La inclusión financiera es el acceso y el uso de los servicios financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población y por todos los tipos de empresas. Asimismo, es un concepto de carácter multidimensional que incluye elementos de la oferta de productos financieros y de la demanda. Sus dimensiones básicas son el acceso, el uso, la calidad y el impacto sobre el bienestar financiero de las familias y las organizaciones. 

El uso de instrumentos, como el ahorro formal o los seguros, refuerza la estabilidad de los hogares al aumentar su capacidad de resistencia ante choques económicos. Por su parte, les permite a las empresas acceder a nuevas oportunidades de crecimiento, a través de la inversión en nuevas tecnologías y en capital humano, así como a ciertos productos que les generen liquidez y financiamiento para capital de trabajo e inversión. 

Otro aspecto a señalar es que el acceso a servicios financieros de calidad impulsa el aumento de la productividad y la rentabilidad de los negocios y, por ende, su crecimiento y del país. Asimismo, la inclusión financiera contribuye a generar una base de depósitos sostenida y a reducir la dependencia de mercados financieros internacionales, además de reducir la informalidad financiera. 

Pese a todas las ventajas que hemos enumerado, el Perú todavía presenta diversas problemáticas para su masificación, las mismas que detallaremos a continuación. 

Problemática nacional 

Si bien nuestro país registró un crecimiento importante durante los últimos 20 años, el acceso a los servicios financieros no avanzó al mismo ritmo. Esto es producto, entre otras causas, de la alta informalidad en el mercado laboral, donde el 75 % de la población económicamente activa (PEA) son trabajadores informales, y la alta informalidad en el segmento de microempresas, donde el 50 % del total de negocios no es formal. También es resultado de la falta de conectividad y de servicios financieros en varias zonas del interior.

El acceso a productos financieros permite aumentar el potencial productivo de las personas a través de la inversión en capital humano e innovación.

Otro dato muy significativo es que, al cierre del 2019, solo el 42.2 % de la población de 18 años de edad a más tenía alguna cuenta en el sistema financiero, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esto impidió que los bonos familiares que aprobó el Gobierno para mitigar el efecto económico de la pandemia en las poblaciones más vulnerables llegaran a todos, por lo que muchas personas tuvieron que acudir a las entidades financieras para cobrarlos. 

¿Por qué impulsar la inclusión financiera? 

El acceso a productos financieros (en especial microcréditos) permite aumentar el potencial productivo de las personas a través de la inversión en capital humano e innovación (educación). Además, logra que el crecimiento económico sea más inclusivo y permite a las personas tomar decisiones de consumo e inversión a largo plazo, participar en actividades productivas y hacer frente a shocks de corto plazo. 

La inclusión financiera potenciará el desarrollo económico y social de las poblaciones de menores ingresos y más vulnerables del país, al mejorar sus condiciones de vida y potenciar la actividad de las micro y pequeñas empresas (mypes). Asimismo, permitirá incorporar a segmentos de la población usualmente excluidos y ofrecerles acceso a servicios financieros básicos en condiciones adecuadas, a fin de reducir la pobreza. Así también se combaten otros problemas, como la informalidad y el subempleo. 

Avances y retos

Desde hace una década, el Estado peruano asumió el compromiso internacional de priorizar la inclusión financiera. En el 2014, se creó la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera para diseñar e implementar la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, aprobada mediante DS n^o 191-2015-EF. 

Esta estrategia se basó en tres pilares: el acceso de la población a servicios financieros, el uso de los productos y servicios financieros, y la calidad de estos. Asimismo, estableció siete líneas de acción que abordaron áreas claves, como pagos, ahorros, financiamiento, seguros, protección al consumidor, educación financiera y grupos vulnerables.

En mayo de este año, se emitió el DS n^o 112-2021-EF que aprobó el Plan Estratégico Multisectorial (PEM) de la Política Nacional de Inclusión Financiera, que cuenta con un fuerte componente digital y espera impulsar el uso seguro de medios de pago digitales. Otro objetivo es la eliminación progresiva del uso de efectivo en todas las transacciones públicas y privadas. 

La meta del PEM para el 2030 es concretar la cobertura total del sistema financiero, que el 75 % de la población adulta posea alguna cuenta y que, al menos, el 43 % disponga de algún crédito con baja probabilidad de incumplimiento. Asimismo, presenta 30 medidas de política, relacionadas con cinco objetivos prioritarios: 

1. Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el sistema financiero.
2. Contar con una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada a las necesidades de la población.
3. Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado.
4. Desarrollar infraestructura para incrementar la cobertura de servicios financieros.
5. Fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales. 

Entre las medidas de política aprobadas se encuentra el impulso de programas y planes de educación financiera, las capacitaciones en el uso de herramientas digitales a empresarios y comerciantes, el impulso de productos y servicios financieros inclusivos, la ejecución del Plan de Implementación de la Cuenta DNI y la ejecución del proceso de transformación digital del Banco de la Nación, entre otros. ¿Qué otras acciones son necesarias para impulsar la inclusión financiera? Déjanos tu opinión.