Como país bien visto por su continuo crecimiento económico, que le permite ir logrando objetivos postergados por décadas y quizá siglos, no podemos ser indiferentes y tolerar que se elijan autoridades municipales y regionales bajo el criterio "del buen vecino" o el "más carismático".
El "buen vecino" o el "más carismático" son los argumentos que se difunden en los medios para que los políticos salgan de apuros y completen sus listas ante las elecciones que se avecinan. Sin embargo, ello no basta, pues tenemos como resultado lamentable en la gran mayoría de los casos a personas bien o mal intencionadas que no tienen ninguna visión de largo plazo de sus ciudades y regiones, ni la preparación profesional para desempeñar los cargos que se les encomiendan.
Debemos ser conscientes y exigir como ciudadanos el fomento de criterios de evaluación para elegir convenientemente a nuestras autoridades. De lo contrario, nos condenaremos a vivir en aglutinamientos humanos más que en ciudades y a soportar las inequidades en nuestras regiones, lo que no trae progreso.
El ordenamiento territorial no es lo único que debemos hacer como país para ser más competitivos, pero ciertamente está en la lista de las prioridades.
Por tanto, debe ser imperativo para el Congreso de la República el debatir y aprobar con las mejoras que seguramente se propondrán y ojalá en el más breve plazo, la Ley de Ordenamiento Territorial y su Reglamento, que serán herramientas beneficiosas de enorme repercusión social y económica.
Un ordenamiento territorial nos traerá muchos beneficios en la medida que esté bien hecho. La mejor utilización de nuestros recursos en armonía con el medio ambiente, el planeamiento ordenado de las ciudades y regiones existentes, la integración de las vías de comunicación, la constitución de nuevas ciudades como producto de estudios que elijan su mejor ubicación y no a través de invasiones que nos resultan carísimas (ocupación precaria en Pampa Melchorita por ejemplo), son algunas de ellas.
Asimismo, las zonas rurales tampoco pueden ser descuidadas a pesar de la progresiva migración de sus pobladores hacia las zonas urbanas. El balance de lo urbano y rural actualmente está descuidado.
La reglamentación o normatividad sectorial que precariamente existe en estos momentos, no puede compensar la ausencia de una ley que fundamente la legalidad de un ordenamiento territorial.
No se puede desligar la gestión del país, de la actividad económica vinculada a un ordenamiento del territorio y a una mejor distribución de la población en función de la evaluación de recursos y necesidades; lo contrario, implicaría incrementar aún más los sobrecostos actuales de la ineficiencia y la desigualdad de oportunidades.
Bajo este concepto, y desde un escenario más grande, las regiones se encuentran ante una ausencia de una directriz que los oriente hacia donde deben dirigir sus esfuerzos para lograr establecer una visión correcta de desarrollo.
Mientras tanto las inversiones no son priorizadas para articular las necesidades sociales con la realidad física del territorio y sus posibilidades, desperdiciándose recursos sin ningún control.
Los sucesivos gobiernos pugnan por mostrar el récord de que en sus periodos se construyeron más viviendas, lo que no está mal. Pero sería mucho mejor exhibir el logro de: "construimos mejores ciudades, construimos mejores regiones", que brinden realmente calidad de vida a la población.
Si Lima no tiene aún un Plan de Desarrollo urbano, ¿qué podemos esperar del resto del país? ¿Existe un Plan de Desarrollo Regional de Lima?¿Y en el resto del país?
El problema a resolver no está en generar un buen Plan de Desarrollo urbano o regional, el problema es bajo qué visión de país se genera, de lo contrario, tendremos planes atomizados y desarticulados entre sí, donde el deterioro de las condiciones rurales y urbanas empujen a todos los peruanos a Lima o a otras pocas ciudades grandes, que a su vez no están preparadas para ese tipo de migración.
Ante esta realidad, ¿cuál es la actitud de los colegios profesionales que son los más representativos, aunque no los únicos, para tomar la palabra en esta materia en nombre de la sociedad?
Cuando se cede la iniciativa de algo que nos corresponde hacer, puede resultar después demasiado tarde si se quiere recuperar el liderazgo.
Si la Ley de Ordenamiento Territorial y su reglamento continúan sin ser promulgadas, es la hora de trabajar inmediatamente y de adelantar lo que esperamos que ella consolide; no nos podemos detener.
La participación activa de profesionales entendidos en la materia (a través de los colegios profesionales o de los expertos bien intencionados y amantes de nuestro país), en un trabajo conjunto bajo un liderazgo de altísimo nivel del ejecutivo, que genere las líneas maestras de los planes de desarrollo regional y urbanos en las distintas regiones y principales ciudades del país, es urgente.
Estos supuestos generales, requieren también de un trabajo integrador de los gobiernos regionales para identificar sus sinergias y plantear zonas de desarrollo común o no duplicar esfuerzos en la explotación de algún recurso natural. Significa que las nuevas autoridades, tengan al menos una guía básica elaborada por profesionales conocedores, a la que luego puedan enriquecerla de acuerdo a su realidad.
Tenemos ejemplos muy penosos como el de Chiclayo, ciudad prácticamente destruida por sucesivos gobiernos municipales, pero a su vez considerada como una de las más importantes y emblemáticas del país; lo que nos muestran con crudeza las consecuencias de la inacción y es lo que pretendemos alertar en este artículo; o el caso de la región Cajamarca, conocido por todo el país.
Estarán dadas con mayor claridad a partir de una previsión de necesidades en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, en el caso del desarrollo inmobiliario, mientras en Lima se pagan precios altísimos por el suelo, lo que se refleja en el precio del inmueble y en las cuotas hipotecarias a las que se comprometen las familias por quince o veinte años, una política de creación de nuevas ciudades o fortalecimiento de ciudades intermedias a partir de un ordenamiento territorial con traslado de ejes económicos o la generación de nuevas actividades como por ejemplo, de innovación tecnológica con aportes de empresas tipo Intel u otras similares, permitirán también el incentivo de migraciones internas ordenadas en nuestro país mirando el mediano y largo plazo, especialmente de familias jóvenes, quienes podrán acceder a viviendas con posiblemente la tercera parte de su costo en Lima, aumentando su capacidad de ahorro y beneficiando también la fortaleza económica del país.
Estas migraciones internas planificadas, con zonas de crecimiento previstas, tendrán una importantísima oferta de nuevo suelo urbano para satisfacer la demanda de todos los servicios que se necesitan en una ciudad.
Según el Foro Económico Mundial, la competitividad de un país se fundamenta en doce pilares, sin que ellos sean mutuamente excluyentes, es más, pueden actuar simultáneamente. Algunos de esos pilares son la Institucionalidad (en nuestro caso Municipalidades y Regiones sólidas, respaldadas por un buen marco legal, con autoridades respetables), la Salud y Educación y la Infraestructura. Estos pilares se desarrollan teniendo como centro de gravedad las ciudades
¿Esperaremos sentados a que pase nuestra oportunidad como país, o nos animamos a ser activos participantes para tener mejores ciudades, regiones y calidad de vida?
Estamos entrando a una economía diferente, donde el centro de gravedad será el conocimiento y en los que se valorará muy especialmente la ética y por tanto la confiabilidad de los profesionales y las empresas.
Tras las recientes elecciones municipales y regionales son muchas las expectativas que se depositaron en los flamantes alcaldes y gobernadores regionales, todos añoran un cambio, pero ¿solamente el trabajo de ellos será suficiente?
Uno de los problemas al final de todo proyecto de construcción es la insatisfacción de quien encargó su desarrollo. Para evitar estas molestias, la gestión colaborativa se constituye como una metodología que permite principalmente, la eficiencia de los procesos, reducción en los riesgos de controversias, reducción en los plazos y costos de la construcción y completa satisfacción de todos los participantes y usuarios finales.