El agro es una de las actividades económicas principales en el país, que le otorga al Perú una eficiente y productiva posición en el mercado globalizado. Los negocios que abarcan los sectores agroproductivo, agroindustrial y agroexportador cumplen uno de los roles más importantes para el crecimiento económico del nuestra nación. 

La formalización de las personas en el rubro agrario representa una gran herramienta para luchar contra la pobreza rural. Por ello, es importante tratar con pinzas los lineamientos que pretendan implementarse, a fin de no perjudicar su productividad. Aun así, en vez de promover políticas que ayuden a cerrar brechas en la agricultura, como la falta de desarrollo de esta actividad en la sierra, un grupo parlamentario opta por elevar los costos que representa el personal de trabajo mediante el Proyecto de Ley n° 5314/2020. 

Posibles riesgos

La Ley de Promoción del Sector Agrario, aprobada en el 2000, trajo consigo un régimen laboral especial con derechos distintos al establecido en el Decreto Legislativo n° 728, para fomentar el desarrollo del agro. A 20 años de su implementación, según el INEI, entre 2007 y 2017 aún registraba una de las actividades más bajas respecto a su crecimiento, y su productividad solo aportaba el 6 % del producto bruto interno (PBI). 

"El proyecto de Ley n.° 5314/2020, no es la mejor opción para una reactivación económica, más aún cuando empresas de casi todos los sectores, incluyendo el agro, están buscando mantener puestos de trabajo..." (INEI, 2018)".

En este sentido, el régimen laboral especial ha promovido el crecimiento del sector al permitir la apertura de más trabajos formales, puesto que, como señala expresamente el Banco Mundial (BM), "la agricultura para la exportación sigue creciendo. Los que apoyan la ley n° 27360 indican que no solo aumentó el número de empleos formales, sino que también mejoró la calidad de estos puestos de trabajo". 

Este año se presentó el Proyecto de Ley n° 5314/2020, que propone la mejora de las condiciones laborales en el desarrollo de la actividad agraria. Presentado por el congresista Mario Quispe, integrante del grupo parlamentario Alianza para el Progreso, busca mejorar las condiciones del régimen laboral en el sector agrario, modificando los artículos 7° y 9° de la Ley de Promoción del Sector Agrario, sin tomar en cuenta no solo el factor de la informalidad, sino también apartándose del espíritu de la ley. 

El crecimiento y la formalidad que se buscaban, y aún no se han conseguido a plenitud, se ven perjudicados y aletargados, ya que, en concordancia con lo que señala Erik Fischer Llanos, presidente de ADEX, esta modificación representa un alto costo en circunstancias tan complicadas en las que, a raíz de la pandemia originada por el brote de COVID-19, se busca mantener puestos de trabajo. 

A la fecha, la economía mundial aún se encuentra golpeada. Solo en abril, el sector agro del Perú cayó en un 18 %, y el 95 % de las empresas que forman parte de esta actividad económica son pequeñas y medianas. En ese escenario, la aprobación de este proyecto con matices populistas sería altamente perjudicial en términos económicos. 

El legislador señaló que las mejoras implementadas en la ley recién modificada no son suficientes, pese a ser positivas para el sector agro. Como señaló el presidente de ADEX, con la renovación de la ley, el agro no tradicional generaría este año 1 349 000 empleos (directos, indirectos e inducidos), beneficiaría a los pequeños productores, quienes recuperarían las inversiones y el ritmo de crecimiento anual de sus despachos al exterior. Si la generación de más puestos de trabajo no es suficiente, ¿qué sí lo es? 

Pérdida de incentivos

La ampliación del Régimen de Promoción Agraria hasta el 2031, establecido mediante Decreto de Urgencia n° 043-2019, amplió el régimen de promoción agraria. Además, añadió beneficios labores y aportes al seguro social, que fue bien recibida por ADEX y por el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP). 

La ampliación presenta mejoras a favor de 4000 empresas sujetas al régimen agrario y para las más de 400 000 personas que laboran en el sector, ampliando vacaciones de 15 a 30 días y elevando la remuneración mínima diaria de S. 36.29 a S. 39.29 diarios. También incluye un aumento progresivo en las aportaciones de EsSalud, empezando en 6 % hasta llegar a 9 %. Tomando en cuenta estas mejoras, ¿cuál es la necesidad de elevar costos hasta volverlos gastos para las empresas en crisis?. 

En síntesis, esta propuesta de ley generaría un incremento del salario mensual de un trabajador en un 51.5 %, alcanzando alrededor de S. 1875, es decir S.59.40 diarios. Todo ello, sumado al aumento de la compensación por tiempo de servicios (CTS) en un 9.72 %, más la gratificación de 16.66 % y el bono de productividad de 3.5 % a la remuneración mínima vital (RMV), que actualmente es de S. 930. 

De las afirmaciones anteriores, concluyo que, si bien se beneficiaría a los trabajadores actualmente contratados, a corto o mediano plazo representaría un recorte en el personal y las convocatorias en busca de colaboradores para las campañas serían menores. Ello sin contar que, si se buscaba la formalización de quienes viven de esta actividad, este objetivo perdería incentivos por el alto costo que representaría la formalización de negocios. Esto dejaría a las personas que laboran en la informalidad sin ningún tipo de beneficio. 

Asimismo, considero que aun cuando la pandemia ha originado una crisis sanitaria mundial que ha interrumpido el normal funcionamiento de las industrias, el proyecto de Ley n° 5314/2020, no es la mejor opción para una reactivación económica, más aun cuando empresas de casi todos los sectores, incluyendo el agro, están buscando mantener puestos de trabajo que representan la economía familiar del 26.1 % de la población económicamente activa (INEI, 2018).

Por lo cual, el proyecto de ley, materia de análisis, debería ser rechazado, por representar un potencial perjuicio económico para las empresas y sus puestos de trabajos como para el Estado. Debiendo, permanecer vigente la Ley 27360 con sus modificaciones.