Procompite permite cofinanciar planes de negocios o propuestas productivas del agro peruano, que suelen tener dificultades para acceder a financiamiento mediante un crédito. ¿Por qué no se aprovecha mejor?
Los esfuerzos del sector público a favor de la agricultura familiar aún son insuficientes. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al cierre del 2022, los Gobiernos regionales ejecutaron el 63 % de su presupuesto programado y los Gobiernos locales, el 67 %. Ambos porcentajes incluyen acciones relacionadas con el sector agrario. Procompite, una herramienta del Ministerio de la Producción (Produce) para el desarrollo económico y social, podría revertir este escenario si recibiera mayor impulso.
Cada Gobierno regional y local cuenta con un presupuesto asignado para proyectos de inversión, del que tienen permitido destinar hasta un 10 % para cofinanciar planes de negocios a través de un proceso concursable. Si bien la ley les otorga esta facultad, la decisión final siempre dependerá de los propios gobernadores regionales y alcaldes.
En este contexto surge Procompite, una herramienta que permite cofinanciar planes de negocios o propuestas productivas mediante un fondo concursable a favor de diversos sectores económicos en las regiones del país. Así, favorece a sectores como el agro, que requieren este tipo de financiamiento no reembolsable ante las dificultades que tienen para acceder a un crédito.
Más del 80 % de los planes de negocios financiados por Procompite están dirigidos al sector agropecuario, ya que este programa atiende con eficiencia diversas dificultades de la agricultura familiar. Esta herramienta permite transferir equipos, maquinarias, infraestructura, insumos, materiales y servicios a los agentes económicos organizados. Es decir, permite cubrir la brecha de asociatividad y capitalizar a los productores, al mejorar su competitividad y prepararlos para afrontar las exigencias del mercado.
El problema radica en que aún se desconoce el gran potencial de Procompite como estrategia de intervención del Estado a favor de las organizaciones y agentes económicos organizados de los sectores económicos regionales. El valor de esta herramienta va más allá de favorecer solo a la agricultura familiar del Perú, sino que también impulsaría una ejecución presupuestal más eficiente.
Los Gobiernos regionales y locales antes podían invertir hasta el 10 % de su presupuesto en planes de negocios y la decisión dependía de los gobernadores regionales como de los alcaldes. Ahora, tras la modificación de la ley, ambos niveles de Gobierno estarían obligados a destinar entre un 5 % del presupuesto en Procompite. Este porcentaje puede aumentar hasta un 15 % como máximo, pero por voluntad política.
Esta modificación no era necesaria, puesto que los Gobiernos regionales y locales son conscientes de las necesidades de sus regiones. Por ello, las nuevas autoridades tienen la gran posibilidad de liderar este proceso de intervención a favor de las diversas organizaciones de la agricultura familiar.
Una de las principales razones por las que Procompite no se aprovecha como debería es que la nueva ley aún no entra en vigencia. El segundo factor es la falta de desconocimiento del proceso. La implementación del fondo implica llevar adelante un proceso administrativo de cada Gobierno regional que muchos de ellos aún desconocen, además de prepararse para la evaluación y ejecución de los planes de negocios.
Un tercer factor es que se requiere que los planes de negocios estén debidamente formulados. Ello sigue siendo una debilidad, ya que la evaluación del plan es un proceso exigente no solo en la parte técnica, propia de la cadena de valor, sino también en el enfoque económico y financiero.
Es clave promover la reglamentación de la Ley n.o 31502, Ley que modifica la Ley n.o 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva. Esta normativa, aprobada en junio del 2022, no tiene vigencia si no cuenta con un reglamento aprobado. Ello impide que los Gobiernos regionales destinen una inversión importante a la agricultura familiar e incrementen su porcentaje de ejecución presupuestal.
Son responsabilidades del Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) y Produce acompañar a los Gobiernos regionales y locales en la implementación de Procompite no solo en la fase inicial, sino a lo largo de todo el proceso. Las asistencias técnicas programadas podrían incluir un acompañamiento permanente desde que se inicia el concurso hasta la firma del convenio y su posterior ejecución. ¿Qué otras acciones consideras necesarias? Déjanos tu opinión.
Es responsabilidad del Gobierno nacional acompañar a los Gobiernos regionales y locales en la implementación de Procompite no solo en la fase inicial, sino a lo largo de todo el proceso.
Magister en Gestión Pública por la Universidad San Martín de Porres. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Piura. Asesor Principal de la Comisión Agraria del Congreso de la República. Ex Director Ejecutivo del Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS, del MIDAGRI. Experiencia en planificación y proyectos de inversión pública y privada. Generación y ejecución de planes de negocios y proyectos de reconversión productiva a nivel nacional. Con especialización en enfoques transversales para el desarrollo local y gerencia de clúster. Experiencia docente en la Maestría de Agronegocios de la Universidad ESAN, Liderazgo y Gestión Agropecuaria en la Universidad UTEC. Formulación y Evaluación de Proyectos y Planes de Negocios con la Universidad Nacional de San Martín. Gestión de Agronegocios en la Escuela Latinoamericana de Desarrollo de la Agricultura. Actual director de Proyectos de Blue Consulting.
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