Por esa razón saludamos en este blog el inicio del debate sobre los planes de gobierno de los diferentes candidatos a la Presidencia.

En un artículo titulado "La política energética en el debate político"(diario La primera, 05/01/2011) se formulan tres propuestas de política:

a) "Frenar la exportación de gas y destinarlo a cambiar la matriz energética". Para acelerar el cambio de la matriz energética no hace falta más producción de gas sino desarrollar infraestructura de transporte y distribución para llegar a las ciudades no atendidas. Nada sacamos con suspender unilateralmente la exportación, aparte de espantar las inversiones, pues sin inversión adicional no se acelerará el cambio de la matriz. Si queremos que el Estado financie la construcción de infraestructura de distribución de gas, como se ha hecho en Colombia, un aporte serio al debate sería calcular cuanta inversión se requerirá para ampliar la distribución para llevar el gas a las principales ciudades.

Una vez definida la cifra habría que ver si se podría compartir el esfuerzo con el sector privado mediante algún mecanismo de subsidio y ver si dicha cifra es compatible con una política de equilibrio fiscal. En síntesis, el objetivo de cambiar la matriz energética no se conseguirá suspendiendo la exportación ya que lo que falta es infraestructura y no gas.

b) Más audaz me parece la propuesta de reducir la demanda de energía "frenando el ritmo de inversión minera" ya que "la mayoría de los nuevos proyectos no tienen licencia social ni ambiental". En breve no atendamos las solicitudes de expansión de la infraestructura eléctrica para atender a los nuevos proyectos mineros hasta que no tengan todos sus permisos ambientales y de construcción.

¿Se habrá tomado en cuenta que la puesta en operación de un proyecto de generación térmica, si todo sale bien, toma no menos de tres años? Dicho plazo se extiende a unos cinco a diez años en el caso de centrales hidroeléctricas por lo que si se acepta esta propuesta los proyectos mineros una vez obtenidas las autorizaciones tendrían que esperar no menos de tres años para iniciar su construcción. ¿Se habrá tomado en cuenta el sobrecosto que eso significaría para cada proyecto?

La minería es la principal demandante de energía. Esto además de un reto constituye también una oportunidad ya que al atender la demanda de la mina podemos recuperar los costos de la inversión y con una inversión pequeña y complementaria darle energía a las poblaciones que viven en el área de influencia de los nuevos proyectos. Existe el recurso de que sea el Estado el que financie y ejecute las obras necesarias para ampliar la red de distribución de electricidad vía energías tradicionales o renovables, lo que es una responsabilidad compartida por el  gobierno nacional, regional y local. En ese caso la contribución al debate podría  ser estimar cuánto costaría, en cuantos años se podría hacer y si dicha cifra sería compatible con una política de estabilidad fiscal.

c) "Desconocer el acuerdo energético con Brasil". Obviamente la propuesta no toma en cuenta  las ventajas de la inter conexión eléctrica regional. Recomendamos revisar los estudios realizados por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y la Comisión de Integración Eléctrica Regional (CIER) que demuestran las cifras de ahorro para toda la región y para cada uno de los países integrantes si los gobiernos acuerdan una efectiva integración.

Hasta donde conocemos, el acuerdo energético con Brasil todavía no identifica proyectos específicos ni plazo para su construcción. Oponerse a unos acuerdos que deberán ser evaluados y negociados, anticipando que serán lesivos al interés del país es como en su momento ocurrió cuando se  discutía la construcción de  la carretera panamericana. En unos años nadie discutirá la necesidad de vincular a todos los países de la región a través de una red eléctrica, igual como la tienen hoy los países europeos o Estados Unidos y Canadá.

Bienvenido el debate sobre política energética.