En medio del debate electoral surgió la propuesta de derogar la norma que tiene por objeto la formalización de los mineros informales. Lo dije en su momento y reitero: no se trata de hacer un borrón y cuenta nueva. No creo que todo lo hecho en el gobierno saliente estuvo mal. Hay que ser cuidadosos. Creo que hay ideas inteligentes. Si es necesario revisar parte de la legislación, habrá que hacerlo y para eso está el Congreso. Pero proponer que todo debe volverse a fojas cero, me parece un error. Acá hay un proceso de formalización y debe continuar.

Siempre recuerdo -y lo que diga puede ser anecdótico pero representativo de lo que pienso al respecto- que en 1986, durante el primer gobierno de Alan García, conversé con el entonces ministro de Energía y Minas, Wilfredo Huayta, a quien le dije que lo que ocurría en Madre de Dios había que detenerlo antes que estalle. Y el ministro me dijo: "Es un problema social". Ahora, 30 años después, el tema medioambiental ya sobrepasó el tema social.

¿Por qué no se detuvo el problema al comienzo? Hoy ya no estamos hablando de la zona más cercana a Puerto Maldonado sino de Tambopata y más lejos aún. Es necesario analizar esa problemática. ¿Por qué hay miles de mineros informales? ¿Por qué no tienen oportunidades en otros sectores? ¿Qué paso? ¿En qué nos hemos equivocado como sociedad? Ciertamente hay mafias que habrá que combatirlas. Pero no todos son mafiosos.   

No creo que haya alguien que tenga la varita mágica para resolver el problema de la informalidad. Es preciso hacer una gran cruzada para buscar soluciones.

La minería informal es un problema multisectorial y hay que afrontarlo desde esta perspectiva. No es solamente un problema económico o social o medioambiental. Hay que abordarlo multidisciplinariamente y sin ideologizar las cosas. Hay que ser muy cautelosos tanto en el diagnóstico como en las propuestas.

En ese sentido, me parece respetable la posición de Hernando de Soto respecto a la necesidad de establecer cómo se puede generar propiedad para los informales, pero también hay que tener mucha cautela en su evaluación y aplicación. No estoy seguro de compartir al 100% la propuesta de Hernando de Soto. Pero sí sé que algo hay que hacer.

Lo primero que debemos pensar es en la necesidad de que haya presencia del Estado expresada en hospitales, postas médicas, escuelas, programas sociales, inversión en infraestructura, etc. Los ciudadanos deben sentir que desde el Estado hay quienes se preocupan por su bienestar.

No creo que haya alguien que tenga la varita mágica para resolver el problema de la informalidad. Es preciso hacer una gran cruzada para buscar soluciones. Por ejemplo, le he sugerido al presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), realizar un simposio o un congreso para discutir el tema de la minería informal. Creo que es un tema muy serio y que debemos discutir para llegar a soluciones concretas.

¿Qué soluciones propondría usted para afrontar la minería informal?