El 2022 fue un año complicado para la agricultura peruana, que no solo se vio afectada por una escasez de productos esenciales como la urea, sino que también registró una sequía que se prolongó durante meses. El país necesita ampliar con urgencia sus reservas de agua dulce para mitigar este tipo de problemas en el futuro, y el represamiento constituye la solución más viable para alcanzar este objetivo.

Problemática nacional

El 64 % de la superficie agrícola del Perú carece de sistema de riego: quienes la trabajan deben esperar la temporada de lluvias para sembrar sus cultivos. En ese sentido, es importante precisar que cerca del 97 % de agricultores de la costa peruana emplean sistemas de riego. Sin embargo, en la sierra, el porcentaje desciende a 40 % y, en la selva, apenas llega al 2 %. Esta problemática repercute en la productividad de los cultivos y en la calidad de los productos finales.

El buen rendimiento de una hectárea depende de que el cultivo tenga acceso al agua de manera oportuna. Ahí radica la importancia de los proyectos de represamiento de agua dulce, ya sean grandes o pequeños, pues podrían revertir el escenario. No solo elevarían la productividad de los agricultores peruanos, sino que también permitirían satisfacer las necesidades básicas de la población e, incluso, potenciar las actividades industriales en zonas de campo.

Panorama regional

El Perú cuenta con tres vertientes hídricas: la del Pacífico, la del Atlántico y la del Titicaca. Asimismo, posee 77 grandes embalses. Dispone de 1 935 621 hectómetros cúbicos de agua (hm3) por año, pero solo represa y regula un 0.29 % de ese total, equivalente a 5566 hm3. A nivel regional, México nos lleva mucha delantera, ya que regula cerca del 47 % de su disponibilidad hídrica. Le sigue Ecuador, que regula cerca del 2.6 %, y Chile, con el 0.5 %.

Estos países llevaron adelante políticas de inversión agresivas en el sector agrícola para garantizar un mayor acceso al agua. También impulsaron asociaciones público-privadas (APP) y contratación directa de obras para los proyectos de represamiento, pues son conscientes de que uno de los mayores problemas que traerá el cambio climático a futuro será la escasez de agua y están tomando desde ahora las mejores decisiones para asegurar una buena calidad de vida para su población en los próximos años.

Proyectos importantes

Hoy, el Perú tiene en cartera 16 proyectos que, de ejecutarse, permitirían ampliar hasta 1.5 veces el volumen actual de agua represada. Para ello, se requiere una inversión de al menos S/12 000 millones, pero el presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) solo es de S/ 3000 millones. Por eso, el dinero restante podría obtenerse mediante APP o cofinanciamientos para ejecutar la inversión a corto plazo y pagar la deuda en un plazo de 20 a 30 años.

Del total de proyectos, hay dos en los que el Gobierno debe poner mayor atención. El primero es Chavimochic, cuyo laudo arbitral ha finalizado el 23 de enero. Es decir, el Gobierno podrá ejecutarlo mediante obra pública directa, bajo modalidad Gobierno a Gobierno (G2G) o con un nuevo concesionamiento, recomendamos la modalidad G2G. El segundo es Majes-Siguas II, que ya se encuentra en ejecución, pero es necesario sintonizar a la nueva autoridad regional con la compañía a cargo y con los ministerios correspondientes para agilizar su construcción.

Tenemos otros casos como el de Chinecas, en Áncash, y Cazaderos, en Tumbes, que se encuentran en fase de idea de proyecto. También está Tambo Ccaracocha, en Ica, aún en formulación de perfil. Figuran los proyectos cuyo avance se ha retrasado por problemas en la coordinación o conflictos sociales, como Cunas, en Junín. También tenemos a Iruro, ubicado en Ayacucho y Arequipa, que ya fue construido, pero debe iniciar su segunda etapa. Como podemos comprobar, cada proyecto tiene problemas particulares que el Ejecutivo debería resolver o destrabar a la brevedad.

Retos pendientes

Existen tres acciones clave que podría tomar el Gobierno actual. El Midagri debería incorporar una Dirección General de la Inversión Privada en el Sector Agricultura, encargada de buscar el financiamiento mediante los mecanismos ya mencionados para asegurar la inversión en pocos años y que los pagos se realicen en un plazo mayor. Si el ministerio destinase solo su presupuesto, demoraría demasiado y no tendría cómo financiar otras acciones de su campo.

Lo segundo es que el Midagri debe reducir a dos las unidades ejecutoras de riego, una de carácter nacional que ejecute las inversiones grandes y la otra de carácter descentralizado que transfiera recursos a los gobiernos regionales y locales y les brinde asistencia técnica en la ejecución de este tipo de proyectos. De esa manera, se logrará mayor eficiencia en la ejecución de este tipo de proyectos.

Por último, es crucial trabajar de la mano con las organizaciones agrarias para identificar las zonas donde se necesita el acceso al agua con mayor urgencia y construir más infraestructura que mejorará, a largo plazo, la calidad de vida de la población. ¿Consideras necesaria alguna acción adicional? Déjanos tu opinión.

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