Como país minero, el Perú ha destacado como segundo productor mundial de plata y cobre, además de ser el tercero en producción de zinc. En Latinoamérica es el primer productor de oro, estaño y plomo, y el segundo en molibdeno. Este posicionamiento es posible gracias a la cordillera de los Andes, que recorre nuestro territorio de manera longitudinal y es la fuente de los depósitos minerales que producimos para todo el mundo, dentro de un marco regulatorio motivador de inversiones en el sector.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Debido a las políticas económicas de los últimos Gobiernos y la pandemia de la COVID-19, para el 2022, la producción se sostendrá en las reservas económicas obtenidas en las campañas de exploración y geología realizadas en prepandemia. Los productos que más se exportarán serán el cobre, la plata, el oro, el estaño, el zinc y el molibdeno. La reducción de inversiones en las exploraciones impactará negativamente a la producción de los siguientes años.

A su vez, los problemas financieros del gigante Evergrande han generado crisis e inestabilidad inmobiliaria en China y en el sistema financiero mundial, sumado a la presión inflacionaria de la economía de EE. UU. En nuestro país, esta situación afectará al sector minero y al no metálico, también conocido como minerales industriales, como el mármol travertino, la diatomita (somos el primer productor de América del Sur), la bentonita y los boratos. ¿Cómo revertir esta situación?

Inversión nacional y extranjera

El futuro de la economía peruana es preocupante a causa de la incertidumbre generada por el actual Gobierno. Los inversionistas requieren estabilidad política, legal, tributaria y social para tener confianza. En la actualidad, los inversionistas extranjeros y nacionales no tienen predictibilidad debido a:

• La lucha sanitaria contra la COVID-19.
• La posibilidad de una asamblea constituyente para cambiar la Constitución y, por tanto, el actual modelo económico.
• La relación y el trabajo conjunto del Congreso de la República con el Ejecutivo para la reactivación económica, el presupuesto nacional de este año y la definición del rumbo macroeconómico del país.
• La falta de transparencia y definición del Gobierno para incrementar los ingresos ante el mayor gasto fiscal para cubrir los programas sociales prometidos a la población vulnerable.
• Los diversos levantamientos comunales anti-mineros, reflejan debilidad e incoherencia del actual gobierno a la promoción de las inversiones privadas.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyecta que las inversiones para el 2022 serán mínimas y las inversiones actuales, pausadas y conservadoras.

Las inversiones del sector privado para el siguiente año se han deteriorado y sufrirán recortes por la incertidumbre y las expectativas macroeconómicas. Según la proyección del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las inversiones serán mínimas para el 2022, mientras que las inversiones actuales serán pausadas y conservadoras. Solo los proyectos de continuidad y optimización mantendrán los flujos e ingresos con ayuda del alza de las cotizaciones internacionales.

Los posibles cambios en el marco tributario también limitarán el desarrollo de nuevos proyectos. Además, las exploraciones y los estudios de factibilidad podrían ser retrasados o cancelados.

Sector público

Según lo establecido en la Constitución de 1993, y con base en el modelo de economía social de mercado, el Estado peruano debe orientar y liderar el desarrollo del país. Su actuación debe centrarse en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura, es decir, menor intervención del Estado en asuntos económicos y mayor participación del capital privado.

La proyección de la inversión privada para el 2022 sufrirá una inminente caída debido a la falta de inicio de nuevos proyectos mineros de gran magnitud. El Gobierno debe priorizar los proyectos pendientes para promover su desarrollo e impedir que se sigan postergando. Asimismo, las indefiniciones en los temas de tributación minera y de "rentabilidad social" deben aclararse para dar tranquilidad.

El Ministro de Economía, Pedro Francke, mencionó que el proyecto Tía María enfrenta mucha resistencia social, a tal punto de que no se ve viable. En ese sentido, el Gobierno debería cumplir su rol coherente y ejercer su capacidad política para actuar como un interlocutor entre la empresa y las comunidades, a fin de impulsar el proyecto. ¿Qué otras acciones consideras necesarias? Déjanos tu opinión.