Obtener licencias de funcionamiento en el Perú es una de las etapas que demora más el inicio de los negocios, según el último informe de "Doing Business" elaborado por el Banco Mundial. Los inconvenientes responden a los múltiples -y en ocasiones contradictorios- criterios que manejan las municipalidades al momento de otorgar las licencias y los utilizados por los fiscalizadores posteriormente.
Las dificultades que afrontan los negocios al momento de obtener licencias de funcionamiento no solo se dan en etapas pre operativas, sino también durante las ampliaciones o los cambios. De esta manera, es posible recibir multas o cierres temporales bajo el argumento que la licencia de funcionamiento autorizaba determinado negocio pero no otro afín o complementario que la lógica comercial sí lo entendía como incluido.
Por ello, este año se aprobó el Decreto Supremo N° 011-2017 -PRODUCE, en el que los titulares de licencias de funcionamiento pueden incorporar giros afines o complementarios conforme a lo dispuesto en los lineamientos. Estos lineamientos intentan incorporar criterios para uniformizar los giros afines y complementarios para las licencias de funcionamiento. De esta manera se limita la arbitrariedad con la que algunas municipalidades abordan la interpretación de los rubros de negocios de las empresas y que ocasionan demoras, informalidad o incluso corrupción. Además, se genera mayor predictibilidad administrativa al momento de iniciar un negocio.
Los giros afines o complementarios se entenderán como cualquier actividad económica que los administradores realicen dentro de un establecimiento. Es decir, que puedan coexistir sin afectar el funcionamiento del otro giro, respetando por supuesto la zonificación y seguridad de las edificaciones.
De esta forma se restringe la mala práctica de considerar la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) como una referencia de afinidad del giro. Así, se evita la confusión que genera el uso de esta clasificación industrial con el uso comercial de los establecimientos. De igual modo, termina por limitar las opciones de negocio que el administrador podría desarrollar en su establecimiento.
La nueva norma estableció además un listado de actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse tan solo con una declaración jurada. Esta medida reduce los costos a los usuarios y fomenta la confianza del estado hacia ellos.
Para que esta norma logre conseguir su propósito, el análisis de afinidad y complementariedad no solo deberá enfocarse en otorgar la licencia sino posteriormente en su fiscalización. Esto debido a que en muchas municipalidades ambas tareas se realizan en distintas oficinas que no exigen homologación de las interpretaciones. Además, resulta imprescindible que la actuación de los funcionarios de fiscalización municipal sea regulada debido a que ostentan la facultad de ordenar el cierre inmediato de un establecimiento comercial.
La nueva norma estableció además un listado de actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse tan solo con una declaración jurada. Esta medida reduce los costos a los usuarios y fomenta la confianza del estado hacia ellos.
Por ejemplo, en el sector retail, como parte de la estrategia de marketing, muchas empresas optan por incorporar a sus oficinas administrativas, espacios donde pueden exhibir sus productos pero sin estar abierto al público en general, ni constituir un punto de venta. Antes de la emisión de esta norma, no existía un lineamiento que reconociera que los usuarios podían realizar actividad administrativa y a la vez, tener lugares de degustación y ofrecimiento de muestras limitadas de sus productos y ahora, bajo los nuevos lineamientos, esto ya sería posible.
La promoción de la uniformidad y simplificación administrativa incorpora la capacidad de mayor eficiencia en los negocios. No obstante los usuarios deberán respetar los límites de zonificación y las reglas de seguridad de sus consumidores, a efectos de aprovechar la confianza que la autoridad otorga, en beneficio de reducir las trabas administrativas.
La nueva norma estableció además un listado de actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse tan solo con una declaración jurada. Esta medida reduce los costos a los usuarios y fomenta la confianza del estado hacia ellos.
Abogado por la PUCP y Máster en Derecho Comercial e Internacional por la Universidad de Buckingham. Actualmente, es Consejero Comercial de New Zealand Trade & Enterprise y Director Ejecutivo de su propio estudio. Con experiencia en PwC Perú, y en Londres, se especializa en derecho societario y comercial. Profesor en ESAN y autor de un libro sobre inversión extranjera y derecho empresarial. Ha sido distinguido como Caballero de la Orden del Camino de Santiago.
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