Hace dos décadas se gestionó la primera obra por asociación público-privada (APP) en el Perú. Con una longitud aproximada de 600 kilómetros, la línea de transmisión Mantaro-Socabaya unió las regiones de Huancavelica y Arequipa, y permitió que la energía generada en el centro sea transferida hacia el sur del país. Así, atendieron el crecimiento de la demanda de la zona con un mejor nivel de confiabilidad del suministro de energía. Aquel primer éxito permitió que el esquema se reaplicara en otros sectores, como telecomunicaciones, transporte, energía y salud. 

¿Por qué apostar por una APP? 

Existen dos alternativas para financiar y desarrollar infraestructura y servicios públicos, la Obra Pública tradicional (regulada por la Ley de Contrataciones del Estado) y el Servicio Público (desarrollado a través de un contrato de APP). Asimismo, se tienen diversas razones para promover APPs, entre económicas, institucionales y de organización social.  Siendo la razón principal la reforma del Estado, que asume paulatinamente un papel de director, de coordinador y de planificador del desarrollo y competitividad del país, dejando a los operadores privados la responsabilidad de administrar la infraestructura y los servicios públicos. 

El fomento de las APP busca reducir la brecha en infraestructura de servicios públicos y sentar las bases para el crecimiento económico.

Es posible desarrollar infraestructura y servicios públicos en todos los sectores donde interviene el Estado, en los clásicos sectores como Transporte, Energía, Telecomunicaciones y Agua y Saneamiento; pero también en sectores sociales como Educación, Salud, Cultura, Ambiente, Bosques, Centros Administrativos, entre otros.

La presencia del sector privado en este esquema es importante, pues muchas veces los recursos públicos no son suficientes para desarrollar inversiones de gran envergadura o que, en conjunto, representen un uso importante de recursos. Es así, que el Estado busca el apoyo del sector privado para estructurar un proyecto que utilice un menor presupuesto. 

Principales objetivos de una APP

Con el fomento de esta modalidad se busca:

1. Reducir la brecha existente en infraestructura de servicios públicos que permita, entre otros beneficios, sentar las bases para el crecimiento económico.

2. Contar con nuevos medios para financiar las inversiones en infraestructura, trasladando así la obligación de gestionar el financiamiento al sector privado y reduciendo -parcial o totalmente- la presión fiscal del Estado.

3. Mejorar la calidad y eficiencia del servicio provisto, mediante la intervención de un operador privado con mayor experiencia en la construcción y operación de dicho servicio. 

¿Quiénes participan en estas obras?

Los principales actores en el desarrollo de una APP son: 

1. El Gobierno central, regional y local. Identifican los proyectos de infraestructura.
2. ProInversión. Lleva a cabo los procesos de promoción de proyectos de inversión.
3. Organismos reguladores. Brindan su opinión sobre contratos de concesión, referidos a tarifas, acceso y calidad de servicio.
4. Ministerio de Economía y Finanzas. Evalúa la versión final de los contratos, en relación con la capacidad presupuestal, responsabilidad fiscal, garantías, asignación de riesgos, entre otros asuntos. 

Beneficios importantes

El desarrollo de una APP posee algunas ventajas respecto a las obras realizadas mediante la Ley de Contrataciones del Estado: 

1. Enfoque a la calidad del servicio. Las APP permiten el desarrollo de infraestructura y regulan la calidad de la provisión del servicio público durante el periodo que dure el contrato.
2. Mejora la competitividad. Permite tener una infraestructura de calidad en el tiempo. Evita que se realicen rehabilitaciones sucesivas y el deterioro por falta de mantenimiento,
3. Optimiza el uso de recursos fiscales. Las APP autosostenibles generan recursos fiscales. Las APP cofinanciadas establecen un mejor balance fiscal porque recaudan impuestos y financian parcialmente las obras.
4. Se distribuyen los riesgos en favor del Estado. La obra pública tradicional implica que el Estado asuma todos los riesgos. En las APP, la mayoría de riesgos son asumidos por los operadores privados.
5. Permite la reforma institucional del Estado. Las APP promueven el desarrollo de instituciones reguladoras y supervisoras del servicio público. Así, se regula la calidad y el cumplimiento de los índices de servicio.
6. Potencia el desarrollo de los sectores productivos. Mejora las carreteras, los puertos, los aeropuertos, la energía, las telecomunicaciones, el agua y saneamiento, las escuelas y los hospitales. 

¿Qué otros beneficios generan el desarrollo de obras mediante APP? Cuéntanos tu opinión.