La agroindustria es uno de los rubros empresariales con mayor desarrollo, ya que genera oportunidades de empleo e ingresos en el campo agrícola y otras actividades, como el packing, el transporte, el procesamiento y la comercialización de productos agrícolas. Por ello, la mejora de la calidad de los productos a través de un proceso industrial es clave para aumentar la demanda y generar un impacto económico significativo en las comunidades rurales del Perú.
En ese sentido, el Ejecutivo, con fecha del 13 de agosto del 2021, promulgó la Ley n.o 31339, Ley que Promueve la Industrialización del Agro. Según el primer artículo, su objetivo principal es generar nuevos motores de crecimiento económico que lleven a la diversificación y la sofisticación económica, la reducción de la dependencia de los precios de materias primas, la mejora de la productividad, el aumento del empleo formal y de calidad, y un crecimiento económico sostenible de largo plazo.
Estos objetivos se cumplirán a través de la industrialización del agro. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) será responsable de llevar a cabo lo propuesto por el Ejecutivo mediante la elaboración del Plan Nacional de Competitividad Agroindustrial, también denominado por sus siglas como Compeagro.
Se proyecta que este plan será financiado por la Corporación Financiera de Desarrollo SA (Cofide) mediante la participación en el desarrollo sostenible e inclusivo del país. Esta se realizará a través de líneas de créditos, tanto para entidades públicas como privadas, con menores intereses y mayores plazos.
Una forma de incentivar el crecimiento de la agroindustria es destinar el financiamiento a impulsar los clústeres en las regiones identificadas en su mapa de desarrollo.
Por otro lado, es claro que cualquier iniciativa con implicancias financieras sobre lo dispuesto por la ley debe ser aprobada por una norma de igual rango y que garantice su sostenibilidad financiera, además de identificar la fuente de financiamiento correspondiente, a fin de diseñar un mapa de desarrollo económico por regiones. Se busca identificar el tipo más adecuado y factible de industrialización para cada rincón del país, según su potencial y la realidad de la zona.
La propuesta del Poder Ejecutivo es acertada porque, en los últimos años, el Perú se ha posicionado como uno de los países más ricos en productos agrarios. A su vez, este sector es uno de los que registra mayor crecimiento, al superar, en el 2020, los USD 8000 millones en exportaciones, pese a la situación de la pandemia de la COVID-19.
Según My Peru Global, Perú es el mayor exportador de arándanos en el mundo y mantiene el segundo puesto como mayor exportador de uvas de Latinoamérica. Además, es el cuarto exportador mundial de mango, con lo que se consolida como uno de los países con mayor nivel de exportación de frutas y verduras.
El potencial de la agroindustria peruana la posiciona como uno de los ejes fundamentales para la reactivación económica del Perú. Sin embargo, esto no podrá ser una realidad si antes no se mejoran aquellas condiciones que desincentivan y ralentizan el crecimiento de este sector, como el difícil o costoso abastecimiento de agua, rutas de difícil acceso, entre otras circunstancias que competen estrictamente al Estado.
Una forma asertiva de eliminar las fallas descritas e incentivar el crecimiento de la agroindustria es destinar el financiamiento a impulsar las concentraciones empresariales, también conocidas como clústeres, en las regiones previamente identificadas en su mapa de desarrollo. Los clústeres deben incentivarse porque son una de las formas de desarrollo económico sectorial con mayores incidencias positivas, debido a que su principal característica es buscar que determinadas empresas cumplan con los siguientes requisitos:
Proximidad geográfica.
Posibilidad de integrar y proveer productos y servicios entre sí.
De esa forma, se generará una ventaja competitiva, un mayor valor agregado, acceso a nuevos mercados y, sobre todo, un incentivo en la formación de nuevas actividades comerciales y crecimiento regional.
Por todo ello, la promulgación de la Ley n.o 31339 es una buena propuesta, pero que aún no se encuentra consolidada, ya que se tiende a olvidar que el financiamiento por sí solo no es la mejor forma de obtener una reducción en la dependencia de precios de materia primas, la mejora de productividad o el aumento de empleo. Primero, hay que identificar qué actividad hace falta en determinada zona geográfica e invertir solo en quienes deseen implementar los servicios que escasean o requieran de financiamiento para mejorar sus actividades comerciales que coadyuven a las agroindustrias. Así podrán eliminarse costos como el de transporte. ¿Consideras que la ley será suficiente para impulsar el desarrollo de los clústeres? Déjanos tu opinión.
Una forma de incentivar el crecimiento de la agroindustria es destinar el financiamiento a impulsar los clústeres en las regiones identificadas en su mapa de desarrollo.
Abogado, con estudios de maestría en Derecho Civil Empresarial. Master del MBA ESAN. Cursando la maestría en Finanzas & Derecho Corporativo en ESAN. Especializaciones en Dirección Estratégica de Gerencia de RRHH, Derecho Corporativo y Fusiones & Adquisiciones de empresas. Forma parte del comité consultivo académico de ISAT.
Profesional con más de 15 años dedicados a la gestión de asesoría legal en temas de derecho corporativo, contractual y societario. Se ha desempeñado como Gerente Legal en empresas langostineras y pesqueras. Ha sido Jefe Legal Corporativo en empresas como Camposol SA, Grupo Gloria, Cartavio SA, entre otras.
Actualmente, se dedica a la consultoría corporativa.
La ley de cooperativas agrarias facilitaría que los pequeños productores compitan con las empresas más grandes del sector y dinamizará el mercado por las interacciones constantes entre la oferta y la demanda.