La finalidad de la mencionada norma es que, dado que no hay una cultura previsional o de ahorro, es el Estado el que cumple el papel de obligar a las personas a "guardar pan para mayo". En este caso, contar con un seguro.

Lo correcto es que, antes que pensar en beneficios laborales ("grati" o CTS) debe priorizarse el aseguramiento previsional. Inclusive, más importante que tener un DNI, debería ser contar con un carné del seguro.

En los países desarrollados, donde las estadísticas de aseguramiento superan el 90%,  para ser identificado, realizar un trámite o incluso conseguir trabajo, el carné del seguro es requisito indispensable. Es a ese modelo al que debemos apuntar.

Un argumento comúnmente esbozado por los contrarios a esta norma, es que "se está yendo contra la libertad de los trabajadores independientes". En ese punto, debemos tener en cuenta que el nuestro no es un Estado Liberal, sino un Estado Social de Derecho, concepto que engloba una política del aparato estatal a favor de quienes no cuenten con seguros.

¿Y quiénes son esos posibles necesitados? El jubilado y los familiares del trabajador independiente. Pongámonos en una situación fatalista por un momento e imaginemos que un trabajador independiente, desafortunadamente y debido a un accidente, queda inválido y no puede trabajar más. Si no tiene seguro, ¿qué pasa con él? Es más, ¿qué pasa con su familia que depende enteramente de él? Deberíamos intentar responder a estas preguntas.

Es realmente paradójico que sea requisito obligatorio que todo vehículo tenga un SOAT, pero que se diga que el Estado no puede obligar a las personas a contar con un seguro.  En ese mismo sentido va la política de las entidades financieras, las cuales no solo exigen que el carro tenga SOAT sino que esté asegurado, pero no establecen ningún requisito referido a que el cliente cuente con seguro propio.

Suelo citar el ejemplo de un amigo que se compra un carro nuevo. Inmediatamente asegura el vehículo; es decir, si le roban el auto, no importa; pero si le pasa algo a él, resulta que no está asegurado.¿Es eso posible?

Es por ello que se tiene que seguir trabajando en incorporar a los trabajadores independientes (los trabajadores que emiten recibos de honorarios, perciben rentas de cuarta categoría), tanto formales como informales, a esta cultura de aseguramiento. Si paulatinamente la norma introduce cambios relacionados a que ningún trámite, cuenta de ahorros u operación comercial se pueda sostener si no se cuenta con seguro, iremos de a pocos acercándonos a ese sueño que es el aseguramiento universal.

Sin duda, este es un primer shock y como tal genera cuestionamientos, pero el Estado no debe dar marcha atrás. No puede ser que aquellos que están en planilla (la gran minoría) sean los únicos asegurados obligatorios en el Perú. No olvidemos que todavía falta asegurar en salud a los independientes y generar sistemas de aseguramiento de salud y pensiones para los trabajadores autónomos (que son la mayoría del país).

¿Cree usted que el Estado dará marcha atrás en sus intentos por crear una cultura previsional?

Esta entrada contiene un artículo de:

Jorge Toyama Miyagusuku

Socio del Estudio Miranda & Amado Abogados. Miembro de la Junta Directiva del Comité de RR.HH. de AMCHAM. Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN