Al analizar la política tributaria es necesario separar dos cosas: la legislación por un lado y el comportamiento de la administración tributaria por el otro. Sobre lo primero, podemos observar que a mediados del año pasado se promulgó una serie de normas que delegaron facultades importantes a la Sunat, las cuales modificaron nuestro sistema tributario en gran medida.

Por ejemplo, una norma que ha dado mucho que hablar -y seguramente lo seguirá haciendo en los próximos años- es la norma antielusión, la cual le abrió las puertas a la administración tributaria para gravar cosas que la ley expresamente no grava.

Otras controvertidas normas son aquellas que le permiten a la Sunat obrar más allá de lo sensato en el tema de detracciones, ejecutar cobranzas coactivas a pesar de que las deudas estén en litigios, entre otras.

Aparte de ello, y por si fuera poco, la legislación ha recortado una serie de beneficios completamente coherentes que tenía el sistema tributario. Todo lo mencionado anteriormente nos permite concluir que durante el 2012, en el tema de la legislación tributaria, la normatividad se ha endurecido y las reglas de juego se presentan mucho más duras para el contribuyente formal.

Por el lado del comportamiento de la administración tributaria, hemos visto que ha sido influida por las grandes presiones que significan las metas de cumplimiento fiscal. El año pasado empezamos con una presión tributaria de 15.2% del PBI y las metas fiscales plantearon llegar a 18%, fijando un objetivo por demás ambicioso.

La pregunta es: ¿qué hizo la administración tributaria para intentar cumplir con dicha meta, sobre todo en un país como el nuestro, donde encontramos una informalidad masificada, tanto en la capital como en provincias, en algunas de las cuales se llega hasta a niveles de informalidad del 90%? Pues bien, lo que hizo la Sunat en la práctica fue lanzarse contra las empresas grandes y formales, lo que al final de cuentas está generando en nuestro país una formalidad aún más cara y una informalidad todavía más grande y rentable.

En definitiva, el comportamiento de la administración tributaria está profundizando la línea que existe entre la formalidad e informalidad. Lo que parece no entender el gobierno en su integridad es que al mostrar tal enorme debilidad frente a la informalidad en sus distintas manifestaciones, no solo está dejando de recaudar tributos, además de permitir y generar una competencia desleal, sino que finalmente fomenta el crecimiento de la delincuencia, que al encontrarse con movimientos de dinero en efectivo tan grandes, se hace rentable, y por lo tanto, próspera.

Finalmente, resulta previsible a estas alturas que para el logro de las metas fiscales (que van a ser muy difíciles de lograr) se tenga que incrementar la presión sobre los grupos formales o de menor riesgo para el actuar de la administración tributaria; es decir, que se enarbole la bandera de que el fin justifica los medios. Y por el lado de los contribuyentes se prevé que, debido a la enorme presión que reciben, recurran a mecanismos legales de defensa mucho más severos que los hasta ahora vistos.

En su opinión, ¿qué otras consecuencias podría traer este accionar de la Sunat?

Esta entrada contiene un artículo de:

Jorge Picón Gonzáles

Abogado - Universidad de Lima. Magíster en Administración - ESAN. Doctorado en Derecho Empresarial - Universidad de Sevilla. Socio de Picon & Asociados, Asesores Tributarios. Se ha desempeñado como Intendente Nacional Jurídico y Gerente de Procedimientos Tributarios en la SUNAT. 

Profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN