Todos conocemos la reducida capacidad de los Gobiernos subnacionales para ejecutar inversiones. Por ello, es importante plantear una propuesta que permita masificar buenas inversiones, articularlas al desarrollo, generar capacidades descentralizadas, maximizar la transparencia y minimizar la corrupción, gracias al fideicomiso.

Desarrollo regional

El fideicomiso es un mandato en virtud del cual una persona, llamada fideicomitente, transfiere bienes y/o derechos a otra, llamada fiduciario, para que los administre, conforme a un fin específico en favor del fideicomitente o de un tercero, llamado fideicomisario.

La idea es sencilla: crear o aprovechar fideicomisos que reciben aportes económicos periódicos, encargando al fiduciario que contrate un PMO que a su vez articule un plan de desarrollo regional y gestione los sistemas y actividades y sistemas que lleven a la ejecución de infraestructura pública y productiva regional, utilizando las mejores prácticas colaborativas internacionales públicas y privadas, constituyéndose en una alternativa local a los acuerdos de gobierno a gobierno. Así, se generaría infraestructura de mayor calidad, que inicie operaciones en menor plazo, se atenúe sustancialmente la corrupción, se evite sobrecostos inesperados y se genere conocimiento local, dejando un legado positivo.

Los fondos destinados a estos fideicomisos, pueden provenir de parte de las transferencias anuales de canon minero que actualmente hace el Gobierno Central, o de compensaciones por exoneración de impuestos (como ya sucede en los Gobiernos amazónicos).

Incluso estos flujos pueden servir de garantía de pago para incrementar sustancialmente el patrimonio y financiar más proyectos. Por ejemplo, un fideicomiso que recibe USD 15 millones anuales podría tener una capacidad reducida para enfrentar un desarrollo territorial, pero con este mecanismo, podría apalancar por ejemplo USD 100 millones colocando bonos o financiándose con el banco de desarrollo, una multilateral o un banco comercial. Ello permitirá financiar todo un plan regional que genere trabajo, desarrollo, competitividad, mejoras en servicios de salud, vivienda y educación, mejorando la calidad de vida en plazos más cortos.

Con estos mismos recursos, el fideicomiso debería pagar los servicios del PMO, que representarían una inversión de entre 4 % y 6 % del presupuesto ejecutado; que, si se compara con el costo de no ejecutar, de ejecutar con mala calidad o de pagar sobrecostos innecesariamente, termina por autofinanciarse.

Cartera de proyectos

El PMO podría elaborar el plan de desarrollo conjuntamente con las autoridades, revisar y mejorar los estudios de preinversión, planificar y gestionar los cronogramas, empaquetar proyectos por tipo, función o ubicación geográfica, gestionar los diseños, licitar la construcción y la supervisión, gestionar los cambios y presupuestos, licitar la operación y mantenimiento, entre otras actividades.

La cartera de proyectos debería apuntar al cierre de brechas de infraestructura y el impulso de la competitividad, además de buscar la incorporación de componentes amigables con el medioambiente. Pueden ser obras de infraestructura pública de alta complejidad y gran inversión, o paquetes de obras con menor monto de inversión y similares características; el PMO también podrá validar proyectos de menor envergadura para gestión directa de los Gobiernos subnacionales de manera de reducir los costos de gestión y transmitir conocimiento con la práctica directa.

Ventajas del PMO

• Acelera las inversiones con impacto en la mejora de calidad de vida y generación de puestos de trabajo.

• Mitiga riesgos de corrupción.

• Mejora la eficiencia y eficacia del gasto con un enfoque en calidad, plazo, costo e integridad.

• Permite la transferencia de capacidades técnicas y legado en los gobiernos subnacionales.

• Los proyectos suelen entregarse en menor tiempo.

• Mayor control sobre las variaciones en los presupuestos.

• Permite aplicar contratos colaborativos y alineados a las mejores prácticas de contratación internacionales, lo que redunda en mayor eficiencia de gasto, calidad y tiempo de ejecución.

• Garantiza la continuidad de ejecución de proyecto ante rotación de funcionarios por cambios en las autoridades.

• Reduce de manera sustancial los riesgos de paralización de obras de infraestructura por fallas en la elaboración de expedientes técnicos o quiebre de financiamiento de los proyectos.

• Permite incorporar una junta de resolución de disputas que genere soluciones más rápidas y eficientes.

Para concluir, podemos mencionar que es necesario difundir más la utilidad del PMO y realizar ajustes menores para regular su buen funcionamiento.

Aprende sobre este tema y más al participar en los programas de Gestión de Proyectos de ESAN.