El "valor compartido" es una idea desarrollada por el profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard. Se trata de un concepto muy valioso que, sin embargo, no puede venir sin "responsabilidad compartida", la misma que se entiende como el trabajo conjunto entre todos los estamentos que componen una cadena de producción (la empresa, el Estado, la comunidad, las ONG y las iglesias, entre otros).

Si bien es cierto que una empresa tiene la responsabilidad de integrarse con la comunidad en la que opera y lograr su aceptación, hay otra serie de aspectos que se deben considerar y que involucran a otros actores:

•  Cuando una compañía comienza a pagar impuestos hace que la comunidad también sea socia del emprendimiento al igual que el Estado. Pero es responsabilidad de la empresa, así como del Estado, difundir los beneficios de la actividad empresarial desempeñada, en este caso el desarrollo minero. 

•  Es responsabilidad de las comunidades saber cómo funciona una empresa privada y en qué consiste su emprendimiento. También, es necesario que las personas sepan, por ejemplo, que la organización tiene accionistas a los cuales se les tiene que reportar porque son finalmente los propietarios de la compañía. 

•  El Estado tiene la responsabilidad de redistribuir los recursos que provienen de la actividad minera para generar el mayor bienestar posible en la población. Lamentablemente, es evidente que esto no se ha logrado por la creciente insatisfacción en las comunidades.

Volviendo al concepto de "valor compartido", este tiene que ver con obras de infraestructura e inversiones de proyección social que contribuyen a que las comunidades donde trabajan las empresas mineras tengan más facilidades para producir bienes y servicios y así generar bienestar. 

En la actualidad, las empresas mineras contribuyen con sus comunidades con obras de infraestructura como carreteras, electrificación rural, comunicaciones, así como adquiriendo productos (agrícolas, ganaderos e industriales) que se producen en las zonas donde operan. Es por este motivo que han proliferado empresas regionales proveedoras de bienes de consumo y  servicios.

¿Las comunidades mineras deberían ser parte del accionariado de una empresa?

El tema del accionariado para las comunidades hay que analizarlo bien. No porque las empresas mineras se resistan a hacerlo, sino porque hay cuestiones que se deben conocer antes de hacer tal propuesta.

Para hacer una emisión de capital en el Perú se requiere que la junta general de accionistas apruebe una emisión de derechos de suscripción preferente. Si la empresa está inscrita en bolsa se debe comunicar con anticipación a los accionistas para que puedan decidir si quieren tomar o suscribir esos derechos para efectos de entregar acciones a terceros porque de seguir un aumento de capital habría que ceder esos derechos de suscripción preferente. Y por supuesto que los aumentos de capital no son gratis, pues son el producto de una transacción comercial. 

Por otro lado, un gran número de proyectos mineros tiene como zonas de influencia más de una comunidad. La pregunta es: ¿a qué comunidad les darían las acciones? Y si lo hacen, ¿en qué porcentaje? Solo el hecho de ponernos a pensar en estos aspectos haría aún más complejas las relaciones entre las empresas y las comunidades. 

Pero aquí no terminan los problemas. Algunas empresas mineras que trabajan en Perú, como Milpo, Buenaventura, Volcan, entre otras, tienen operaciones no solamente en distintas comunidades, sino en diferentes regiones e incluso fuera del país. Preguntamos: ¿cuántas comunidades tendrían que beneficiarse del accionariado y en qué porcentajes? ¿Podrán responder a estas preguntas quienes hacen la cuestionada propuesta?

Otro error conceptual de la propuesta es no tomar en cuenta que ya hubo experiencias similares que no funcionaron. En tiempos del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado fueron emitidas las acciones laborales, pero los trabajadores las vendieron casi inmediatamente en el mercado de valores. Y lo hicieron porque al trabajador le interesaba obtener el efectivo. También iban personas inescrupulosas a las operaciones mineras llevando electrodomésticos para canjearlos por las acciones laborales. De este modo, los empleados solo fueron accionistas de las empresas por algunos días. 

Como sabemos que el mercado de valores es libre, nada nos hace pensar que ocurra lo contrario en caso de darles acciones a las comunidades hoy en día. Seamos conscientes y revisemos la historia.  Adicionalmente, no olvidemos que desde 1969 con Cuajone hasta 1993 con Yanacocha, no se han desarrollado proyectos mineros en el Perú debido a la inestabilidad jurídica reinante y donde la destrucción de valor en las empresas fue un factor importante.

En el hipotético caso que las empresas mineras decidieran entregarles acciones a las comunidades donde operan, esto tendría un impacto negativo en la tenencia de acciones que hoy tienen las AFP, lo cual a su vez perjudicaría a muchas personas que utilizan a estas empresas como fuente de ahorro. 

Al parecer hay quienes pretenden señalar a los empresarios como mezquinos que no queremos compartir valor con las comunidades. Nuestra oposición a la transferencia de acciones mineras a las comunidades no es producto de un capricho. Es el resultado de la experiencia y del conocimiento del mercado de valores. Simplemente es una propuesta impracticable.

¿Está usted de acuerdo con la propuesta de que las comunidades participen con accionariado en las compañías mineras?