En la lucha contra la corrupción en las contrataciones públicas, el derecho administrativo ocupa un rol crucial de prevención y resulta un error creer que sirve para castigar a los culpables de estos actos, cuando ello es tarea del derecho penal. En ese sentido, puede ser peligroso castigar, o pretender hacerlo, mediante el derecho administrativo. 

El derecho administrativo previene y adopta las acciones necesarias para evitar que se produzcan o incentiven los casos de corrupción en la contratación pública. Además, refuerza la vigencia del principio de legalidad, principio cardinal del derecho administrativo puesto que es la esencia del llamado Estado de Derecho. Por lo tanto, si se ha cometido un acto ilícito respecto a un contrato, permite adoptar las medidas correspondientes que garanticen el restablecimiento del principio de legalidad. 

Mecanismos preventivos

El derecho administrativo cuenta con una multiplicidad de mecanismos e instrumentos para prevenir la corrupción. Una de ellas, quizás la más obvia, es la definición de procesos de contratación competitivos y transparentes. En ese sentido, es necesario apuntar hacia una contratación pública mucho más inteligente, con procesos y contratos estandarizados, y una menor posibilidad de comprar voluntades para modificar las bases del contrato. 

En la medida de lo posible, y según la naturaleza de los bienes o servicios a contratar, los procesos de contratación deben realizarse de manera electrónica y mantenerse abiertos, al menos, hasta el momento de evaluación de las ofertas. Además debe existir la posibilidad de ser controlados tanto por los organismos estatales de contralor como por la ciudadanía.

Países como Perú hoy buscan ser admitidos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización que cumple un rol importante para el derecho administrativo al proponer ciertas buenas prácticas en la materia. 

También ayuda que los órganos encargados de seleccionar a quién se adjudicarán los contratos y los que fiscalizan su complimiento sean técnicos e independientes. Cuando alguien tiene un prestigio que defender, es más difícil que pueda corromperse. Por el contrario, cuando su posición obedece a un favor político y tiene una posibilidad de ascenso político o social, existen más posibilidades de corrupción. Por ello, se aconseja, también, fiscalizar el cumplimiento del contrato, por parte de un órgano autónomo. 

Integridad ante todo

Es importante establecer pliegos de contratación y exigir programas de integridad, en línea con las sugerencias de la OCDE, para establecer pisos o niveles del comportamiento anticorrupción exigible para un contratista del Estado. Aun así, esta no es la solución a todos los problemas, ya que también deben fijarse sanciones por actos de corrupción en las bases de la licitación para que actúen como disuasivos a eventuales prácticas corruptas. 

Un aspecto a tomar en cuenta es que las contrataciones no pueden regularse pensando de manera exclusiva en la corrupción. Un sistema de contrataciones que se dedique solo a ello y partiese de la base de considerar que todo funcionario y contratista son potenciales corruptos o corruptores no cumplirá su función. 

Los mecanismos para solucionar cualquier posible disputa deben ser transparentes y administrados por sujetos imparciales e independientes. De no serlo, pueden generar nuevas causales o incentivos para cometer actos de corrupción. Por último, es importante elegir personas íntegras para llevar adelante estos mecanismos. Recuerda, es importante luchar contra la corrupción en las instituciones, pero su origen está en el corazón de los hombres. ¿Qué otras acciones consideras necesarias para lograr contrataciones públicas más limpias? 

En nuestra próxima entrega, analizaremos posibles soluciones ante casos comprobados de corrupción en contrataciones públicas.