Las inversiones y adjudicaciones de inversiones públicas y privadas en infraestructura pública se encuentran en caída libre desde hace cinco años, por la insistencia en un modelo de contratación que no funciona, la rigidez en la política fiscal y la parálisis en la toma de decisiones por parte de los funcionarios, por miedo a sanciones. ¿Cuál es el costo por esta ralentización de la inversión en infraestructura? 

Un problema muy grave

Desde el 2016, se consideraba necesario invertir alrededor de 14 000 millones de dólares por año para cubrir la brecha de infraestructura estimada en 68 000 millones de dólares hasta el 2020. Sin embargo, hoy solo se invierte unos  9 000 millones de dólares anuales,  es decir un desfase anual de 5 000 millones de dólares, cifra que representa aproximadamente el 2 % del producto bruto interno (PBI) y que   coincide con las proyecciones de crecimiento no logrado.

Los cambios normativos e institucionales no solo no han aportado ninguna solución, sino más bien lo han ralentizado.

La situación se agrava aún más cuando vemos que  para cerrar la brecha de infraestructura a la velocidad necesaria,  el próximo quinquenio habría  sumar  lo que estamos dejando de invertir anualmente, a los 14 000 millones de dólares  que se necesitaban, obteniendo una necesidad de inversión anual de 19 000 millones de dólares, cifra que jamás hemos alcanzado en el país. 

Coincidencia con los expertos

Considerando los valores mencionados, se puede asumir que el costo de no invertir en infraestructura hoy es de unos 5 000 millones de dólares anuales o 2 % de menor crecimiento en el PBI.   

Según el economista Roberto Abusada, la brecha de crecimiento, implica dejar de generar 100 000 puestos de trabajo formales al año. Por otro lado, el Gobernador Regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo, añade que si unos 300 000 jóvenes ingresan al mercado laboral cada año,  100 000  son empujados hacia los empleos informales, el desempleo y otras actividades fuera de la ley. 

Por su lado, el director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, César Peñaranda asegura que, si retomamos el crecimiento anual de 6 %, la pobreza disminuiría casi un 3 % y se generaría  1.1 millones de nuevas oportunidades de empleo anualmente; pero si por el contrario, si mantenemos el crecimiento anual de 3.2 %, en cinco años tendríamos 1.5 millones más de desempleados, entre formales e informales, y crecería el número de pobres (el mismo Peñaranda estima para que la pobreza no se incremente, sería necesario crecer un mínimo de 3.5 % anual). 

Un punto que  no podemos dejar de notar, es que hoy ocupamos el puesto 111 de 140 países, en cuanto a calidad de infraestructura, ubicándonos en el quinto inferior del mundo, lo que se refleja en los altos costos logísticos, considerados de los más caros de la región y nuestras dificultades para ser competitivos. 

Finalmente, debo agregar que los cambios normativos e institucionales no solo no han aportado ninguna solución a este problema, sino  más bien lo han ralentizado, como se comentó en las dos anteriores publicaciones. 

¿Qué medidas podrían impulsar más la inversión en infraestructura? Déjanos tu opinión.