El gobierno corporativo implica una historia de conflicto de intereses, de asimetrías de información y problemas de agencia. Se conoce como problemas de agencia de "primera generación" al conflicto de interés clásico entre accionistas y funcionarios de la empresa corporativa. Este enfoque es típico de la gran corporación que cotiza en bolsa y que para fines de estudio y por paradigma se atribuye a los mercados desarrollados.

Sin embargo, en todo el mundo, incluyendo a los mercados desarrollados, el número e importancia en términos económicos y sociales de las empresas que no cotizan en bolsa es mucho mayor. En esas empresas es posible observar problemas de agencia llamados de "segunda generación" que se materializan entre accionistas mayoritarios y accionistas minoritarios. En ese enfoque se incluyen algunas empresas que cotizando en bolsa tienen la estructura accionaria y comportamiento de empresas de capital cerrado, incluso de empresas familiares.

Aquí es necesario precisar que ninguno de los comportamientos que se describen es mejor que otro. Ningún sistema es bueno o malo. Simplemente es. Lo importante es reconocer el ambiente en que se desarrolla la actividad económica y aceptar o no las condiciones que se presentan para los inversionistas y otras partes interesadas. Por ejemplo, el ejecutivo que acepta hacer carrera en una empresa, sabiendo que el techo de cristal lo constituye el hecho de no tener el apellido correcto, toma una decisión informada. Esto es válido en una economía como la que actualmente vive el país, llena de oportunidades. Esta situación ciertamente no se presentaba años atrás.

Otro ejemplo es el inversionista que decide invertir como minoritario en una empresa (cotizada en bolsa) cuyas acciones pertenecen en un 49% a personas y empresas de un determinado grupo económico, está aceptando una situación de desamparo y de dependencia. Esto es válido en tanto tenga toda la información y no esté confundiendo esta empresa con una en la cual el accionariado está ampliamente difundido.

Este inversionista debe tener muy claro que difícilmente logrará un asiento en el directorio y que el reparto de los dividendos ordinarios está subordinado a las necesidades de financiamiento de la empresa. Las políticas de dividendos sólo son una guía y no constituyen una obligación. (Por su puesto que es recomendable que las empresas mantengan y cumplan con una política de dividendos estable y sostenida. El mercado no aprecia la volatilidad).

En cuanto a la apreciación del valor de la acción, lo poco que sabemos es que depende de un gran número de variables, incluyendo el consenso de miles o millones de inversionistas sobre temas tan diversos como la economía global, la economía local, las perspectivas de la industria, los planes de inversión de la empresa individual, su capacidad de cumplir con las obligaciones financieras, el manejo de sus pasivos ambientales, su nivel de innovación y el desarrollo de su actividad diaria, entre otros.

Se distinguen entonces derechos políticos y derechos económicos del accionista. Los derechos políticos son aquellos relacionados al manejo de la empresa y están protegidos por la ley. Son la capacidad de participar y votar en la junta general de accionistas y de elegir a los miembros de directorio, además de presentar recursos y consolidarse con otros accionistas para obtener información y exigir juntas extraordinarias, entre otros. Los derechos económicos, por otra parte, constituyen los dividendos ordinarios, la suscripción preferente, el derecho de participar en una oferta pública de adquisición, la recompra por exclusión y la proporción de la recaudación en caso de una liquidación.

Estos derechos políticos y económicos se pueden resumir en el derecho fundamental del accionista que consiste en vender su acción en el mercado sin limitaciones, en cualquier momento y por la razón que sea, a un precio justo que no represente un descuento importante. Puede estar descontento con el manejo de la empresa, decepcionado con los resultados, impaciente por la estagnación del precio de la acción o simplemente sus objetivos de inversión se cumplen o se le presentan otras oportunidades inversión superiores o de consumo.

Sin importar la razón, el derecho fundamental del accionista es vender sin sufrir un descuento. Este derecho sin embargo es frágil en empresas de capital cerrado y empresas familiares. Lamentablemente este derecho también es frágil para acciones de empresas que cotizan en bolsa en mercados de escasa liquidez y profundidad.     

Finalmente el inversionista debe analizar la información disponible y reconocer y aceptar la realidad que enfrenta o buscar otras oportunidades de inversión o consumo.   

¿Considera usted que los accionistas individuales de las empresas que listan en bolsa están adecuadamente informados? ¿Qué sería necesario hacer para que se informen mejor?