En Perú, en los últimos 20 años, hemos estado acostumbrados a abrir los brazos a todas las inversiones foráneas, sin importar de dónde ni cómo vengan. Les damos incentivos y les creamos normas que prácticamente les da carta blanca y todo tipo de facilidades sin pedirles nada a cambio.

Un  ejemplo de ello es la tercerización del trabajo. En lugar de fomentar que las empresas mineras, que son grandes generadores de ingresos, ofrezcan trabajo de calidad, se promulga una legislación que les permite tercerizar el trabajo, pagar menos y eludir beneficios, recurriendo a los services. 

Otros ejemplos son las exoneraciones tributarias que se otorgan sin exigir la creación de mayor valor agregado, el fomento de vinculaciones productivas o la transferencia de tecnología e información. Más recientemente, pero igualmente perverso, se crean instituciones y se aprueban leyes en el papel, pero en la práctica estas nunca se implementan, generándoles más bien obstáculos para que nadie en el fondo pueda actuar (cinco autoridades en materia de agua u otras tantas en asuntos ambientales y nadie en las relaciones con la comunidad).

Si preguntamos a las transnacionales norteamericanas que están en todo el mundo, cuál es el porcentaje de sus compras que realizan a empresas de sus conciudadanos, una encuesta de McKinsey responde que alrededor del 85% de las compras las hacen a empresas norteamericanas. El gobierno da una serie de incentivos y fomenta prácticas para que sus empresas compren americano (Buy American).

Los chinos aceptan ampliamente la inversión extranjera siempre y cuando estas se comprometan a enseñar y a transferir tecnología. Las motivan para que instalen también sus centros de investigación y desarrollo en la China y que lo hagan empleando personal chino.

Igual hacen los irlandeses, finlandeses y la mayoría de países desarrollados. El criterio común que han tenido los gobernantes de estos países ha sido sentar condiciones que sean atractivas para los inversionistas extranjeros, pero manteniendo los condicionamientos respecto al alineamiento de sus intereses con aquellos referidos a los intereses del país.

Nuestros gobernantes actúan de manera diferente. ¿Son los intereses económicos de los inversionistas los que se imponen o simplemente están en el poder, no como un medio para hacer este país grande, sino para satisfacer sus propios intereses individuales y personales? 

Si el Perú utilizara los criterios que aplican los países desarrollados para estimular la inversión extranjera, estaríamos creciendo mucho más rápido, con más trabajo decente, con mayor valor agregado y más inclusivamente que lo que hacemos actualmente.

Lo expresado es válido también en el caso de la inversión nacional, aunque con importantes variantes ya que esta última no tiene los conocimientos, las exoneraciones tributarias tan amplias, ni la estabilidad jurídica y tributaria de los que sí goza la inversión extranjera cuando cambia la legislación, entre varios otros aspectos.

¿Qué medidas debería adoptar el gobierno para atraer lo que los irlandeses llaman "inversión extranjera buena"?

Esta entrada contiene un artículo de:

Santiago Roca

PhD y MA in Economics, Cornell University, EE.UU. Bachiller en Ciencias Sociales, mención en Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Profesor de la Maestría en Finanzas de ESAN