A finales de octubre, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Legislativo mediante el cual solicitó la delegación de facultades para legislar en materia tributaria. Esta iniciativa busca el incremento de tasas de regalías mineras y del impuesto general a la minería, así como una serie de modificaciones tributarias mediante las cuales se aumentan las tasas impositivas del impuesto a la renta (IR) y se crean nuevas hipótesis de incidencia. Ambos casos se aplican a contribuyentes como personas naturales y personas jurídicas. 

El proyecto de ley plantea, de forma genérica, las medidas que se buscarían aprobar: límites al gasto/costo, nuevas presunciones, gestión del litigio tributario, fiscalizaciones virtuales y responsabilidad de los asesores, entre otras. Respecto al impacto de estas medidas en la economía peruana, conviene mencionar que, en políticas fiscales, se aplica un principio elemental: en tiempos de crisis económica, no se obtiene una mayor recaudación tributaria aumentando los tributos (curva de Laffer). 

Según ello, de manera contraria a la lógica tributaria y económica, cuando el Ejecutivo pretende elevar las tasas impositivas y gravar nuevas operaciones para aumentar la recaudación tributaria --con estas medidas que, en realidad, no son más que un aumento de la presión tributaria sobre el sector formal de la economía peruana--, las únicas consecuencias serían la desaparición o salida del mercado de las micro y pequeñas empresas (mypes), el aumento de la informalidad y una menor inversión privada.

Modificación del régimen fiscal minero

De otorgarse al Ejecutivo la delegación de facultades para legislar en materia tributaria, sería posible aumentar la presión tributaria a la actividad minera. Incluso, con los mayores precios de los commodities de metales, es probable que las rentas gravables de las empresas mineras también crezcan. Sin embargo, esta mayor recaudación resultaría momentánea, sujeta a los valores internacionales de los metales, antitécnica e, incluso, lindante con una violación del principio constitucional de no confiscatoriedad. 

En pleno proceso de reactivación económica, sería contraproducente aplicar un aumento en la presión tributaria que afronta el sector formal de las empresas peruanas.

Para generar un aumento en la recaudación tributaria de manera natural, habría que sentar las bases para una mayor inversión privada, atraída por la seguridad jurídica. También se requiere un discurso con políticas claras, en el que tendrían que omitirse propuestas como las estatizaciones de la actividad privada o las asambleas constituyentes.

Aumento del impuesto a la renta 

La grave crisis económica que atraviesa el Perú tiene su origen en la paralización de la mayoría de las actividades económicas durante la aún vigente pandemia global y las malas medidas económicas internas que se adoptaron. En ese sentido, y en pleno proceso de reactivación económica, sería contraproducente aplicar un aumento en la presión tributaria que afronta el sector formal. También cabe preguntarse para qué necesita mayor dinero el Estado si no puede gastar con acierto el que ya fue recaudado.   

Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó que el aumento del IR solo afectará a los sectores de más altos ingresos, que representan menos del 0.5 % de los contribuyentes, los efectos económicos y tributarios serían contraproducentes si lo que se busca es aumentar la recaudación tributaria. En el fondo, la medida implicaría una menor inversión privada, menor trabajo, menor consumo, menor recaudación tributaria, menor crecimiento económico y, por ende, mayor pobreza.

El streaming en la mira

Ante la complejidad de imponer tasas impositivas a las plataformas streaming, el proyecto también busca modificar la ley del IGV estableciendo un componente de recaudación para la importación de bienes intangibles y servicios prestados a través de internet por sujetos no domiciliados. Sin embargo, esta medida no es imprescindible en el marco de las políticas tributarias que debe desarrollar el Perú, ya que la posible recaudación no resulta material para el fisco. 

Al parecer, el Estado no llega a entender que, en el caso de implementar esta medida, las empresas extranjeras de las plataformas de streaming subirán el precio de sus servicios a todos los consumidores y serán ellos quienes, al final, paguen ese tributo. Si bien otros países latinoamericanos han establecido mecanismos de recaudación, esta cuestión no es relevante ni factible en el contexto económico que ha generado la pandemia en el Perú.

Obligaciones contractuales en peligro

El proyecto también apunta a estandarizar la aplicación de un 2 % adicional sobre la tasa del IR para las empresas que accedan a convenios de estabilidad jurídica, suscritos por el Estado peruano para garantizar a la inversión privada que no modificará regulaciones tributarias por un lapso de tiempo. 

La pretensión de imponer un mayor impuesto, violando esta obligación contractual, resultaría sumamente perjudicial para el país, porque generaría una imagen de incumplimiento de la palabra empeñada por el Estado frente a la inversión extranjera. A su vez, ello devendría en el pago de millonarias indemnizaciones a favor de las empresas perjudicadas por este incumplimiento.

Por todo lo expuesto, considero un error referirse a este proyecto como una "reforma tributaria". Lo adecuado sería incluir medidas reales para combatir la informalidad en la economía peruana, pero sobre ese tema no se dice nada en todo el proyecto de ley. ¿Qué otros aspectos deberían incluirse? Déjanos tu opinión.