Las recientes huelgas en diferentes sectores del Estado nos sirven para analizar los problemas que viene pasando la negociación colectiva a nivel público. Lamentablemente, el arbitraje podría ser una salida a los reclamos laborales, incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo plantea, pero en la actual legislación peruana eso no es posible.

En el Estado hay una norma que limita los temas económicos en los convenios colectivos y laudos. La Ley de Presupuesto señala que las negociaciones colectivas solo pueden tomar en cuenta condiciones de trabajo, es decir, la esencia de la negociación colectiva que es la materia económica no puede tocarse en el Estado.

Por ejemplo, en la reciente huelga de médicos, el Ministerio de Salud no ha podido negociar aumento de sueldos. Lo que se hace es tratarlo en paralelo y disponer aumentos de sueldos de manera unilateral dejando el convenio colectivo únicamente con elementos laborales. Esta situación hace que se le saque la vuelta a la ley y es una demostración de que la Ley de Presupuesto debe cambiarse.

Pero la Ley de Presupuesto no es la única que presenta estos problemas.  La nueva Ley de Servicio Público (Servir) incurre en las mismas limitaciones. Ante esto, lo que podrían hacer los trabajadores es acudir a un arbitraje donde se declare inconstitucional esta limitación y se pueda disponer aumentos en las negociaciones colectivas.

Más allá de la determinación que se tome, lo cierto es que el Estado se va llenando de protestas sociales, ya hubo huelga de trabajadores judiciales, luego vinieron los médicos, antes fueron los profesores, ya se habla de ministerios. En un contexto que se va tornando convulsionado, definitivamente considero que falta resolverse algunos temas. Uno de ellos es la información al público, porque cada parte da su versión sobre la huelga, sobre los sueldos, condiciones laborales, etc.

Por otro lado, creo que los trabajadores no deberían incurrir en excesos respecto a la cobertura de los servicios esenciales para la población, ni el Estado debería incentivar a los trabajadores para que no accedan a su derecho a la huelga. Considero también que debe haber un ente técnico, una universidad o una junta de notables, que determine cuáles son los puestos esenciales y cuáles no lo son.

Finalmente se debe abrir la puerta al tema económico en las negociaciones colectivas. Como sucede en otros países, se puede contar con una negociación macro regional una vez al año, donde se dispone aumentos globales para los trabajadores estatales, de acuerdo con el aumento de la inflación, por ejemplo. No se debe limitar el derecho a la negociación colectiva, más aún si en algunas empresas estatales sí se permiten aumentos. Eso es discriminatorio. El Estado tiene aquí una gran responsabilidad, porque los problemas sociales se están incrementando.

¿Está usted de acuerdo con permitir aumentos salariales en las negociaciones colectivas del sector público?

Esta entrada contiene un artículo de:

Jorge Toyama Miyagusuku

Socio del Estudio Miranda & Amado Abogados. Miembro de la Junta Directiva del Comité de RR.HH. de AMCHAM. Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Profesor del MBA Tiempo Parcial de ESAN