La construcción de políticas públicas requiere un estudio serio de los actores políticos cuando pretendan resolver un problema para atender a la sociedad. El politólogo estadounidense Robert Dahl define la política pública como ‘toda acción política realizada por el Estado para acortar las distancias entre un estado actual de cosas y un futuro deseable o mejor’.

De la misma opinión es el catedrático y político español Joan Subirats, quien señala que las políticas públicas constituyen “una serie de decisiones o de acciones coherentes e intencionales, tomadas por diferentes actores, públicos y no, cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían para resolver de manera puntual un problema definido como colectivo bajo un enfoque político”.

Tras analizar las definiciones citadas, se advierte que ello no ocurre con el Proyecto de Ley n.o 7156/2023-CR, Proyecto de Ley que Deroga la Ley del Servicio Civil y la Autoridad Nacional del Servicio Civil. En efecto, este proyecto plantea la derogación de la Ley n.o 30057, Ley del Servicio Civil, y el Decreto Legislativo n.o 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

Consecuencias del proyecto de ley

La derogación de la Ley n.o 30057 daría lugar a la desaparición del Tribunal del Servicio Civil (TSC) y, a su vez, a la creación de un tribunal transitorio en materia de recursos humanos. Este asumiría la misma función del TSC: resolver controversias individuales que se susciten en el interior de los recursos humanos del Estado.

Como puede advertirse, este hecho debilitaría la política pública en resolución de las controversias en sede administrativa. Dichas controversias hoy llegan a conocimiento del TSC, y se originan a partir de los recursos de apelación interpuestos por servidores o exservidores, debido al procedimiento administrativo disciplinario (PAD) que se les haya iniciado.

Productividad y logros del TSC

En el 2021, las dos salas del TSC resolvieron 4728 recursos de apelación. En el 2022, esta cifra se elevó a 4977 y, entre enero y junio del 2023, se resolvieron otras 2113. También debe precisarse que, desde su creación en el 2010 hasta la fecha, el TSC ha experimentado mejoras importantes para el desarrollo de sus funciones, de acuerdo con los nuevos tiempos. 

Hoy, el TSC cuenta con un Sistema de Gestión de Expedientes (SGE) que permite calificar y enumerar el expediente administrativo de cada recurso de apelación. Asimismo, se creó el Sistema de Casilla Electrónica (SICE) y se digitalizaron los expedientes. También se construyó una seguridad jurídica mediante la expedición de 23 precedentes de observancia obligatoria, emitidos en Sala Plena. 

Efectividad del tribunal transitorio

La abogada Janeyri Boyer señala que la presencia de un tribunal administrativo permite adoptar criterios uniformes sobre la interpretación de normas jurídicas relacionadas con el servicio civil para promover la predictibilidad en la administración pública. Todos estos cambios, que son para mejor, nos llevan a cuestionar si el tribunal transitorio que se pretende crear podrá actuar con la misma efectividad que el TSC.

La posible respuesta genera más dudas, ya que siempre existe un periodo en blanco hasta la instauración del nuevo ente rector. Luego, se inicia un periodo de adaptación que, en definitiva, causará un perjuicio a los servidores.

La creación de un tribunal transitorio para que cumpla los mismos fines que el TSC permite advertir que se pretende deconstruir una política pública, sin considerar que el TSC ha impartido justicia en sede administrativa en menos tiempo del que tardaría el Poder Judicial. La emisión de los precedentes administrativos emitidos por el TSC configura el cumplimiento del principio de predictibilidad, que otorga seguridad jurídica a los ciudadanos y a la administración. ¿Cuáles son tus perspectivas sobre este posible cambio? Déjanos tu opinión.