En un escenario de permanente desarrollo económico e intenso intercambio comercial, las operaciones empresariales son cada vez más transfronterizas. En ellas el flujo de capitales, inversiones, conocimientos y tecnología permite que se compartan prácticas empresariales positivas, pero también negativas. Entre estas últimas destacan las prácticas anticompetitivas (entre ellas, las conductas colusorias), que deben combatirse para mantener los estándares de libre competencia que establece nuestro ordenamiento y que también exigen nuestros principales socios comerciales. 

Investigación discreta

Los casos de colusión o prácticas anticompetitivas al interior de las empresas recién se conocen cuando la autoridad competente inicia los procedimientos sancionadores. Ello supone una etapa de investigación relativamente larga debido al carácter complejo y oculto de estas infracciones. A ello se suma que cualquier noticia de una posible investigación por una infracción de esta naturaleza afecta la reputación comercial de la empresa implicada. En ese sentido, las autoridades suelen ser muy cautelosas en difundir informaciones antes del inicio de los procedimientos.

Por ello, es difícil determinar si estos problemas se han incrementado al interior de Latinoamérica. Lo que sí podemos apreciar es que la preocupación por estos temas es cada vez mayor en los gobiernos latinoamericanos, así como en organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupos de estudio, centros de información intergubernamentales, etc. 

Libre competencia

Las prácticas anticompetitivas se encuentran tipificadas en los tratados de libre comercio (TLC), firmados por todo país latinoamericano con sus socios comerciales. Por eso, tanto los países exportadores como los receptores de capital deben adoptar su legislación en materia de libre competencia a determinados estándares internacionales, a fin de mantener una situación de equilibrio.

La situación actual de Indecopi dificulta combatir delitos cometidos por grandes empresas, con muchos recursos financieros, capacidad logística, asesoría legal y jurídica.

Los principales aliados comerciales de Perú observan a la colusión y las prácticas anticompetitivas como problemas muy relevantes. La defensa de la libre competencia es esencial en todo ordenamiento jurídico contemporáneo. Desde el momento en que el Perú implementó una política agresiva en materia de integración comercial, a un ritmo más o menos sostenible, empezó a incidirse más en este tema, ya que sus efectos se dejan sentir en todo el sistema jurídico. 

Prácticas internacionales

El flujo de información sobre estos casos es muy amplio y de fácil acceso. Las prácticas anticompetitivas son cada vez más sofisticadas y exigen normativas más estrictas desde las entidades encargadas. 

En este contexto, la Unión Europea adoptó en 2014 una directiva sobre indemnizaciones por daños anticompetitivos y en 2019 otra directiva para reforzar las atribuciones de las autoridades de defensa de la competencia. Ambas normas impactarán, tarde o temprano, en nuestro propio ordenamiento, porque debemos adaptarnos a los estándares establecidos por los tratados de libre comercio así como por la influencia que estos países tienen en la configuración de la defensa de la competencia. 

Desafíos en el Perú

A mediados de abril de este año, Indecopi lanzó la campaña "No a la concertación, sí a la libre competencia", a fin de evitar estas prácticas ilícitas y que los ciudadanos puedan denunciar y recibir recompensas de hasta 400 000 soles. Este es un buen ejemplo de la preocupación de las autoridades gubernamentales por combatir las malas prácticas empresariales. 

En un escenario donde la tecnología, los recursos, la capacitación y la investigación son claves para combatir las malas prácticas competitivas, es necesario que el Estado destine más recursos a Indecopi. Esta entidad se creó en 1992, bajo un mecanismo que le permitía ser autosostenible a nivel financiero, gracias a las tasas y multas que cobraba. La gran parte de su presupuesto actual aún proviene de ambas acciones, pero lo recaudado puede resultar insuficiente para potenciar su accionar. 

En la situación actual de Indecopi, resulta muy difícil combatir infracciones cometidas por agentes que poseen muchos recursos financieros, capacidad logística, asesoría legal y jurídica. La asignación de un mayor porcentaje del tesoro público, por parte del Estado, aportaría mucho al sostenimiento de la entidad. ¿Qué otras acciones consideras que hacen falta? Déjanos tu opinión.