El futuro del mercado laboral peruano es preocupante. Se estima que el 2022 terminará con un crecimiento del producto bruto interno (PBI) menor al 3 % y una informalidad galopante que agrupe, como mínimo, al 70 % de la población económicamente activa (PEA). Ello revela una ausencia de avances en el gran objetivo de reducir el empleo informal, a la par que avanza la recuperación económica.

Se calcula que el 2023 registre un crecimiento del PBI menor al de este año, lo cual es perjudicial, ya que la generación de empleo formal requiere de un crecimiento mínimo del 5 %. La clave para revertir esta situación es que el Gobierno diseñe una metodología adecuada para combatir la informalidad, un lastre que acarreamos como país desde hace muchos años, de la mano con un mayor impulso de las inspecciones laborales.

Enfoque multidisciplinario

Toda acción para combatir la informalidad no debe planificarse a corto plazo ni abordarse de manera exclusiva desde la óptica laboral, sino que requiere una mirada multidisciplinaria. Lo cierto es que este problema ataca la economía peruana desde varios ángulos. Muchas microempresas no tienen incentivos para formalizarse y el tejido jurídico es complejo, cargado de impuestos muy altos y una autoridad fiscal represiva.

Es necesario analizar cada uno de los flancos que impactan en la forma de hacer negocios en el Perú. Habría que brindar una amnistía laboral para las empresas o permitirles fraccionar su deuda laboral. Una vez formalizadas, la aplicación de derechos laborales y responsabilidades tributarias deben realizarse de manera progresiva, y a su vez las municipalidades deben agilizar la emisión de licencias.

Acciones urgentes

Un punto crítico a considerar es la emisión de la Agenda 19 del Gobierno actual. Este documento, de visión muy sindicalista y sesgada, contiene puntos destructivos, como la ya conocida restricción de la tercerización, el aumento de la remuneración mínima o la eliminación de suspensión perfecta de labores, que ayudó a muchas empresas a no quebrar durante la cuarentena.

En ese sentido, es recomendable definir una agenda de recuperación del empleo que se someta a debate del Consejo Nacional de Trabajo, porque la propuesta de la Agenda 19 es antitécnica. Los efectos de la restricción de la tercerización todavía no son notorios, gracias a la medida cautelar otorgada por Indecopi. A este accionar del Gobierno debemos sumar la mala gestión técnica de la Comisión de Trabajo del Congreso.

Otra acción recomendable es detener la aprobación del Anteproyecto del Código del Trabajo, para actualizar, en su lugar, el Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo. También es importante acelerar la emisión del reglamento relacionado con el trabajo remoto, ya que su publicación se estimaba a inicios de diciembre, pero aún no tenemos novedades al respecto, por lo que podría generarse un vacío legal los primeros meses del 2023.

Es importante fortalecer a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y brindar una mayor capacitación técnica a los inspectores. Muchas medidas emitidas por el Gobierno se escudan en la supuesta existencia de abusos, pero, en lugar de más normas o leyes restrictivas, son necesarias inspecciones más frecuentes y eficaces. ¿Qué otras medidas hacen falta? Déjanos tu opinión.

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