La comisión sobre el saldo está prohibida en Chile desde 1997, pues se comprobó que perjudicaba a los pensionistas. En Latinoamérica, solo se usa en México y Bolivia, y en ambas experiencias no ha generado una mayor rentabilidad de los fondos de pensiones y las comisiones no se reducen periódicamente. Sin duda, es negativa por las siguientes razones:

1. No genera competencia ya que el fin es tener el fondo más grande posible (no el más rentable) para maximizar ingresos y por ende, incentiva fusiones entre las AFPs existentes para reducir costos (administrativos, operativos y de ventas).

El sistema es una barrera de ingreso a nuevos competidores pues los ingresos dependen del fondo acumulado y un nuevo competidor no tiene fondos de años pasados y por ende no puede cubrir sus costos. Eso lo reconoce claramente el MEF e indican que para evitar la barrera se usaría el sistema de fondos mixtos por 10 años. Es decir, dentro de 10 años sí estará consolidada la barrera de acceso para nuevos participantes.

2. Lo anterior es preocupante ya que al reducir los participantes no se genera competencia ni eficiencia. Las AFPs no tienen incentivo alguno para reducir las comisiones. El MEF no ha dicho cuánto espera que sea la nueva comisión, lo cual es urgente de aclarar. Según un estudio colombiano debiera ser de 0.44% anual, y he oído con preocupación afirmaciones de que en el Perú sería el triple. 

Además, en el sistema previsional hay economías de escala, de modo que al crecer los fondos y el número de aportantes, cada cinco años debiera reducirse automáticamente una fracción de la comisión, de la misma forma como se hace en las tarifas de telefonía, aeropuertos, puertos, en otros sectores.

3. El sistema de saldos es inconstitucional pues los fondos de jubilación son intangibles. Ni el dueño del dinero puede usarlo aunque lo necesite con urgencia. La propuesta del MEF indica que se cobrará comisión sobre el aporte mensual y el ahorro forzoso impuesto por el gobierno para la jubilación.

Si hoy permitimos que de dicho fondo se cobre una comisión por administrarlo, mañana la ONP también podrá cobrar una comisión y pasado mañana la Sunat o el Poder judicial podrán cobrar deudas, tributos, obligaciones, pensiones alimenticias de dichos fondos. Se desnaturaliza el objeto del fondo y pierde su condición de intangible.

4. La característica de este sistema es de una comisión variable creciente. Conforme transcurren los años, el cobro crece sustancialmente; entonces se genera distorsiones e inequidades en la sociedad, lo cual se reflejará en conflictos sociales. Cobran así el afiliado esté desempleado. Cuando estemos ancianos y dependamos más de ese recurso, nos cobrarán el doble de comisión respecto a lo que recibiremos de pensión mensual.

El sistema de saldos no alinea incentivos pues así las AFPs generen pérdidas o rentabilidades mínimas (menores a bonos del Tesoro) seguirán cobrando. Si el MEF desea alinear incentivos realmente, que se fije la comisión sobre la rentabilidad generada en el periodo. Ese es un real incentivo y elimina la inconstitucionalidad del sistema.

5. La subasta sí es un mecanismo necesario para promover la competencia y respaldamos esta propuesta del MEF. Si nosotros vivimos en Chorrillos nuestro único proveedor de energía es Luz del Sur. Nuestro único aeropuerto internacional es el Jorge Chávez y nuestra carretera al sur es la Panamericana. Por estructura, lo más eficiente para todos es un único operador, y eso debieran entenderlo quienes afirman que el mecanismo de subasta es perjudicial porque restringe el derecho a elegir.

La menor comisión es la mejor decisión racional para un nuevo afiliado. En Chile se subastó por tres años. Aquí se ha reducido a dos, lo cual es muy beneficioso para todo el sistema pues crecerá y será más eficiente. Con comisiones eficientes, el 99% de los trabajadores preferirá una AFP, no como hoy que solo uno de cuatro trabajadores paga comisión a las AFPs; y millones de trabajadores independientes ingresarían voluntariamente dadas las bondades del nuevo sistema.

¿Cree usted que el Ejecutivo debe hacer cambios al proyecto de reforma del sistema privado de pensiones? ¿Qué debe cambiar?