Ha transcurrido un año desde la negligencia ambiental más grande ocurrida en el litoral peruano, cuando un equivalente a 11 000 barriles de petróleo a cargo de la empresa española Repsol fueron vertidos en aguas de la costa central de nuestro país. Las consecuencias han sido desastrosas: dos áreas naturales protegidas afectadas, 48 playas contaminadas y, por lo menos, cerca de 2500 familias de pescadores afectadas de manera directa. Esta situación, posteriormente, generó diversas protestas y que también se tradujo en la imposición de una serie de multas a la compañía comercializadora de hidrocarburos por parte de organismos del Estado peruano.

¿Impugnación percibida como impunidad?

Es importante mencionar que, desde un punto de vista judicial, en un Estado de derecho, toda empresa puede impugnar, presentar argumentos jurídicos y usar las herramientas que le permita la ley a fin de sustentar una posición que considera injusta o sin fundamentos y que van en contra de sus intereses. No obstante, desde una óptica societal, independientemente de si Repsol emplea mecanismos legales para probar su inocencia, lo que es irrefutable es que su imagen ha sufrido un daño -por así decirlo- de efecto "rebote" tras un año del desastre y donde persiste el sentimiento de inacción palpable en la sociedad.

La empresa empezó a ver mellada su reputación cuando apostó por una comunicación inicial en la que parecía desligarse por completo del asunto, argumentando que se trataba de un problema externo. Claramente sus protocolos de manejo de crisis no fueron los adecuados. Como resultado, para gran parte de los ciudadanos de a pie, Repsol buscó deslindarse de la responsabilidad del desastre al echarle la culpa a terceros. Sin embargo, si tomamos en cuenta lo fáctico, es decir, los 11 000 barriles derramados, el área de impacto y el número de pescadores afectados, el impacto ambiental y social fue muy vívido y tangible para la población.

De responsabilidades y formas

El propósito organizacional de Repsol es la comercialización de combustibles. Dicho de otra forma, cuando se traslada crudo de un punto a otro, el producto es para la empresa que lo está adquiriendo, es decir, para el destinatario que lo va a refinar, almacenar, distribuir y vender. Sin embargo, para los afectados y los medios de comunicación en general (ver reportajes), el mal manejo del crudo fue responsabilidad directa, exclusiva e inexcusable por parte de Repsol, más allá de lo que ésta pueda argumentar mediante tecnicismos jurídicos e impugnaciones.

Frente a este tipo de coyunturas críticas, se espera que las áreas de Asuntos Públicos, Asuntos Corporativos, Desarrollo Sostenible y Comunicaciones de cualquier empresa trabajen coordinadamente con miras a restaurar la imagen de la empresa ante una sociedad que la cuestiona. No obstante, reiteramos que, al cumplirse un año de la catástrofe ambiental, las críticas se han reavivado cual gasolina al fuego.

Acciones, comunicaciones y cuestionamientos

Al ingresar a la página web de Repsol, encontramos interesante data cuantitativa e indicadores de gestión referidos al estatus de remediación y acciones implementadas para mitigar el problema ocasionado., El problema es que no existe certeza de qué playas ya son aptas para el acceso del público y cuales no, especialmente en esta época de verano en la cual los hijos están de vacaciones y muchas familias quieren salir a relajarse. Asimismo, cabe mencionar que el propio Ministerio del Ambiente (Minam) ha señalado que algunos de los datos publicados por Repsol son incorrectos o inexactos. Todo ello ciertamente origina que la compañía sea percibida como responsable directa pese a sus esfuerzos por mejorar la comunicación de sus acciones.

Por otro lado, debemos tomar en cuenta la complicada situación que atraviesan los pescadores de la zona que han sido afectados. Como compensación, Repsol optó por entregarles un monto equivalente a S/. 3000 soles cada 45 días según refieren diversos medios de comunicación y los propios pobladores. Empero, si consideramos el enorme daño generado a lo largo de la cadena de valor del sector gastronómico, dicha cantidad puede ser considerada como insuficiente y puede que ello también repercuta en la imagen de sostenibilidad de Repsol.

Otro punto que es válido resaltar es que previo al desastre, Repsol era valorada y rankeada como una de las empresas más sostenibles y socialmente responsables. No obstante, con el derrame de petróleo las organizaciones certificadoras optaron por deslindarse de la marca y retirarle los reconocimientos otorgados.

La ruta hacia la recuperación de la confianza

Es de esperar que una mala reputación acarree o debiera generar un rechazo por parte del consumidor y del Gobierno. Sin embargo, la situación de Repsol es más compleja porque hay una dependencia de los combustibles que la empresa procesa en la refinería La Pampilla y que luego son comercializados en sus múltiples fórmulas. Y aquí el mensaje a la sociedad es que Repsol seguirá registrando beneficios económicos pese a su pasivo ambiental y a la falta de solución definitiva del mismo.

Ante una situación de crisis similar, toda empresa debe apostar por una comunicación fluida, constante y con data concreta para que la población se entere con rapidez de las medidas correctivas que se hayan dispuesto. Es necesario afirmar que es fácil ser generales después de las batallas. Sin embargo, lo criticable es que no basta con publicar datos estadísticos en las webs oficiales, ya que muchas personas no suelen o no pueden acceder a estas fuentes para informarse con lo cual la imagen de Repsol queda a merced de lo que los medios de comunicación decidan informar. En simple, todas las medidas deben apuntar a la ejecución de medidas específicas de prevención futura. De igual modo, las sanciones deben hacerse efectivas y públicas toda vez que se halle responsabilidad directa por parte de una empresa

La confianza del ciudadano y del consumidor se forja a través de acciones medibles y puntuales. Por ello reiteramos que, al impugnar la multa, Repsol ha dado a entender que intenta evadir sus responsabilidades y ese es el mensaje que cala a nivel societal. No obstante, a pesar de la caída inicial de sus acciones, esta situación no le supondrá mayores perjuicios económicos a largo plazo, ya que la población seguirá comprando combustible proveniente de La Pampilla.

Por su parte, el Estado peruano ha sido cuestionado por mostrar una actitud más bien condescendiente y pasiva. Imaginemos que una empresa peruana hubiera derramado crudo en las costas de Barcelona. Es más que seguro que el Gobierno español habría tomado medidas muy severas como, por ejemplo, suspender la licencia para operar de la empresa, aplicarle millonarias multas o hasta expulsarla del país de determinarse la responsabilidad directa en el caso de un gran daño ecológico. Cabe precisar que ante este tipo de situaciones se deben despolitizar las reacciones pues son los elementos de carácter técnico y jurídico los que finalmente sean determinantes. Pero es durante todo ese proceso que la reputación y legitimidad de una compañía se ven afectadas.

*Sandor Lukacs de Pereny es docente de los Programas en Sostenibilidad de ESAN

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