El 18 de abril de 2017, el entonces director ejecutivo de ProInversión, Álvaro Quijandría, informó sobre la existencia de 140 proyectos de Obras por Impuestos (OxI) por 1 295 millones de soles para la reconstrucción de la infraestructura dañada por lluvias e inundaciones tras el Fenómeno El Niño. Siete meses después, las informaciones dieron cuenta de que no habían obras en ejecución e incluso ni siquiera están licitadas, para la limpieza de cauces y reconstrucción de las defensas ribereñas destruidas en el verano. Hoy tenemos un alto riesgo de mayores daños a la infraestructura nacional, así como de pérdidas materiales y vidas. 

El 22 de noviembre, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, declaró: "Todo expediente tiene que pasar por su ciclo de inversión pública, porque como no lo hace el Estado, alguna empresa podría sentirse tentada de inflar un poquito la obra para, de esa manera, pagar menos impuestos. Por eso es que tiene que pasar todo el ciclo de inversión pública. Agregó: "Para la reconstrucción no me cabe duda que se necesitan hacer OxI pero hay que supervisar bien para que ese mecanismo sea bien utilizado".

¿Cómo explicar que el actual gobierno no haya ejecutado las obras de prevención y reconstrucción? ¿Es correcto lo que afirma el ministro Bruce respecto a que obras de emergencia deben pasar por el ciclo de inversión pública que dura meses y no estar listas cuando se les necesita?  ¿Falló el marco legal?

Hay casos emblemáticos de obras por impuestos donde se ha hecho más obras, con más rapidez, de mayor calidad y a un menor costo respecto al monto adjudicado.

Definitivamente los escándalos de corrupción influyeron, se empezaron a denunciar posibles sobrevaloraciones de obras y se paralizaron las inversiones en reconstrucción. Sabemos que las obras ejecutadas por el sector público son lentas, demora años preparar expedientes técnicos (usualmente con poco presupuesto y de baja calidad) y pasar por el ciclo de inversión pública implica trámites burocráticos, meses o años de atraso e importantes sobrecostos o adicionales a las inversiones inicialmente previstas.

Sin embargo la respuesta es no, no falló el marco legal vigente, muy similar al de países vecinos, sino la interpretación y el uso del marco legal. 

¿Hay solución a la lentitud y burocracia de las obras públicas?

Esto ocurre en todo el mundo, por ello en Inglaterra -por los años 70- se optó por invitar al sector privado a realizar obras a un precio y plazo fijo (contratos de suma alzada, EPC), es decir, permitir que empresas privadas asumieran los riesgos de diseño, costos, plazos, lo cual permitió mejorar notablemente los índices de cumplimiento de plazos y presupuestos. Este mecanismo permite acelerar la implementación de obras, sin burocracia, sin temor a tomar decisiones, optimizando el uso de recursos y tiempos. Por supuesto, para que esto funcione, se necesitan empresas con expertise, know how, capaces de asumir estos riesgos y administrarlos en su labor.

Esta forma de contratación, precio fijo y plazo fijo, reduce riesgos y plazos, y ha sido un éxito  en los países donde se ha utilizado. En el Perú el marco legal vigente permite la contratación a precio fijo encargando a una empresa privada el diseño, el financiamiento y la construcción de obras. Sin embargo, el sector público peruano no sabe utilizar este mecanismo, cuando lo usan lo hacen mal, y la mayor parte de las contrataciones se hacen con el método tradicional.

El marco legal vigente de OxI permite la opción de contratar a precio fijo o suma alzada, con lo cual se evitaría que se inflen las inversiones como indica el ministro Bruce, dado que el sector privado asumiría los riesgos de diseño y construcción, estableciéndose un precio y plazos fijos para las obras. Hay casos emblemáticos de obras por impuestos donde se ha hecho más obras, con más rapidez, de  mayor calidad y a un menor costo respecto al monto adjudicado. La solución ha sido la contratación a precio y plazo fijo (EPC o suma alzada).  Además de usar este mecanismo, se requiere la participación de empresas de mucho prestigio y experiencia, que colaborando con el Perú, diseñen y ejecuten obras de calidad, supervisando el uso eficiente de los recursos y tiempos, y evitando los sobrecostos que pretenda trasladar la empresa constructora.

Es lamentable que con tantas instituciones de gran solidez y prestigio, como bancos, AFPs, mineras, retails, industrias, concesionarias, que tienen experiencia contratando obras, servicios a precio fijo y que pueden participar activamente del mecanismo de obras por impuestos, no lo hagan. El gobierno debe incentivar, motivar su participación en la reconstrucción del país.

¿Conocía usted el mecanismo de contratación a suma alzada? ¿Sabía que se puede usar esta opción en  Obras por Impuestos? ¿Por qué las empresas top no están participando en obras por impuestos?