Esta situación trae varios temas para reflexionar. Uno es cómo se desarrollan las bases de los concursos para seleccionar a los contratistas que ejecutarán las inversiones del Estado. Muchas veces esas bases están sesgadas para escoger a determinado contratista e impedir la participación de otros.

Por ejemplo, en una convocatoria para escoger como proveedor a una empresa cementera aparece en las bases el tipo de cemento a utilizar, lo cual hace que el concurso se oriente a la participación de determinadas empresas. Esto hace pensar que el concurso está hecho a favor de un postor. Y a esto se añaden las adendas y modificaciones a los contratos, que suelen contener pagos adicionales.

Esto no sucede en el sector privado, donde tenemos flexibilidad para escoger. En el sector privado las compras se suelen hacer teniendo por lo menos tres postores, con bases iguales para todos y se escoge la oferta que resulte más conveniente sin la rigidez que tiene el Estado. Lógicamente supervisamos los procesos con nuestro propio personal y en ocasiones contratamos empresas supervisoras.

No sé si el Estado pueda tener esa flexibilidad a través de la Contraloría General de la República. Y es que el tema de la corrupción tiene que ver con muchas aristas, desde los postores hasta quienes controlan y supervisan.

¿Cómo hacemos para que el Estado actúe más como el sector privado que como un paquidermo al que hay que supervisar al detalle? Esto por supuesto tiene un impacto sobre los costos, que los pagamos todos los peruanos. Un primer gran paso sería la profesionalización de los cargos públicos. Son pocas las entidades estatales que cuentan con una línea de carrera, como la Cancillería o el BCRP. Esto se debe extender hacia todo el sector público.

Todo se complica con el proceso de regionalización, que en el fondo no ha sido tan eficiente como hubiésemos querido. Porque pasar de 25 departamentos a 25 regiones es una tomadura de pelo. Si cada una de esas regiones no tiene la capacidad para supervisar las obras, lamentablemente no saldremos adelante. Y todo ello genera corrupción.

Desde el sector privado también podemos aportar. Los gremios empresariales deben generar conciencia entre sus asociados para que sus ejecutivos no paguen coimas a los funcionarios públicos.

En ese sentido hubo iniciativas con el impulso de códigos de valores. En mi experiencia fueron aprobados en la Confiep y en la SNMPE. En caso se presenten escándalos de corrupción, los expresidentes de los gremios evalúan la situación y se procede a separar a las empresas involucradas. Y se han tomado esas medidas con varias empresas asociadas que ahora están fuera de los gremios por haber incurrido en casos de corrupción. 

¿Cómo hacemos para que el Estado actúe más como el sector privado que como un paquidermo al que hay que supervisar al detalle? Esto por supuesto tiene un impacto sobre los costos, que los pagamos todos los peruanos.

El costo reputacional

La corrupción impacta negativamente la reputación del país. Si las más altas autoridades están involucradas, esto genera problemas para todo el país en su conjunto. Hay un costo reputacional, más allá del costo económico, que es bastante oneroso.

Un problema reputacional puede significar la salida del mercado en el caso de una empresa. Del mismo modo, un país percibido como corrupto, donde se sabe que el sector privado tiene sobrecostos en el pago de coimas a funcionarios públicos, no es un lugar muy atractivo para los inversionistas.

Las empresas más transparentes y que están registradas en el mercado de valores no solamente son supervisadas por las autoridades sino también por los inversionistas. Y esto es algo que no es muy entendido.

En Minas Buenaventura, por ejemplo, tenemos accionistas de todo el mundo. A ellos, ya sean inversionistas individuales o institucionales, les exigen que inviertan en empresas transparentes. Y ello hace que a su vez exijan a las empresas en las que invierten que actúen con transparencia, aplicando los principios del buen gobierno corporativo. Esto se extiende a varios campos: en temas anticorrupción, medioambientales, de trabajo infantil, es decir, todos aquellos temas que preocupan en el mundo, a través del mercado, llegan a nosotros.

En el caso de los gobiernos, estos no están inscritos en una bolsa. Ellos mismos se controlan. Aquí debemos considerar que los accionistas del Perú, que somos todos los peruanos, debemos fiscalizar y controlar a las autoridades. Y lamentablemente no hay mecanismos eficaces para hacerlo. Hay que trabajar en ello.

¿Qué mecanismos de fiscalización y control al gobierno nacional y a los gobiernos regionales y municipales propondría usted para combatir la corrupción?