Resulta obvio que existe una economía informal, no bancarizada, que moviliza grandes cantidades de dinero (es importante entender que no estamos ante economía de supervivencia, sino negocios quizás más grandes y rentables que los formales), principalmente para no pagar impuestos, que tiene un origen absolutamente diseminado, ya sea de la minería informal, agricultura, sector servicios, contrabando o comercio minorista, y por supuesto también actividades ilícitas como la piratería, el contrabando, la delincuencia y el tráfico de drogas.

Mientras la informalidad campea en todos lados, no podemos decir que la Sunat esté enfilando sus baterías para atacar este problema. Por el contrario, lo que se está haciendo es intentar subir la recaudación tributaria sin atacar la informalidad. Basta con observar que a unas cuadras de su propia sede se encuentran ubicados Polvos Azules (que según algunas publicaciones es el centro comercial más rentable del Perú por metro cuadrado), las galerías de Wilson que venden software pirata por decenas de millones al año y los centros comerciales de la Avenida Grau. A pesar de ello, a estos lugares no se les toca por el miedo de que se produzcan sucesos como los ocurridos en La Parada.

El asunto es sumamente complicado y supondría que el ente recaudador tenga que ingresar a zonas de minería informal, atacar la culebra de Puno y entrar a centros de informalidad con el apoyo quizás del Ejército o por lo menos de una unidad muy especial y organizada de la Policía, lo cual traería batallas campales como las que se dieron en los años 90. Aparentemente, el ente recaudador ha renunciado a realizar este tipo de operativos porque los costos operativos, personales y sobre todo "políticos" serían muy altos.

El objetivo meramente recaudatorio (con la bandera que el fin justifica los medios) planteado por el gobierno y ejecutado por la Sunat está profundizando la línea que existe entre formalidad y informalidad, pues el claro mensaje es: el formal que tiene éxito y es visible será controlado y revisado, muchas veces de manera nada técnica y con una visión meramente recaudatoria; y, por su lado, el informal evasor parece tener una menor percepción de riesgo por parte de la administración tributaria. No hay duda que estamos en un mundo que está funcionando al revés.

Quiero ser muy claro en el objetivo de este documento, desde ningún punto de vista el mensaje debe ser entendido como: "dejen tranquilos a los formales". Eso sería absurdo pues no hay duda que los requerimientos de infraestructura, educación, salud pública y en general todo lo que sea inversión pública, depende de la recaudación, y para ser un mejor país, se debe mejorar ésta. Pero, lamentablemente resulta obvio que el gobierno no quiere un "Conga" o una "Parada" tributaria, por lo cual ni ha tocado estos focos de evasión, tan obvios y tan grandes, ni parece tener la intención de hacerlo.

En esa lógica, la desesperación por cumplir las metas de recaudación -que resulta obvio que no van a llegar a ser cumplidas- se han dado medidas tanto normativas (detracciones, percepciones, retenciones, grandes compradores, entre otros) como operativas (fiscalizaciones con poco criterio técnico, embargos preventivos, coactivas, otros) que cada vez más nos muestran un sistema tributario inequitativo y con muy poca seguridad jurídica.

En su opinión, ¿qué consecuencias inmediatas para el país podría generar este accionar "efectista" de la Sunat?

Esta entrada contiene un artículo de:

Jorge Picón Gonzáles

Abogado - Universidad de Lima. Magíster en Administración - ESAN. Doctorado en Derecho Empresarial - Universidad de Sevilla. Socio de Picon & Asociados, Asesores Tributarios. Se ha desempeñado como Intendente Nacional Jurídico y Gerente de Procedimientos Tributarios en la SUNAT. 

Profesor del MBA de ESAN