El gobierno ha expresado que su enfoque está orientado en luchar contra la informalidad: la meta es bajar la de independientes y asalariados a 30% (prácticamente la mitad). Sin embargo, también es un desafío, teniendo en cuenta que en los últimos diez años la informalidad aumentó un punto porcentual. 

En ese sentido, destacan las facilidades anunciadas a las microempresas. No olvidemos que es ahí donde está el mayor foco de informalidad (llegando a un 90%), y la que involucra a más de 3 millones de peruanos. ¿Cómo se logrará disminuir esto? A través de facilidades tributarias, créditos blandos, incentivos para la creación de empleo formal, y fomento para la capacitación y productividad: atractivos dirigidos hacia las mypes informales para llevarlas a la formalidad. 

Además, se necesita el apoyo del Congreso de la República ya que, a través del otorgamiento de facultades legislativas extraordinarias al Ejecutivo, se podrán aprobar medidas como el i) crédito tributario por cada trabajador formal con beneficios que contraten las mypes y ii) una simplificación administrativa y tributaria.

A largo plazo, el proceso de facilitar la formalización a las empresas tiene como objetivo que los trabajadores cuenten con una pensión al llegar a su vejez, así como acceso a servicios de salud y otros beneficios. En ese contexto, se debe fortalecer la Sunafil para que impulse la formalización a los informales mediante la orientación y persuasión. 

También, es importante la apuesta del gobierno por la reforma del servicio civil. Hay que fortalecer la modernización del servicio público y, en esa dirección, ya existe una reforma a la que falta dotar de presupuesto y cuya orientación es la de establecer un servicio civil basado en la meritocracia, la capacitación, etc. De forma complementaria, el Estado no puede impulsar la formalización en el sector privado ni la propia reforma del servicio público, sin proceder a eliminar progresivamente el régimen CAS que involucra a medio millón de trabajadores estatales sin derechos laborales. En ese sentido, lo que más destaca es la anunciada eliminación del CAS en el marco de la reforma del servicio civil.

El Estado no puede impulsar la formalización en el sector privado ni la propia reforma del servicio público, sin proceder a eliminar progresivamente el régimen CAS que involucra a medio millón de trabajadores estatales sin derechos laborales.

Algo queda en el tintero

El Perú necesita modernizar la legislación laboral del Estado, así como un Código de Trabajo que regule de manera integral y simple el sector privado. Se debe establecer con claridad hacia dónde apuntará la reforma laboral, sobre todo, en la mediana y gran empresa donde laboran más de tres millones de trabajadores.

Es así como queda en el tintero precisar el tipo de reforma por el que apuesta el gobierno. Es importante que sea una reforma que promueva la creación de más empleos formales y no la rigidez laboral. Debemos recordar que somos el octavo país en el mundo con mayor rigidez laboral en contratación y despido (según WEF); que en la Alianza del Pacífico somos el país con menor flexibilidad laboral; y que en la OCDE somos el segundo país más rígido tras Eslovenia.

De nada servirá que ingresemos a las grandes ligas del desarrollo económico como la OCDE si no somos capaces de ser un país atractivo para las inversiones extranjeras: para que las empresas globales se instalen en el país es necesaria una legislación laboral más atractiva.

¿Considera usted que se podrá reducir la informalidad de 60% a 30% en cinco años, como se lo ha propuesto el gobierno en su agenda laboral?