Desde hace cerca de dos meses somos testigos -en lenguaje de Netflix-, de una segunda temporada de la serie Conga, que paralizó al Perú hace pocos años. Aunque la esencia de la trama, los conflictos sociales, es la misma, esperamos que en esta oportunidad el desenlace no se repita, ya que, de ser así, esto podría costarle al país y a los actores involucrados una pérdida de millones de soles.

En el caso de Conga, desde el inicio del proyecto se evidenciaron problemas serios en el manejo de la relación con la comunidad, conflictos que más adelante costarían la paralización del mismo. En el caso de Las Bambas, por parte de la primera empresa propietaria del proyecto, la multinacional minera anglo-suiza Xstrata, si existió un trabajo cuidadoso y un intento por generar mejores relaciones comunitarias.

La lección que hasta el momento no queremos aprender es que las relaciones comunitarias deben manejarse con el debido cuidado, involucrando a todos los actores relevantes y con la anticipación debida.

Fueron justamente experiencias como las de Conga, las que animaron a Xstrata a realizar un cuidadoso plan de negociación con la comunidad vinculada al proyecto, y donde también participó el Estado peruano. Las negociaciones y el manejo de las relaciones comunitarias se empezaron antes del inicio del proyecto, y se cuidó en involucrar a todos los actores relevantes como Proinversión, gobiernos regionales, gobiernos locales, representantes de la comunidad entre otras personas e instituciones.

La meta fue ser transparentes y llegar a negociaciones donde todos ganaran. En su momento, esta relación fue considerada exitosa, pese a que no estuvo exenta de problemas que siempre fueron gestionados con la mejor voluntad. Aquello duró hasta que Xstrata decidió vender su proyecto a la firma china MMG, y allí empezaron los problemas mayores.

A los cambios en el estudio de impacto ambiental que ya había sido aprobado, se sumó el incumplimiento de uno de los puntos principales del acuerdo firmado entre la comunidad y Xstrata. MMG decidió dejar de lado el mineroducto que transportaría el material extraído, y empezar a usar un sistema de camiones que resultaría más económico y conveniente para ellos. El problema es que la comunidad no estuvo, ni está, de acuerdo con el cambio. Después de los inconvenientes producidos por la masiva movilización de los camiones que transportaban minerales, se iniciaron los primeros bloqueos. Estos hechos posteriormente fueron acompañados por el levantamiento de otras comunidades cercanas al área de influencia de la carretera usada para transportar el mineral.

Sobre los asesores y dirigentes

En estos casos muchas veces aparecen asesores que ven en los conflictos sociales oportunidades de lucrar y empiezan a incitar a la comunidad a actuar con violencia como medio de presión a las empresas mineras. En el caso de Las Bambas, los dirigentes que se vieron beneficiados al inicio de la relación con buenas condiciones y una importante suma de dinero, encontraron también en esta coyuntura una oportunidad para obtener más beneficios económicos. Así, una relación que empezó bien y se pudo gestionar correctamente al cumplir con los compromisos originales, terminó por complicarse por un incumplimiento por parte de la nueva empresa minera propietaria del proyecto. A esto, se le sumó la incapacidad del Estado para garantizar que la empresa cumpla con las condiciones iniciales del proyecto. Si se hubieran respetado los acuerdos iniciales, tanto la comunidad como sus dirigentes quedaban desautorizados para tomar medidas de fuerza. Lamentablemente, ante el incumplimiento de la empresa, ambos actores se vieron empoderados para obligar a una nueva negociación con mayores ventajas para ellos.

La lección que hasta el momento no queremos aprender es que las relaciones comunitarias deben manejarse con el debido cuidado, involucrando a todos los actores relevantes y con la anticipación debida. Así como existen estudios de pre factibilidad económica y financiera, deben realizarse estudios de pre factibilidad cultural con profesionales de ciencias sociales. La idea es que estos puedan identificar las estructuras culturales y sociales existentes con la finalidad de lograr una comunicación y compromiso real entre la comunidad y el proyecto minero.

Sin embargo, algo que también debe ser tomado en cuenta es que debe existir respeto por los compromisos asumidos por todas las partes, incluyendo a la empresa. El Estado debe velar por ese cumplimiento toda vez que un proyecto de esta magnitud afecta a varias comunidades, teniendo por lo tanto implicancias sociales y económicas que escapan del ámbito de influencia de un contrato privado. Otro tema aparte es la ironía de que las zonas donde existen las mayores riquezas mineras sean a su vez las más pobres del país. Hay una ausencia del Estado en estas zonas, pero también una despreocupación de las empresas mineras que priorizan la explotación de sus recursos al menor costo posible sin ningún interés en desarrollar estrategias viables de desarrollo de las comunidades de influencia que en el largo plazo podría beneficiarlas.