En el Perú, la Contraloría General de la República (CGR) juega un papel crucial en la supervisión y el control de los recursos públicos. Sin embargo, la concentración de poder, algunos errores o exageraciones y la falta de transparencia en su funcionamiento han generado preocupaciones significativas. Este artículo aborda los riesgos a los que están expuestos los funcionarios públicos y el Estado peruano debido a estas deficiencias.

Sistema de trabajo

La misión de la CGR es dirigir, ejecutar y supervisar con autonomía el control gubernamental de las entidades públicas para contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos. Asimismo, contribuye a la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones. En las instituciones públicas, existen órganos de control institucional (OCI) con funcionarios designados por la CGR, que realizan su trabajo a través de control previo, simultáneo y posterior. 

Estas oficinas emiten informes sobre las actividades auditadas y las infracciones identificadas,  pueden derivar en responsabilidades civiles, penales y administrativas para los funcionarios involucrados. Existen casos en que dichos documentos han brindado muy buena información sobre graves infracciones y delitos cometidos; sin embargo  la calidad de su elaboración no siempre es la mejor.

Castigos, sesgos y burocracia

Uno de los principales problemas que afronta la CGR parece ser la existencia de una cultura organizacional que prioriza el castigo en vez de la mejora de la gestión pública. En ocasiones, pareciera que la evaluación de su personal depende del número de funcionarios que resulten imputados. Si a esto se suma la falta de especialización de algunas comisiones del OCI o el poco criterio demostrado por otras, tenemos el escenario para una tormenta perfecta. 

Cuando estas comisiones no tienen el conocimiento adecuado sobre la materia auditada, pueden llegar a conclusiones incorrectas o recomendaciones inaplicables. Además, si tienen sesgos preconcebidos y no valoran de forma adecuada los descargos de los funcionarios o los ignoran, sus conclusiones pueden llevar a largos procesos administrativos y judiciales inútiles. Esto no solo afecta a los funcionarios, sino también consume recursos significativos del Estado, incluyendo horas de trabajo de fiscales y jueces, así como costos legales.

Impacto en la reputación profesional

La falta de precisión y objetividad en algunos informes de la CGR puede tener consecuencias devastadoras para los funcionarios públicos. La publicación prematura de informes con responsabilidades en la web de la CGR expone a los funcionarios a un escarnio público injustificado. Por otro lado, cuando se determina que no hay evidencia suficiente para la apertura de procesos administrativos, las resoluciones respectivas no se publican, lo que perpetúa una asimetría perjudicial. 

Esta situación no solo daña la reputación y carrera de los funcionarios, sino también genera desconfianza en el sistema de control gubernamental. La asimetría en la transparencia es injusta y desincentiva a la CGR a corregir sus errores y asumir la responsabilidad por los daños causados. 

Esta cultura punitiva desmotiva a los funcionarios públicos que no se arriesgan al tomar decisiones dentro de sus procesos y causan, en muchas ocasiones, retrasos y paralizaciones en metas de las entidades públicas. También crea un ambiente de trabajo hostil y poco propicio para la proactividad y el desarrollo profesional, y convierte al funcionario en un fundamentalista de las normas. 

Revisión efectiva de informes

Los pedidos de revisión de informes de la CGR, respaldados por la la Directiva n° 014-2022-CG/GJNC, no son vinculantes, es decir, pueden solicitarse, pero la CGR no está obligada siquiera a revisarlos. Además, cuando se recurre la Defensoría del Pueblo, dicha entidad se limita a actuar como una mesa de partes de la CGR sin poder ni voluntad real para intervenir o brindar recomendaciones que mejoren esta situación. 

Esta falta de mecanismos de revisión efectivos deja a los funcionarios imputados de forma injusta en una situación de indefensión patética. Estas personas se resignan a tener que desvirtuar imputaciones en largos procesos judiciales, donde los procuradores tienen la obligación de apelar cuantas veces se pueda, aunque sea evidente el error, y extender el vía crucis por muchos años, pero actuando de manera diligente. 

Acciones recomendadas

Es fundamental implementar cambios legales y estructurales. Una posible solución es cambiar el chip desde la Escuela Nacional de Control, así como establecer desincentivos para los auditores que se equivoquen. Debería establecerse un control de calidad efectivo que obligue a la CGR a pronunciarse sobre todos los descargos que reciba, sustentar de forma técnica sus conclusiones y publicar los informes que liberen de responsabilidad a los funcionarios en los casos donde se haya cometido un error. 

Las sanciones a los funcionarios de la CGR también deberían ser públicas para que este personal tome conciencia y asuma la responsabilidad de los informes. Asimismo, en su evaluación debería incluirse el número de veces que se felicitó a cada entidad para evidenciar que hay profesionales que actúan de manera correcta. 

Otra acción recomendable es incentivar la labor de los procuradores para que revisen los informes que les llegan y formulen las observaciones del caso, dejando  de ser así meros tramitadores de la CGR. Por último, la CGR debería asumir los costos de los procesos judiciales y administrativos en los casos donde se determine que hubo errores en la elaboración de sus informes y estos sean desestimados en las instancias subsiguientes. 

En resumen, la falta de transparencia y el excesivo poder de la CGR representan, cuando se equivoca, un riesgo significativo para los funcionarios públicos y el Estado peruano. Es esencial implementar medidas que garanticen un sistema de control más justo y transparente para proteger los derechos de los funcionarios y asegurar un uso eficiente de los recursos públicos. Así, se evitará convertir a la CGR en una no tan santa inquisición. ¿Qué otras acciones aconsejarías? Déjanos tu opinión.

*Este contenido refleja la opinión personal de Hernando Carpio Montoya y no necesariamente representa la postura de la institución."