De acuerdo al Infrascopio 2017, el Perú es la quinta economía entre 19 países de América Latina y El Caribe con mejor entorno favorable para llevar a cabo alianzas público privadas (APP) sostenibles en infraestructura. No obstante, su ubicación actual representa un retroceso respecto al 2016.
En la edición de Infrascopio 2017 nuestro país se ubica después de Chile y Colombia (que empatan en el primer lugar), Brasil y Jamaica. En la anterior versión Perú ocupó la tercera posición tras Colombia y Chile. Es decir, nuestro país retrocedió dos posiciones en el ranking.
Para el caso peruano hay deficiencias en dos categorías: Inversión y clima de negocios, así como en Regulaciones. En materia de inversión se analizan básicamente factores como eficiencia política, voluntad política, ambiente de negocios y entorno competitivo. En esta categoría ocupamos el puesto 12, lo que se explica por las marchas y contramarchas del anterior gobierno respecto a la inversión privada y clima de negocios.
El indicador Regulaciones mide aspectos como los criterios de selección de las APP, la imparcialidad / apertura de las ofertas, los cambios en los contratos y renegociaciones y la coordinación entre entidades gubernamentales y sostenibilidad. En este ítem nuestro país se ubica en el puesto 10.
Entiendo que esta baja ubicación se explica por hechos como la inversión de miles de millones en la interoceánica para atender a 1000 vehículos que transitan diariamente; la existencia de proyectos adjudicados a un único postor en procesos cuestionados y hoy investigados por corrupción. También se debe haber considerado las nefastas renegociaciones que alteraron el equilibrio entre las partes en perjuicio de los usuarios y del sector público; así como los lamentables cambios normativos como hacer no vinculante la opinión de los organismos reguladores (creados para interpretar los contratos suscritos) e ir en contra de la opinión especializada como el caso de Chinchero.
El destape de la corrupción y el aceptar que se cometieron errores son la oportunidad para darle una mayor transparencia y apertura a las relaciones público-privadas.
El estudio también encontró que la transparencia y la rendición de cuentas en el desarrollo de las APP es deficiente. En los últimos años, en el Perú, no hubo suficiente transparencia, accountability ni rendición de cuentas, lo que facilitó actos de corrupción que pasaron desapercibidos y ahora salen a la luz gracias a las autoridades norteamericanas y brasileñas, no por autoridades peruanas. Cabe recordar que los especialistas y funcionarios en Perú afirmaban que no había errores ni irregularidades en las APP antes del escándalo de Chinchero (ver artículo anterior).
Es inaceptable que en la actualidad la información de los procesos de licitación que debe preparar y organizar Proinversión no llegue, completa u oportunamente, a los reguladores y otras instancias públicas involucradas. Esta situación genera asimetría de la información y propicia renegociaciones e interpretaciones perjudiciales para el sector público. Debe generarse una norma para diseñar la adecuada y oportuna preparación del libro blanco del proceso (bases integradas + contrato con anexos, matriz de riesgos, modelo financiero, propuesta técnica ganadora entre otros) y su entrega oportuna a los entes involucrados en la administración, supervisión y regulación de la concesión.
No obstante, el destape de la corrupción y el aceptar que se cometieron errores son la oportunidad para darle una mayor transparencia y apertura a las relaciones público-privadas. Esto se puede hacer mediante el cambio de normas y procedimientos internos que coordinan y difunden información entre concedente y regulador, Contraloría, MEF, prensa y público en general. El objetivo final será evitar o prevenir casos similares en el futuro.
¿Qué otras medidas se deben tomar para desarrollar un entorno más favorable para las alianzas público privadas?
El destape de la corrupción y el aceptar que se cometieron errores son la oportunidad para darle una mayor transparencia y apertura a las relaciones público-privadas.
Gerente general, Presidente de Directorio, accionista y Director de Transportes Enrique Cárcamo (1991-2009). Magíster en Administración – ESAN (primer puesto TC 1999). Ingeniero Civil PUCP (1992). Diploma en Gestión y Dirección de empresas PUCP. Consultor, asesor y director de empresas familiares y de emprendedores (2000-2023). Certificación Auditor Líder ISO 9000- Aseguramiento de la Calidad. Consultor y gestor de proyectos de consultoría Universidad ESAN. Profesor de postgrado de ESAN (2005- 2023). Curso de especialización sobre Financiamiento de Proyectos - Banco Mundial (Washington D.C) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Publicación de libros en editorial ESAN y artículos en diferentes revistas y medios. Asesor de tesis de postgrado. Conferencista Universidad EAFIT-Colombia.
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