes explicar a los pobladores sobre asuntos tan delicados como propiedad de las tierras, impactos en el medio ambiente, beneficios de la explotación y empleo local, entre otros. A su vez, deben reforzar el derecho a vivir, de manera pacífica, en terrenos que les pertenece, aun cuando sus zonas podrían ser alteradas por factores externos, como una inversión privada, que deberían beneficiarlos si se ejecuta de una manera social y ambientalmente responsable. 

El Estado tiene que garantizar a la comunidad que estará siempre de su lado y que supervisará que la empresa cumpla con las responsabilidades que ha asumido. Sin embargo, esta ausencia de ciudadanía y la falta de comunicación apropiada entre los tres actores, todavía deja espacio a muchos líderes políticos locales que, en lugar de aportar soluciones, mantienen a nuestros pueblos sumergidos en la ignorancia. ¿Qué estrategias sigue tu organización para mantener las buenas relaciones con las comunidades en sus zonas de impacto?