Muchos expertos señalan cuánto debe crecer la economía, pero no cuantifican la inversión necesaria en infraestructura para ello. Asimismo, pocos explican por qué cae la inversión y tampoco hay propuestas concretas para recuperar el ritmo perdido.

En este escenario, planteo una serie de ajustes al marco legal e institucional, sin descartar la importancia de un buen liderazgo y los actores adecuados para lograr avances significativos.

Inversión en infraestructura y desarrollo

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), las actividades de inversión y operación en infraestructura de empresas, vinculadas a la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), que agrupa a las  principales empresas concesionarias de infraestructura de servicios públicos,  aportaron el 9.8 % del PBI generado entre 2007 y 2012, así como el 6.2 % de empleo y el 20.8 % de impuestos recaudados. Aun así, pocos se percatan de la inversión privada y que ésta debería crecer a un ritmo comparable al del PBI para soportar el crecimiento de manera sostenible.

Requerimientos de inversión e inversión realizada

Un estudio del Banco Mundial revela que, por cada 1 % de crecimiento del PBI, los países latinoamericanos requieren invertir un promedio de 1 % en infraestructura pública. En ese sentido, para crecer un 6 %, porcentaje estimado para salir del estancamiento de la renta media , habría que adjudicar e invertir cerca de 6 % del PBI por año, es decir, USD 14 000 millones, cifra que casi duplica lo registrado últimamente en el Perú, según se muestra en el siguiente cuadro:

Desde el 2015, la inversión disminuyó hasta llegar a valores menores al 4 %. Ello no solo tiene impacto económico a corto plazo, sino que vuelve insostenible el crecimiento a mediano y largo plazo.

Como podemos observar, a partir de 2015, la inversión ha decaído hasta llegar a valores menores al 4 %, lo que no solo tiene impacto económico a corto plazo, sino que vuelve insostenible el crecimiento a mediano y largo plazo. El quinquenio anterior llegamos a valores cercanos al mínimo ideal. Sin embargo, en los últimos años, el ratio de inversiones/PBI cayó un 35 %.

Respecto a la inversión con recursos públicos en infraestructura, los siguientes cuadros muestran también una caída entre el 2014 y 2018, del 11 %.

Ante ello, hubiera sido lógico que el Estado impulse el destrabe de inversiones y agilice la ejecución de los proyectos de inversión privada, pero, por el contrario, el ritmo de ésta decayó con mucha mayor fuerza, disminuyendo un 63 % entre 2015 y 2018.

En un entorno con restricciones fiscales, hubiera sido lógico aumentar el número de adjudicaciones. Sin embargo, el siguiente cuadro revela que, tras un crecimiento previo sostenido gracias a un modelo de APP referente en Latinoamérica, se inició un declive luego de 2015, que coincidió con la modificación del marco normativo e institucional iniciado en el Gobierno de Ollanta Humala y profundizado por el actual.

Con un presupuesto de ProInversión , estimado en S/303  millones, en los últimos años se han adjudicado, en promedio, 2.8 proyectos con inversiones promedio de USD 682 millones, con lo que el costo promedio por adjudicar un proyecto es de USD 32.9 millones y el ratio presupuesto/inversión es de 13 %. Ambos valores son excesivamente altos y revelan la baja productividad institucional generada con el actual  marco legal e institucional.

Si tomamos en cuenta cuándo empezó a disminuir la inversión, veremos que fue antes de los escándalos del caso Lavajato, así que no es la única fuente y probablemente no es la de mayor peso. Ante ello, cabe preguntarse cuáles son las razones que generaron esta crisis, cuál es el costo de no invertir en infraestructura y qué deberíamos hacer para incrementar las inversiones.

¿Cómo revertir la situación actual? Déjanos tu opinión.