La reforma laboral es necesaria porque la actual legislación peruana solo comprende a un tercio de los trabajadores asalariados del Perú. Esta situación hace necesaria una regulación laboral más atractiva e inclusiva (que comprenda al resto de trabajadores peruanos). En esta línea, los cambios que se planteen deberían estar dirigidos a los nuevos empleados, manteniendo iguales los derechos de los antiguos.

Es preciso indicar que no se trata de una reforma que busque afectar los derechos constitucionales del trabajador, ni de los derechos reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lo que se busca es que aquellos trabajadores que sean informales y que no gocen de derechos, los tengan, y eso implica estar en planilla, tener seguro social, etc. Ningún derecho que esté en la Constitución o amparada por la OIT debería verse afectado por una reforma laboral en el Perú.

Por otro lado, algo que tampoco se toma en cuenta es el costo por administrar los derechos laborales. Así, una empresa debe tener en planilla a una persona que administre la planilla electrónica, un ingeniero en seguridad y salud, un médico ocupacional, un trabajador social y un relacionista laboral. Es decir, por lo menos necesita tener cinco colaboradores propios para administrar los aspectos laborales.

Ante lo expuesto, el Perú requiere apostar por una reforma laboral integral, la cual debe desarrollarse con una nueva ley general de trabajo. Esta norma debe dar derechos a los que no los tienen y respetar a los que ya los tienen. Asimismo, debería brindar respuestas a los problemas que se tienen en el mercado laboral.

La reforma laboral también debe aclarar varios temas que se deciden a nivel judicial. Un ejemplo casi esquizofrénico es la contradicción entre las resoluciones del Ministerio de Trabajo con las que emite el Poder Judicial. La norma actual deja muchas puertas abiertas a las interpretaciones, complicando el desarrollo de las empresas.

Hoy, es más fácil liquidar una empresa que despedir a un trabajador, pues esto último supone indemnización, reposición, autorizaciones administrativas o judiciales, mientras que cerrar una empresa no obliga a indemnizar ni necesita licencias. Por ello, debería facilitarse el mantenimiento de la empresa y del empleo, antes que la liquidación.

Cuando converso con colegas extranjeros no creen muchas de las situaciones laborales contradictorias que suceden en nuestro país.

¿Cómo implementar una reforma laboral que no genere convulsión social?

Esta entrada contiene un artículo de:

Jorge Toyama Miyagusuku

Socio del Estudio Miranda & Amado Abogados. Miembro de la Junta Directiva del Comité de RR.HH. de AMCHAM. Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Profesor del MBA Tiempo Parcial de ESAN.