La inversión minera en el Perú creció, de manera significativa, durante los últimos veinte años, al superar los 63 000 millones de dólares, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Solo en la última década, este sector concentró el 16 % de la inversión privada del país y aportó el 20 % de recaudación por impuesto a la renta de las empresas, regalías y otros tributos especiales en el país.
Hoy existen 41 proyectos mineros en la agenda del país para el 2021, con una inversión total de 57 879 millones de dólares, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, los conflictos que impiden el desarrollo de proyectos importantes, como Tía María y Quellaveco, evidencian la necesidad de modernizar la gestión organizacional y priorizar el impacto socioambiental de cada acción en el sector.
Recientemente, el presidente Martín Vizcarra planteó revisar la Ley General de Minería. Aunque no es el momento más adecuado, creo que este análisis vale la pena. También conviene revisar los nuevos modelos de gestión minera que podrían implementarse dado que la tecnología en el sector extractivo mejoró significativamente estos últimos diez años. Se requiere cada vez menos mano de obra. Ante ello, es pertinente repensar cómo las comunidades pueden verse beneficiadas de manera sostenible y por qué no ingresar de manera eficiente a la toda la cadena productiva de este sector gozando de los beneficios de la actividad extractiva.
Los programas de responsabilidad social (RS) apenas constituyen un apéndice de todo el trabajo que podrían realizar con las comunidades de las zonas de impacto.
Lamentablemente hay un desfase entre las tecnologías modernas y los modelos de gestión empresarial, a pesar del auge tecnológico en el que vivimos. Las empresas mineras aún siguen trabajando con modelos de gestión organizacional propios de la revolución industrial, que fueron medianamente eficientes en décadas pasadas y en contextos sociales y ambientales totalmente diferentes. A pesar de tener un equipamiento bastante avanzado, no pueden aprovecharlo al máximo porque su estructura organizacional todavía es muy tradicional.
La gestión social y ambiental son aspectos básicos en toda actividad minera, pero apenas constituyen un apéndice de todo el trabajo que podrían realizar con las comunidades en sus zonas de impacto e influencia. Por ejemplo, se ha probado que cuando se requieren proveedores que aumenten la eficiencia de las operaciones, contar con proveedores locales es una buena alternativa y, de paso, se involucra a las poblaciones en la cadena productiva del negocio. Pero para ello se necesita hacer una alianza con las comunidades, no en términos de apoyo social sino de relacionamiento empresarial. Esto último requiere planificación y organización pues debe existir una capacitación previa a los emprendedores locales.
Actualmente, las áreas de RS de las empresas mineras suelen apoyar con proyectos a las comunidades, la mayoría orientados hacia la agricultura, la pequeña ganadería o la alimentación de la población. No obstante, estas iniciativas no toman en cuenta todo lo que rodea a la comunidad y la sostenibilidad de los emprendimientos que se fomentan. Por ejemplo, de qué sirve que se contribuya con formar granjas de crianza de animales si luego los pobladores no tienen la forma de comercializarlos; o con exigir mayor inversión de los emprendedores locales si la empresa es el único cliente.
De hecho, una opción interesante es involucrar a los pobladores en la cadena logística sin que la empresa se vea perjudicada con un mal servicio o producto. De esta forma se podría fomentar la presencia de escuelas técnicas en las que los pobladores participen para que puedan ser empleables al tener conocimientos técnicos avanzados.
Otra alternativa es lograr que los proyectos que se vienen dando en agricultura o ganadería tengan una mayor perspectiva de mercado y puedan ser realmente negocios sostenibles.
Si rediseñamos el modelo de gestión de las empresas mineras, podríamos hacer que todos los procesos básicos técnicos y administrativos contribuyan a lograr un impacto social positivo para la comunidad con la que se trabaja. Con seguridad la conflictividad social disminuiría.
La solución a los problemas de conflicto social es expandir el modelo capitalista hacia los pobladores, de manera que se sientan propietarios, emprendedores y parte de la actividad minera. ¿Qué estrategias pueden seguirse para mejorar esta relación? Déjanos tu opinión.
Los programas de responsabilidad social (RS) apenas constituyen un apéndice de todo el trabajo que podrían realizar con las comunidades de las zonas de impacto.
Ph.D. in Management Sciences, ESADE-Ramon Llull, Barcelona - España. Ha sido Gerente de proyectos de las Naciones Unidas. Oficial para los temas económicos y políticos de la Embajada Suiza. Director Ejecutivo de la Escuela Mayor de Gestión AECI. Profesor ordinario de la Universidad ESAN.
A pesar del crecimiento macroeconómico que registró el Perú en los últimos veinte años previos a la Covid-19, las brechas sociales no han disminuido. ¿Cómo puede la minería ayudarnos a revertir este panorama?
El primer paso para institucionalizar la minería peruana es reconocer el avance de la gestión socioambiental en la actividad minera del país. Asimismo, se necesita establecer un lenguaje común entre el Estado, la empresa y la sociedad.
En la minería es necesario tener objetivos territoriales claros, proyección a largo plazo y priorizar los beneficios para la sociedad en vez de enfocarse solo en el volumen de inversión o la rentabilidad empresarial.