Si el Banco Mundial evaluara el nivel de inversión en Perú comparado con el mínimo para lograr cambios sustanciales - estimado en 6 %- del PBI- el Perú saldría jalado. Solo basta con mencionar que el último año en el que se logró esa ratio "ideal" fue en el 2014, con una inversión aproximada de 14 000 millones de dólares anuales, es decir unos 5 000 millones de dólares más de los que se viene invirtiendo actualmente.
Dejar de invertir 5 000 millones de dólares al año en infraestructura representa una merma de más del 2 % del PBI y dejar de generar unos 100 000 puestos de trabajo formales al año.
La clara tendencia en picada de la inversión privada se visualiza en el 2019, donde solo se invirtió el 3.3 % del PBI, la peor cifra en 10 años.
El retroceso en las inversiones significa un déficit de infraestructura pública de 145 mil millones de dólares2, ubicándonos en el puesto 88 en infraestructura a nivel mundial y en el tercio inferior en materia de conectividad, calidad de infraestructura vial y de acceso a electrificación.
Se ha mencionado como justificación de la caída de inversiones a varios factores, entre los que destaca el caso Lava Jato. Sin embargo, este episodio ocurrió casi dos años después de la caída de inversiones, la contracción económica de nuestros principales socios comerciales y el repliegue de la inversión extranjera directa. En el estudio Asociaciones Público-Privadas y el marco normativo: Destrucción de valor en el modelo peruano3 no encontré una correlación entre estas variables y el repliegue de inversiones, sino más bien una causalidad directa entre el cambio normativo del 2015 que le quitó a ProInversión el liderazgo en el diseño, estructuración y promoción de las inversiones privadas en infraestructura, reguló excesivamente los procesos y otorgó facultades a ministerios que no estaban preparados para esta función y generó una yuxtaposición de opiniones. Esta afirmación se desprende del siguiente cuadro:
También hay que puntualizar un grave problema que tenemos como sociedad: nuestra pasividad, que nos lleva a no internalizar la importancia de la infraestructura en el desarrollo del país y a no percatarnos de esta crisis ni tomar en cuenta su grave impacto en la generación de trabajo y en la competitividad.
Hoy, por ejemplo, sufrimos una gran cantidad de muertes por no contar con una adecuada infraestructura hospitalaria pese a tener proyectos postergados por más de cinco años. No obstante, aún estamos a tiempo para remontar la situación y adjudicar en menos tiempo un importante paquete de APP bajo esquemas de costos por servicio.
Para lograr remontar hay que entender que la reactivación en infraestructura no puede consistir en volver al estado previo a la pandemia. Lo que se requiere en la "nueva normalidad" es un mayor esfuerzo para eliminar la excesiva regulación en APP y volver a ser un país con creatividad e impulsar fideicomisos de infraestructura, obras por Impuestos, APP por servicios, etc., teniendo claro que acudir a acuerdos Gobierno a Gobierno debe ser la excepción y no la regla. Los peruanos merecemos una mejor calidad de vida.
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Referencias:
1. Juan Suito Larrea jsuito@esan.edu.pe
2. Brecha de Infraestructura en el Perú - BID 2020
3. Eduardo Escobal Mc Evoy. "Asociaciones Público-Privadas y el Marco Normativo: Destrucción de Valor en el modelo peruano" publicada en el Book 2-2020 "International Society of Public Private Partnerships Sciences" -ISBN 978-2-957544-0-9-16
Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magister con Mención en Finanzas de la Universidad ESAN. Es consultor internacional en Alianzas Público-Privadas (APPs) y miembro titular designado de la Comisión Arbitral de la concesión Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (Guatemala). Como Gerente de Negocios del Banco de Desarrollo del Perú-COFIDE, lidera los departamentos de Financiamiento de Infraestructura, Intermediación, Negocios Fiduciarios y Estructuración. Es profesor de Gestión y Estructuración de APPs en ESAN Graduate School of Business. Ha sido docente de Gestión de Proyectos Inmobiliarios en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería y de Estructuración de APPsy Obras por Impuestos en la Escuela de la Contraloría General. Es miembro de la International Society of Public Private Partnerships Sciences.
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