Atrás quedó el crecimiento boyante y de dos dígitos que experimentamos en la década pasada. Hoy China ya no "bombea" nuestra economía de la manera que lo había venido haciendo, por lo que es tarea urgente del Estado implementar políticas que nos permitan cambiar de giro y no seguir dependiendo del precio de los metales que durante buen tiempo han venido empujando la industria minera, el sector construcción y todos sus derivados.

En ese sentido, el desarrollo de una industria de servicios fuerte, llámese hotelería, turismo, gastronomía, etc., representa una gran oportunidad para darle sostenimiento a largo plazo a nuestro crecimiento. Pero para ello, necesitamos de una adecuada infraestructura, aspecto en el que si bien se ha venido avanzando, no se ha hecho al ritmo adecuado, a pesar que el superávit fiscal de los últimos años, plasmado hoy en los casi US$ 68,000 millones que tenemos en reservas (aproximadamente 33% del PBI) le dan al Estado cierto margen de maniobrabilidad para invertir en dicho sector.

No hay duda de que la demora en la ejecución del gasto no es privativa de esta gestión, pues ha sido característica también de los gobiernos anteriores. Lo que sí es cierto es que dicha lentitud se ha acentuado en el presente periodo, justo cuando más necesitamos de una respuesta rápida para evitar que nuestros valores de crecimiento continúen cayendo.

Pero, a pesar de que es innegable que hay cierta lentitud de respuesta política por parte del gobierno, la ejecución del gasto ha sido ciertamente pobre en su mayoría debido a un tema que el Estado viene arrastrando desde hace muchos años: la falta de competencia y capacidad de sus funcionarios. No es ninguna novedad que los gobiernos regionales y locales, a pesar de contar con dinero de las partidas presupuestarias y por concepto de canon, terminen devolviendo este dinero por problemas de incapacidad.

Por otro lado, algunos son de la opinión de  que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) representa una traba en lo que se refiere al aceleramiento de la inversión,  pues al incluir una serie de pasos y procesos obligatorios por ley, de alguna manera "retrasa" la puesta en marcha de los proyectos. Lamentablemente, si no existiera la figura del SNIP y se "soltara" el gasto de los gobiernos locales, lo más probable que ocurra es que esto sea convierta en un aliciente para la corrupción (que de por sí ya es bastante grande) y la inversión de poca calidad.

Esta situación plantea un problema imposible de solucionar en un corto plazo, pues está más relacionado con una reforma integral del Estado, pero ello no quiere decir que desde ahora no se puedan ir diseñando políticas y dictando medidas que vayan en la dirección de capacitar a los gestores públicos, sobre todo aquellos de las provincias y localidades más alejadas.

¿Cómo cree usted que podría acelerarse el gasto de los distintos niveles de gobierno para obtener un mayor desarrollo en infraestructura?