En el 2016, el mundo generó 2 billones de toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) y para el 2050 se proyectan 3.4 billones de toneladas anuales. Todo indica que estos volúmenes seguirán en aumento debido a la creciente demanda de recursos. Por ejemplo, en el 2011, el mundo utilizó 79 gigatoneladas (Gt) de RSU y para el 2060, se calculan 167 Gt. En términos monetarios, las compras públicas de los recursos representaron el 12 % del producto bruto interno (PIB) mundial. 

En este contexto, los Gobiernos locales (GL) de cada país son los mayores compradores de recursos. Por ejemplo, las compras conjuntas de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) equivalieron al 15 % de su PBI, mientras que en América Latina el gasto bordeó el 30 %. En consecuencia, los GL también califican como los mayores generadores de RSU, por lo que resulta fundamental examinar el grado de implementación de criterios sostenibles en sus prácticas de compra. Dicho de otra manera, la contribución potencial de los GL a la sostenibilidad ambiental es evidente en la proporción de sus gastos (Preuss, 2009).  

En el presente artículo, examinaremos el estatus de las compras sostenibles de los GL del Perú y para ello abordaremos su definición conceptual y racional.

¿Qué son las compras sostenibles? 

Las compras sostenibles (CS) integran una serie de criterios ambientales y sociales en los procesos de adquisición de recursos tangibles e intangibles, como reciclabilidad, huella de carbono o hídrica, aspectos éticos, condiciones laborales, fuentes de energía, entre otros¹.

Compras sostenibles en Gobiernos locales

En el Perú se registra un total de 1828 GL afiliados a la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), cuyas compras oscilan entre el 15 % y 20 % del PBI nacional. En este escenario, el ente encargado de supervisar toda contratación en el sector público es el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Las compras públicas en el Perú comenzaron su modernización tras la creación de la Central de Compras Públicas (Perú Compras), en 2008. Un año después se emitió el Decreto Supremo (DS) 009-2009-Minam, de cumplimiento obligatorio, que regula las medidas de ecoeficiencia para el sector público. Posteriormente, en 2010, se promulgó el DS 011-2010-Minam, que establece el uso obligatorio de productos reciclados y biodegradables. No obstante, es en 2019 cuando se promulgó la Ley n.o 30225 de contrataciones del Estado, en el que el principio de sostenibilidad ambiental y social surge como criterio para las adquisiciones públicas. 

Según la encuesta Earth Day 2020 (IPSOS, 2020), el 36 % y el 25% de peruanos estiman que la contaminación del aire y la generación de RSU son las amenazas ambientales más graves del país, respectivamente; 82 % quiere que el Gobierno tome acción al respecto y el 38 % de los encuestados creen en el cambio climático². 

Ahora bien, los datos anteriormente detallados justifican las acciones de pasados gobiernos por difundir los principios de CS. Lamentablemente, y pese a los esfuerzos de administraciones pasadas, las CS se encuentran parcialmente o no del todo implementadas en algunos GL del Perú, como sí lo están en otros países que muestran mayores avances. Por ejemplo, en setiembre de este año, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicará el 2021 Global Review in Sustainable Public Procurement.

La implementación de prácticas sostenibles de compra en los GL del Perú no solo tiene el potencial de reducir la contaminación ambiental, sino de impulsar la economía de cada localidad. Por ejemplo, el 88.6 % del total de proveedores de los GL son pequeños y medianos empresarios, mientras que 62.6 % de los contratos celebrados por los GL son proveedores locales.

En la actualidad, consideramos que la mayor limitación para entender el estado de implementación de criterios de compra sostenible en los GL del país es la ausencia de data. Una data actualizada permitiría identificar el estado actual de la implementación de CS en el sector público nacional, así como detectar las barreras con más facilidad lo que permitiría canalizar acciones enfocadas en potenciar una cultura de CS por localidad. Finalmente, estamos convencidos que un mayor acercamiento y colaboración entre el sector público y la academia podrían ser de gran utilidad.

Referencias: 

1. Cabe resaltar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera a las CS como parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) y, en particular, con el objetivo 12: "Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles".

2. Sin embargo, respecto a este último punto, cabe destacar que también existe un número importante de escépticos que cuestionan los argumentos y las repercusiones del cambio climático, como por ejemplo Lawrence Salomon y su libro The Deniers (2008), Bjorn Longborn (presidente del Copenhagen Consensus Center), Michael Shellenberger (exactivista de Green Peace) y la web Climate Depot, entre otros.