La industria de la construcción históricamente permanece con una baja productividad a nivel mundial debido a su casi nula innovación a pesar de tener las herramientas para hacerlo. Mantiene regulaciones que no favorecen al éxito de los proyectos; cuenta con esquemas contractuales obsoletos;  tiene un pobre o nulo entendimiento de quien encarga el proyecto de construcción (Estado o privado); permanece con vicios en los sistemas de contratación vigentes (públicos y privados); tiene falta de audacia para cambiar las cosas en la industria por parte de los mismos actores, entre otros factores.

Esta situación provoca diversas pérdidas para todos: empresas, contratantes y sociedad en general.

Obras con el Estado

Suavizada la etapa de la pandemia, entraremos en un ciclo de gradualidad hacia la normalización de las actividades. El reto será mayor al encontrarse la economía global y local ante un escenario desconocido. Sin embargo, en nuestro país tenemos dos elementos claves para estimular el sector a través de la inversión pública: el Plan Nacional de Infraestructura y el Marco Legal Especial creado por el gobierno para viabilizar una gestión colaborativa entre las partes, los cuales seguramente serán adaptados a las nuevas circunstancias.

Adicionalmente, puede recurrirse también a una renovada forma de generar asociaciones público privadas (incorporando todas las lecciones aprendidas) para atraer inversiones, desarrollar grandes proyectos e inclusive involucrar sus operaciones.Todo lo anterior con la participación concurrente de la Contraloría desde el primer día.

Con un horizonte de cinco años previsto como primera etapa en el mencionado plan, el Estado puede viabilizar el repunte del sector a través de una nueva estructura para el desarrollo de proyectos, que a su vez sea el primer paso para el cambio definitivo del sistema de contrataciones vigente y lograr sistemas de gestión colaborativos similares al desarrollado para los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Necesidad de cambios

Al reanudarse las operaciones en el sector construcción, no tiene sentido que el Estado abra la cartera de inversiones bajo el marco del actual modelo de contrataciones de obras públicas que nos rige y que ha demostrado su fracaso. Es la oportunidad para innovar.La transparencia de los procesos es un imperativo.

Uno de los tantos vicios del sistema vigente es la competencia desleal con proveedores extranjeros, perjudicando especialmente a las pequeñas y medianas empresas constructoras y de servicios, que luego de quedar fuera de las licitaciones y concursos estatales, son subcontratadas por estas empresas foráneas a las que el Estado les valida sus experiencias y montos de contratación (un mismo proyecto o servicio tiene montos muy diferentes en otros países y ahí empiezan las ventajas). Estas empresas, solo por administrar los contratos ganados en mala lid (pues las bases están orientadas a favorecerlas), obtienen importantes ganancias perjudicando el crecimiento de nuestras empresas y profesionales, quienes finalmente les hacen el trabajo. Es muy claro además, el inmenso sobrecosto que esto nos representa como nación. Ante lo expuesto, es necesario precisar que las empresas y profesionales extranjeros son bienvenidos pero no en esas condiciones.

Los retos del sector privado

En el caso de las empresas constructoras, la renovación de sus procesos, a partir de un cambio de valores, debe ser cada vez más imperativo. La necesidad de colaborar, de compartir información, de presentar alternativas, de ser más competitivos en suma, no será un proceso fácil si están acostumbrados a resultados solo en el corto plazo. La incorporación de la tecnología de por sí, sin un claro objetivo a alcanzar, tampoco es la solución sino es vista como una herramienta para impulsar el rendimiento de todo el sistema.

En este escenario, la metodología Virtual Design and Construction (VDC) se presenta como la idónea para gestionar un proyecto colaborativamente. Por tanto, es recomendable que las empresas de construcción, las industrias conexas, el Estado y los inversionistas privados empiecen a conocerla y utilizarla como parte de su proceso de cambio.

Esto es muy distinto a pretender creer que un formato de contrato colaborativo es suficiente para el éxito de un proyecto. Es un cambio cultural y de estilo de trabajo que constiuye un proceso, en unos casos más largo que en otros y que deberá ser liderado y monitoreado. No es la aplicación de formatos de contratos colaborativos a raja tabla lo que determinará el éxito de un proyecto. Todo lo contrario, serán los mismos actores del proyecto quienes establecerán sus propios acuerdos, entendiendo primero esta nueva forma de gestión, que después los llevará a condiciones contractuales. Un formato de contrato colaborativo puede tomarse como referencia, pero no significa que se deba partir de ahí sin que el equipo de proyecto no lo sienta como suyo.

En el sector privado se viven vicios similares al sector público, por tanto, las acciones ya sugeridas para el caso del Estado cobran validez en lo que les pueda corresponder. Los diferentes gremios empresariales, los colegios profesionales y la academia no deberán trabajar más de manera separada como hasta ahora. Está comprobado, que cada vez más, el trabajo de integración y colaboración,es el que da los mejores frutos.

Conclusiones

Estamos entrando a una economía diferente, donde el centro de gravedad será el conocimiento y en los que se valorará muy especialmente la ética y por tanto la confiabilidad de los profesionales y las empresas. La reactivación del sector construcción deberá partir de la integración de todos sus actores para lograr un mismo objetivo: el desarrollo de nuestra industria y del país, dejando atrás modelos fracasados y permitiendo al Estado cumplir su rol de gran facilitador de las inversiones. No hay lugar para el pasado.