La pandemia de COVID-19 ha expuesto las múltiples falencias del sistema previsional peruano: informalidad laboral, falta de disciplina en los aportes y una notoria desatención del Estado.  Además, si consideramos  que la mitad de adultos mayores en el país no llegaron a realizar aportes por un mínimo de diez años, pese a que su ciclo laboral fue mucho más largo, surge la pregunta: ¿cómo asegurar una cobertura justa para todos? 

Contexto social

En el Perú, la población económicamente activa (PEA) asciende a 17 millones, pero solo un 40 % trabaja de manera formal. El 60 % restante no realiza ningún aporte y, por consiguiente, no accederá a ninguna pensión durante su vejez. En ambos casos, el problema radica en la densidad de cotización, es decir, la capacidad del trabajador de aportar todos los meses el monto correspondiente. 

Debido al contexto laboral del país, existen casos de trabajadores que inician de manera formal; luego, quedan desempleados y pasan a trabajar en el sector informal, o viceversa. Una vez que regresan a la formalidad, retoman sus aportes, pero la futura pensión que recibirán ya fue irremediablemente afectada por todo el tiempo que se mantuvo desempleado y mientras laboraba de modo informal.

Si no se logra vencer la informalidad en el país, es difícil pensar o soñar con un sistema previsional que funcione.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) exige un mínimo de diez años de aportes para recibir una pensión. Según la cantidad de años, esta pensión puede ascender hasta un máximo de 800 soles. En el ámbito privado, los descuentos de julio y diciembre afectarán la pensión de los afiliados en casi dos sétimas partes. Por ejemplo, si antes su pensión proyectada era de 1000 soles, ahora recibirían solo 700 soles. 

Informalidad laboral

Si no se logra vencer la informalidad en el país, que abarca el 70 % de la economía, es difícil pensar o soñar con un sistema previsional que realmente funcione. Este es un problema muy grave y muchas AFP rehúyen de la culpa y aducen que el problema son las restricciones del mercado laboral, el sobrecosto que exacerba la informalidad y la poca participación del Estado. 

Por el lado de los trabajadores, la lógica suele ser que, si pagan sus impuestos y el Estado no les da nada, resulta más rentable laborar de manera informal. Eso genera que su cobertura sea muy baja y pocos aporten a su futura pensión. A todo ello debemos sumar la enorme falta de cultura de ahorro previsional en la población. 

Propuesta inviable

La salida planteada por el Congreso, respecto a la ONP, resulta insostenible, ya que se habla de un fondo que, en la práctica, no existe. Me refiero a que no se trata de dinero guardado en alguna bóveda, sino que se encuentra en constante circulación. Los aportantes activos financian a los cesantes y, así, la rueda sigue girando. 

También debemos considerar que existen trabajadores que han aportado desde el primer Gobierno de Alan García, es decir, desde una época de hiperinflación. Llevar al presente los aportes que hubieran generado en aquel momento es imposible, porque se diluiría, como ocurre hoy con los aportes de las personas que pasan de aportar de la ONP a una AFP. 

Retos pendientes

Es importante que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) mantenga la emisión de bonos universales. Además, debería considerarse la opción de subsidiar los servicios de energía, agua, salud, telefonía e, incluso, acceso a internet para las familias de los estratos más vulnerables. Estos costos podrían ser asumidos por el Estado, a partir de un determinado mes. 

Pensión 65 es una buena iniciativa, pero el sistema para identificar a las personas que lo necesiten no es muy eficaz y los montos otorgados son muy pequeños. Desde mi perspectiva, en un futuro cercano, podría implementarse una AFP estatal que pudiese competir con las privadas, con un mejor servicio y más bienestar para el afiliado. ¿Qué otras acciones son necesarias? Déjanos tu opinión.