Para que nuestro producto bruto interno (PBI) crezca alrededor del 1 %, instituciones como el Banco Mundial (BM) recomiendan que los países latinoamericanos inviertan un promedio de 1 % en infraestructura pública. Si queremos crecer 6 %, deberíamos generar estudios, así como adjudicar e invertir cerca de 6 % del PBI por año, es decir, entre 14 000 dólares  y 15 000 millones de dólares más de lo que invertimos por año.

En el cuadro puede apreciarse que:

• Nos encontramos en el peor nivel de los últimos nueve años en inversión como porcentaje del PBI.
• El ratio de PBI/inversión descendió un 35 % desde el 2014.
• Las inversiones en obras públicas cayeron más del 11 % desde el 2014.
• La inversión privada en infraestructura pública se redujo un 70 % desde el 2015, lo que es grave, si se tiene en cuenta que las adjudicaciones también cayeron hasta un 90 %. Por ello, no se generarían compromisos de inversión para los siguientes años. 

Como primera reacción, podría sostenerse que la caída responde a los escándalos del caso Lava Jato, pero en el caso de las APP, éste se develó recién dos años después del verdadero punto de inflexión hacia la caída libre: el nuevo marco legal que le quitó a PROINVERSIÓN el liderazgo en el diseño, la estructuración y la promoción de esta modalidad, para otorgárselo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que, aunque tiene buenos profesionales en el control,  no tiene expertise para ello. 

Una demostración del fracaso de la sobrerregulación es que, de casi 300 iniciativas privadas presentadas entre 2013 y 2017, el Estado solo firmó dos contratos de concesión.

Al mismo tiempo, ese marco legal asignó excesivos pasos y aprobaciones que no agregan valor y alargan procesos. Un ejemplo claro son las iniciativas privadas que son abandonadas por inversionistas agotados luego de años de gestión sin mayor avance,  o que el Estado rechaza incoherentemente, aduciendo lentitud y excesos de recursos que le demanda los largos procesos de evaluación. 

Principales consecuencias

Una demostración del fracaso de esta sobrerregulación es que, de las casi 300 iniciativas privadas presentadas entre 2013 y 2017, el Estado solo firmó dos contratos de concesión (puerto Salaverry y saneamiento del lago Titicaca), por lo que el nivel de efectividad del nuevo marco legal e institucional fue menor al 0.6 % en seis años. Asimismo, se estima que seguirían en carrera solo 25 iniciativas, es decir, un 10 % del total. 

Por otro lado, como producto de los escándalos de corrupción asociados a unos pocos proyectos de las 135 APPs (la interoceánica, el Gasoducto Sur Peruano y dos concesiones viales municipales y tal vez unos dos proyectos más), se han generado suspicacias sobre todo el modelo, sin contemplar que los casos detectados en obras públicas son más y que no es posible dejar de invertir en infraestructura sin impactar en el desarrollo, como se vio antes. 

Así mismo la ola de regulaciones y acciones de control, a veces exageradas, que se generaron luego de esta crisis de confianza contribuyeron a frenar aún más a los funcionarios en la toma de decisiones. Así se devino en lo que resulta obvio:  que se perdió la capacidad de generar nuevos proyectos, adjudicarlos de manera eficiente y supervisar en un enfoque pro-proyecto su construcción.   

Por último, debemos tomar en cuenta que el impacto de no invertir esos 5 000 millones de dólares al año representa una merma del 2 % del PBI. Para economistas como Roberto Abusada, ello implica dejar de generar 100 000 puestos de trabajo formales al año o, como Luis Hidalgo considera, puede conllevar a que 100 000 jóvenes sean empujados hacia empleos informales, desempleo y otras actividades fuera de la ley. ¿Qué medidas podrían revertir la situación? Déjanos tu opinión.