El agro peruano ha empezado el año con retos importantes, como la reducción de brechas y el aumento de la competitividad de los agricultores. Para este año se proyecta una inversión total de S/7262 millones en los tres niveles de Gobierno: S/3536 millones en el Gobierno nacional, S/2312 millones en los Gobiernos regionales y S/1413 millones en los Gobiernos locales. Pero, ¿qué problemas atraviesa el sector y cómo debería destinarse esta inversión para superarlos en el menor plazo posible?

Asignación de recursos en aumento

La inversión pública en el sector agropecuario se ha incrementado de manera sostenida durante los últimos cinco años. La mayor asignación se ha registrado este año, pues se destinó un 13.1% del presupuesto total del sector público en inversiones. Asimismo, en comparación con el Gobierno nacional y los Gobiernos locales, los Gobiernos regionales recibieron una mayor asignación de recursos para labores agropecuarias.

La ejecución de las inversiones del sector agrario y riego muestra un crecimiento sostenido. Al cierre del 2022, se logró ejecutar el 84.7% del presupuesto, el mayor porcentaje alcanzado en los últimos cincos años.

Este resultado fue posible porque las entidades públicas priorizaron la atención de inversiones en materia agraria, como respuesta a las sequías e inundaciones por efectos de El Niño Costero y al estrés hídrico, problemas que afronta el sector agrario en los últimos años. En ese sentido, junto con la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, se ha invertido en rehabilitar la infraestructura hídrica, así como en la siembra y cosecha de agua, y en infraestructura de riego en las zonas altoandinas del Perú.

Desafíos del sector

Los proyectos actuales apuntan al mejoramiento de la sanidad animal, la sanidad vegetal, la inocuidad agroalimentaria, el aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario, la reducción de suelos degradados, la mejora de la articulación de pequeños productores al mercado, el programa de desarrollo alternativo, y la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Sin embargo, en el primer mes del 2023, el avance en la ejecución solo es del 1%, por la inercia del inicio de actividades de cada año y el cambio de autoridades regionales y locales.

Los obstáculos más importante que hoy afronta la inversión pública en el agro son:

• Tomar velocidad en la ejecución de proyectos en los Gobiernos regionales y locales, porque tenemos nuevas autoridades.

• Acelerar el avance de las obras en la sierra y la Amazonia, ralentizadas durante el primer trimestre de este año por las diversas lluvias registradas.

• Destrabar las obras cuyos procesos de arbitrajes no permiten su ejecución.

• Asegurar una mejor planificación en la ejecución de las obras para evitar más retrasos y sobrecostos.

• Impulsar una mayor coordinación interinstitucional para obtener los permisos y las autorizaciones correspondientes.

• Fomentar la participación comunitaria, ya que la falta de diálogo con las comunidades y agricultores locales puede generar resistencia o rechazo a la implementación de proyectos.

La ejecución exitosa de proyectos en el sector agrario implica tomar medidas que resuelvan los obstáculos antes mencionados. Por ejemplo, entre enero y marzo del 2023, debería desarrollarse una capacitación intensiva a las nuevas autoridades y sus funcionarios para incrementar tanto la velocidad como eficacia en la ejecución de proyectos en los Gobiernos regionales y locales.

Otra acción inmediata en esta temporada de lluvias es que los equipos deberían realizar una planificación adecuada y coordinar a nivel interinstitucional para evitar retrasos en la ejecución de sus proyectos durante las próximas semanas. También se requiere generar espacios de diálogo entre los actores del territorio en el que se ejecuta un proyecto para evitar resistencia o rechazo de estos.

¿Qué otras medidas añadirías? Déjanos tu opinión.

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