Los trámites para abrir un negocio dificultan la formalización de las empresas en el Perú. Según el ranking Doing Business 2020 del Banco Mundial (BM), Perú es el país latinoamericano en el que demora más abrir un negocio, sobre todo, por las exigencias y formalidades que piden las diversas entidades estatales, así como por la burocracia de estos mismos procesos. 

Falta de atractivo

En materia de registros públicos, la tecnología ha permitido agilizar, ligeramente, los trámites para la apertura de negocios y las webs, con información sobre el proceso, ahora son más amigables. Para las sociedades simples, el plazo es bastante corto y las tasas no son necesariamente caras o restrictivas. 

En el ámbito societario, hace poco se creó la sociedad anónima cerrada simplificada. Un nuevo vehículo para potenciar la formalización de las micro y pequeñas empresas (mypes). Sin embargo, su estructura societaria no tiene diferencias relevantes de los otros vehículos ya existentes y sus especificaciones en responsabilidad de los accionistas podrían llevar a los empresarios a elegir otras opciones más atractivas.

El Perú registra un alto porcentaje de habitantes que no paga impuestos, principal indicador de la informalidad en que laboran. En ese contexto, cualquier persona que se acerque a la Sunat a consultar el proceso para formalizarse debería ser bien atendida y recibir toda la flexibilidad posible en la presentación de los documentos necesarios para que ingrese al radar. Las inconsistencias pueden subsanarse de manera progresiva. 

Gestión gubernamental

Cuando los empresarios presentan todos los documentos exigidos por la Sunat, la generación del RUC es muy rápida, a pesar de la burocracia persistente. Sin embargo, lo que demandará mucho más tiempo serán los trámites para obtener las licencias de funcionamiento, a cargo de las municipalidades y los gobiernos locales.  

El Perú registra un alto porcentaje de habitantes que no paga impuestos, principal indicador de la informalidad en que laboran.

Hace unos meses, el Gobierno emitió un TUPA único que uniformizaría los procesos y los costos del licenciamiento en el país. Sin embargo, hasta la fecha, menos del 2 % de las municipalidades lo han adoptado. En esta situación, si el empresario desea abrir una sucursal de su negocio en otro distrito, ciudad o región, deberá iniciar un proceso de licenciamiento distinto al de su lugar de origen. 

En ese contexto, la fiscalización se vuelve la pesadilla de muchos empresarios ya que si se descubre algún incumplimiento, el fiscalizador tiene la potestad de cerrar sus negocios. Para un empresario, esta acción es terrible, sobre todo, en fechas de fiesta. Ante la desesperación, puede optar por volver a la informalidad. 

Otro problema es la falta de rigidez con los competidores informales. En los centros empresariales observamos a personas que venden menús en táperes a las afueras de los restaurantes. Sin embargo, solo este negocio es fiscalizado. Al final, puede que el restaurante decida vender comida a los vendedores de a pie para obtener ingresos e iniciar un mercado negro, de manera indirecta.  

El reto principal para el Gobierno es reducir la burocracia en los trámites y flexibilizar los requerimientos, para simplificar los procesos y documentos a presentar. A su vez, las municipalidades deberían emplear el TUPA único para facilitar el licenciamiento de los negocios y contribuir con el desarrollo de distritos, regiones del país en general. ¿Qué otras acciones hacen falta? Déjanos tu opinión.